Europa pide contratos transparentes para asegurar los derechos laborales mínimos

Fue en 1991 cuando los países adoptaron la Directiva que recoge la necesidad de que los trabajadores reciban por escrito toda la información sobre las condiciones de su empleo. Sin embargo, desde entonces, uno de cada cuatro contratos queda fuera de la misma por estar basados en formas atípicas -contratos que no son a tiempo completo o con una duración determinada-, que se basan en la demanda sin que se garanticen horas concretas de trabajo.

El objetivo es que todos los empleados tengan una mayor claridad de sus condiciones, en el marco de la estrategia europea para la mejora de los derechos sociales. Principalmente busca proteger a los trabajadores que no tengan un contrato convencional y que puedan verse discriminados en este derecho porque no cumplen las características que se contemplan en la Directiva actual.

Con la nueva propuesta se modernizan las reglas que obligan a informar a los trabajadores sobre las cláusulas de sus contratos. Serán más transparentes y más previsibles en toda la Unión Europea, estableciendo un mínimo que garantice que todos los empleados, incluyendo aquellos que no cuentan con un contrato estándar, tengan el mismo derecho a la información. Se extienden así los derechos mínimos laborales a los trabajadores con contratos precarios.

Según la Comisión, con las nuevas medidas, entre dos y tres millones de trabajadores con contratos atípicos estarán cubiertos y protegidos por la propuesta, en comparación con la legislación vigente. De ese número, la mitad trabaja con contratos ocasionales, el 22% tiene contratos de duración menor a un mes, un 15% trabaja menos de ocho horas a la semana, un 5% es empleado del hogar y un 3% son trabajadores de plataformas.

Con estos datos, el vicepresidente responsable del Euro y el Diálogo Social, la Estabilidad Financiera, los Servicios Financieros y la Unión de los Mercados de Capitales, Valdis Dombrovskis, aseguraba en rueda de prensa que es necesario y urgente que toda la UE cuente con condiciones laborales más transparentes.

“Esta propuesta respeta el compromiso de un empleo más seguro en las distintas modalidades de trabajo que permitan flexibilidad y garanticen la igualdad de condiciones. Esta propuesta respeta plenamente las prácticas nacionales de diálogo social al permitir a los interlocutores sociales aplicar los nuevos requisitos mínimos relativos a las condiciones de trabajo a través de convenios colectivos”, explicaba.

En este sentido, la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, también indicaba que a pesar de que la flexibilidad haya llegado al mundo laboral para quedarse esto no significa que se deba renunciar a una protección mínima. “Cada vez son más las personas que se encuentran en riesgo de dejar de estar cubiertas por derechos fundamentales, empezando por el derecho a conocer las condiciones en las que trabajan. Una mayor transparencia y previsibilidad beneficiará tanto a los trabajadores como a las empresas”, aclaró. En definitiva, la propuesta respalda lo que siempre ha sido la principal ventaja competitiva de la Unión Europea: calidad e innovación, en lugar de normas laborales deficientes.

La nueva Directiva cubrirá a gran parte de los empleados que ahora quedan fuera con la Directiva de 1991 -hasta tres millones-, pero no a todos, ya que se cifra entre cuatro y seis millones el número de trabajadores ocasionales con bajos niveles de seguridad laboral y de ingresos, con una protección social deficiente y escaso acceso a la formación.

Ampliar y homogeneizar derechos

Todo empieza redefiniendo qué es un trabajador, ajustando la definición a la Corte de Justicia de la Unión Europea, en lugar de confiar en las descripciones nacionales. Con arreglo a las normas actuales, las interpretaciones pueden variar y determinadas categorías de trabajadores acaban quedando excluidas. Por lo tanto, la homogeneización del término llevará a poder contar con reglas similares que aplicar a las mismas categorías de empleados en todos los estados miembros de la UE.

Quedaría de la siguiente forma: “Un trabajador es una persona que realiza servicios por un cierto periodo de tiempo y bajo la dirección de otra persona a cambio de remuneración”. Se incluiría en este caso a las personas empleadas en el hogar, aquellos trabajadores que tengan un contrato a tiempo parcial o de muy corta duración. También a los contratados según demanda y a empleados de plataformas, como conductores o mensajeros. Solo quedarían fuera con la nueva propuesta las personas que trabajen menos de ocho horas al mes, los autónomos o los becarios que no están sujetos a una relación contractual.

“Quizás esto pueda parecer evidente, pero son muchos los trabajadores en Europa que no reciben información básica, especialmente los más vulnerables. Con nuestra propuesta garantizaremos que todos los trabajadores tengan información sobre sus condiciones laborales por escrito”, subrayó Thyssen.

