La responsabilidad de la Administración pública en el impulso de la I+D

Más de un siglo ha pasado desde aquella disputa entre Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset que hizo célebre la frase Que inventen ellos, una expresión que a día de hoy sigue teniendo vigencia en España, a tenor de las cifras de inversión en I+D que se manejan. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat, entre 2009 y 2016 los recursos destinados por el sistema público a este fin han caído un 12,6%, frente al crecimiento del 17,6% de media de la UE o del 35% de Alemania.

Si se mira hacia el sector privado, las cifras tampoco son halagüeñas: en el mismo periodo la inversión de las empresas españolas cayó un 5,8%, frente al crecimiento del 62% de las de Reino Unido, del 34% en Alemania y casi del 22% de media en la UE. No obstante, esta caída va muy de la mano de la falta de apoyos por parte del ámbito público, ya que la mayoría de las compañías de componente investigador son pymes con necesidad de financiación que buscan, sin apenas encontrarlo, apoyo en las ayudas del Estado.

¿Por qué ocurre esto cuando los presupuestos dirigidos a fomentar esta partida llevan creciendo desde 2013?  “Gran parte de la dotación anual que se dedica a la I+D no se ejecuta, ya que un importante porcentaje está destinado a la concesión de unos préstamos que muy pocos pueden solicitar”, apunta Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio).

Según datos recientes de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), en 2016 quedó sin ejecutarse casi un 62% del presupuesto, cerca de 3.900 millones de euros. Y para este 2017 que se acaba se espera un resultado muy parecido, ya que de los 6.513,78 millones de euros aprobados (casi 84,2 millones más que en 2016) se han destinado 3.900 millones a fondos financieros, cerca de un 4% más, en detrimento de los no financieros (-2,36%).

“No se trata de desdeñar las ayudas vía préstamo, sino de cambiar sus mecanismos. Hay que darles coherencia, que cumplan su objetivo de servir para el desarrollo de sectores productivos de I+D+i, no para llevar a las empresas a liquidación”, sopesa Andrés Ballesteros, delegado de la Comisión de Retos Transversales de Asebio.

El peso de la burocracia

La mayoría de las fuentes consultadas explican que uno de los problemas existentes es que se siguen manteniendo las políticas de contención de gasto y de la morosidad que se impusieron en 2012. “Los criterios de acceso a estos préstamos cada vez son más restrictivos, y mayores las garantías que se le piden a las compañías para poder concurrir”, asegura Arocena. De esta manera, hay un gran número de pymes y de sociedades de reciente constitución que quedan automáticamente excluidas de las ayudas del Estado.

Por otra parte, existen infinidad de trabas burocráticas que ralentizan e incluso anulan la llegada de fondos a aquellas empresas a las que se les ha concedido alguna ayuda. Un ejemplo claro es la experiencia sufrida hace unos meses por Empireo, una pyme madrileña innovadora especializada en el diagnóstico temprano de enfermedades de transmisión sexual.

“Participamos en la convocatoria Torres Quevedo, para solicitar subvención de una parte del salario de los nuevos empleados que vas a dedicar a I+D”, arranca Miguel Ángel Llamas, CEO de la compañía. “Presentamos la solicitud en febrero, con todo el papeleo que ello conlleva; la resolución de esa solicitud salió en julio, y la definitiva se publicó el 9 de noviembre”.

Llamas se queja de que, con tal espera, lo normal es que las personas que optan al puesto terminen encontrando otro trabajo. “Como ya no puedes mantener el proyecto como lo habías planteado en el inicio la ayuda se pierde. Pero a efectos de la Administración se registra como concedida, eres tú el que la rechaza, y ese presupuesto queda sin aplicar”.

En su opinión, para evitar esta pérdida de talento, España necesita equipararse a la UE. “En Europa, los plazos de resolución de proyectos no suelen pasar de los tres meses, incluso los más grandes. Nuestro país, con menor volumen de solicitudes, debería ser capaz de hacerlo igual”.

Farmacia y biotecnología: al servicio de la salud

A pesar de esta falta de apoyos, los sectores económicos cuya supervivencia depende de la I+D no tienden a la extinción (aunque no crecen al ritmo deseado). Y para seguir en el camino necesitan invertir buena parte de sus beneficios en esta materia. La industria farmacéutica es un caso claro: en 2016 empleó más de 1.085 millones de euros solo en España, según fuentes de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria). Un máximo histórico que supera los 1.029 millones empleados en 2009, antes de que la crisis azotase a sus empresas.

Es comprensible teniendo en cuenta que el proceso de aprobación de fármacos es largo y costoso: del total invertido el pasado año más del 50% se dedicó a ensayos clínicos, unos 577 millones de euros, mientras que 150 millones se fueron a investigación básica. Una serie de procesos que no solo dependen de materiales y nuevas tecnologías, también (y sobre todo) de personal cualificado. Según fuentes de la patronal, solo en el entorno de la farmacia innovadora de ha dado empleo vinculado a la I+D a 4.400 personas durante 2016, de las cuales un 86% tienen una titulación superior (licenciaturas y doctorados).

Por otra parte, las farmacéuticas localizadas en España invirtieron casi 493 millones en la financiación de terceros, a través de contratos de investigación con hospitales, universidades y centros públicos, con los que colaboran activamente. El llamado gasto extramuros ha sido una partida que ha ido creciendo a lo largo de los últimos diez años, del 39,7% del total invertido al 45,4%, y que se reparte por centros de toda España.

Además, parte del Fondo de Investigaciones Biomédicas, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, se nutre con una aportación anual de la industria farmacéutica: un 2% de la facturación generada por el Sistema Nacional de Salud. Una cantidad que en 2016 superó los 80 millones de euros y que ha servido para financiar algunas de las actividades del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciber) y de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (Retics).