Para los que no cumplan, la Comisión ya ha adelantado que podría haber sanciones. Ha propuesto dos procedimientos alternativos: por un lado, uno administrativo, y por otro lado, la creación de una Autoridad que garantice que se cumple la normativa. “Permitiremos a los países la posibilidad de rectificación, tener un sistema que ayude a hacer cumplir las normas, aunque compete a los Estados miembro determinar el nivel, si hay sanciones”, afirmaba la comisaria.

Nuevas medidas

Según la normativa actual, en los contratos se informa sobre la identidad de las partes, el lugar y el tipo de trabajo, la fecha de comienzo, la duración, si hay vacaciones pagadas, así como si es necesario un preaviso para cesar el contrato. También si se aplican convenios colectivos e información adicional para empleados expatriados.

Con la nueva Directiva presentada por la Comisión Europea, además de lo anterior las empresas tendrán que informar si ofrecen un periodo de prueba, si se pagan las horas extras, e información más precisa sobre el horario laboral y sobre dónde se pagan las contribuciones a la seguridad social. Como nuevo derecho mínimo, Bruselas también contempla que se conozca con antelación cómo será el trabajo o que los empleados puedan pedir un cambio para optar a un empleo más estable y sean contestados por escrito. En esta misma línea se propone que se ofrezcan formaciones obligatorias sin que se den retenciones en el salario por este concepto.

En cuanto al periodo para informar al empleado de sus condiciones laborales cambiará de los dos meses actuales de plazo al primer día en el que dé comienzo el trabajo. La forma de comunicación también variaría, pudiendo pasar del contrato por escrito a que sea o bien en papel o en formato electrónico.

También habrá novedades sobre los derechos materiales ya que la Directiva actual no prevé ninguno y con la nueva normativa se incluirían cinco. Entre ellos, un límite de seis meses para un periodo de prueba, la prohibición de cláusulas de exclusividad o el derecho a tener formación obligatoria sin coste alguno.

Ventajas también para las empresas

Para contentar a las empresas, la Comisión también ha propuesto que no se incremente con las nuevas medidas la carga administrativa de las compañías sino que se aprovechen nuevos canales, como la comunicación online, para poder ofrecer la información sobre las condiciones laborales a los empleados.

Las nuevas reglas crearán además un entorno equitativo para todas las empresas en toda la Unión Europea y aquellas que ya ofrecen información completa y contratos correctos se beneficiarán de que sus competidores tengan que ofrecer al menos una protección básica. La Comisión considera que con la nueva Directiva el 16% de los empleadores se beneficiarán de una mayor seguridad jurídica. También mejorarán las disposiciones mínimas en casos de contratación transfronteriza y movilidad laboral.

En esta línea, Bruselas cree que las compañías también resultarán beneficiadas de prohibir las cláusulas de exclusividad -excepto para casos en los que el trabajador maneje información confidencial de la empresa-, porque fomentará que los trabajadores estén más disponibles para más trabajos, lo que podría generar hasta 167 millones de ingresos adicionales al año.

Entre otros beneficios empresariales, la Comisión destaca una mayor lealtad de los empleados, al contar con mejores relaciones laborales y, consecuentemente, se esperarían menos quejas o casos judiciales relacionados con las condiciones de trabajo. En términos generales, se cree que las medidas propuestas podrían tener un impacto positivo en la productividad.

Sustituirá la Directiva de 1991

La propuesta de la Comisión de una Directiva sobre unas condiciones de trabajo previsibles y transparentes actualiza y sustituye a la Directiva sobre la obligación de informar por escrito de 1991, gracias a la que el trabajador tiene derecho a ser informado siempre por escrito de los aspectos esenciales de su relación laboral.

Esta iniciativa fue anunciada junto con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, como una de las acciones para poner en marcha éste último, que fue proclamado en la Cumbre Social para Empleos Justos y Crecimiento que se celebró en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017. Más concretamente, la Directiva contribuye a la aplicación del principio cinco sobre Empleo seguro y adaptable y el principio siete sobre Información sobre las condiciones de trabajo y la protección en caso de despido.

La nueva Directiva, que llega después de una consulta en dos fases a los interlocutores sociales, responde también a una resolución del Parlamento Europeo en la que se solicita una Directiva marco sobre unas condiciones de trabajo dignas en todas las formas de empleo. También se debe a la resolución del pasado verano sobre las condiciones laborales y el empleo precario, en la que se pide la revisión de la Directiva de 1991 para que tenga en cuenta las nuevas formas de empleo.