Muy vinculada a la ‘farma’ innovadora está la industria biotecnológica. Según una encuesta realizada por Farmaindustria recientemente, en la que participaron 29 grupos empresariales, el 50% de los consultados utiliza la biotecnología en fase preclínica y el 62% en fase clínica. No solo eso: un 10% de la muestra produce medicamentos biotecnológicos en España y un 20% utiliza esta disciplina en la fase de comercialización, principalmente a través de kits de diagnóstico molecular.

No obstante, la biotecnología roja (la que está relacionada con el entorno de la salud) no es la única que se desarrolla en este país. Según el Informe Asebio 2016, en España hay unas 2.740 empresas que incluyen en su actividad procesos biotecnológicos que dependen en gran medida de la I+D. Éstas están clasificadas por colores: además del rojo están el verde (agroalimentaria), el blanco (procesos industriales), el azul (vida marina), el gris (protección medioambiental), el dorado (bioinformática), el marrón (recursos del desierto) y el amarillo (producción y control nutricional).

Entre todas destinaron cerca de 580 millones de euros a la investigación y desarrollo en el año 2015, el último desglosado, de los cuales un 76% fueron invertidos por pymes. Resultados para los que son vitales las alianzas: en el 2016, Asebio contabilizó un total de 158 compromisos conjuntos, entre los que no solo había entidades ‘biotec’, también fundaciones, centros tecnológicos y entidades públicas. Más del 40% de esas alianzas tenían un nexo común: potenciar la I+D.

Entre las sociedades que han protagonizado acuerdos de este tipo está Anaxomics Biotec, una pyme de Barcelona especializada en técnicas bioinformáticas para dar solución a la investigación biomédica, el descubrimiento de fármacos y la medicina personalizada. “Nuestra financiación llega tanto a partir de nuestra participación directa en proyectos de investigación colaborativos como de la provisión de servicios a terceros, que pueden ser tanto empresas como investigadores”, explica Simón Perera, investigador encargado del desarrollo comercial de esta compañía.

Mayor apoyo para cumplir con Europa

Otro gran montante de la inversión en I+D sale de las empresas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC): 13.260 millones de euros en 2016, según datos de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic). “Supone un aumento muy pobre, tan solo del 0,7 % respecto al ejercicio anterior, lejos de las cifras de crecimiento del PIB que en 2016 fue del 3,3%”, se lamentan fuentes de esta organización.

Los portavoces de Ametic inciden en que el gasto en I+D de 2016  “representa tan solo el 1,19% del PIB, frente al 1,22% alcanzado en 2015 y el 1,24% de 2014. Este resultado da continuidad a la preocupante tendencia descendente iniciada en 2009 y que nos aleja cada vez más de las recomendaciones de la Unión Europea de llegar al 3% en 2020, e incluso del más modesto objetivo actual del Gobierno de llegar al 2% ese mismo año”.

Precisamente la incursión de las empresas españolas innovadoras en Europa es una de las preocupaciones que atenazan al sector. Hace pocos días, los responsables de los organismos públicos de investigación (OPI) se reunían con el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. Según estos, Hacienda pone demasiados impedimentos a la entrada de fondos que ya tienen concedidos. Tantos que ponen en riesgo su permanencia en proyectos europeos que les reportarían importantes sumas.

“El interés de las empresas españolas por la I+D+i y su capacidad para llevarla a cabo son incuestionables, especialmente si nos fijamos en la alta participación española en los programas europeos de Horizonte 2020 y las notables tasas de retorno obtenidas, una de las más altas de la UE”, aseguran desde Ametic.

Para el portavoz de Anaxomics esta situación es muy positiva: “Da buena cuenta de la excelencia científica que hay en nuestro país”. Aunque puntualiza: “Sin embargo, es intolerable que ésta sea, en algunos casos, la única fuente de financiación”. Desde su punto de vista, a nivel público se podrían seguir los pasos de la UE en materia de I+D. “Sería muy interesante que existieran proyectos de investigación colaborativa, financiados a fondo perdido y con cuantías menores, que permitieran que el número de concesiones fuera mayor y que los fondos no acabaran concentrados en pocas manos”.

Por su parte, Miguel Ángel Llamas defiende que “debemos aprender de Europa, por ejemplo, creando plataformas únicas de solicitud de proyectos. En España prácticamente cada convocatoria tiene su propia aplicación informática, con sus peculiaridades, sus plugins… Sin embargo, todas las convocatorias del H2020 se gestionan con la misma herramienta”, explica el portavoz de Empireo.

Aspectos positivos del sistema actual

No todos los aspectos de la normativa española ligada a la I+D son negativos. La mayoría de las fuentes consultadas coinciden en que España cuenta con un marco fiscal muy atractivo en este campo. “La incertidumbre y complejidad de su aplicación se ha venido reduciendo en los últimos años”, apuntan los portavoces de Ametic.

“A nivel mundial es el que mayores incentivos proporciona a las empresas por sus inversiones en I+D+i”, asegura Ignasi Belda, CEO del Parq Científic de Barcelona (PCB). En concreto ofrece deducciones en el impuesto de sociedades, bonificaciones en la Seguridad Social y en herramientas como el llamado patent box (un incentivo fiscal que permite reducir los tributos sobre rentas procedentes de la cesión de determinados activos intangibles creados por la empresa).

Para Eduardo Rodriguez Urcelay, director general de Ascires, compañía valenciana especializada en el diagnóstico por imagen, medicina nuclear y genética, otro gran acierto es el impulso que se ha dado a la llamada compra pública innovadora (CPI). “Es una herramienta que facilita que los organismos públicos y las empresas privadas coinviertan en la adquisición de tecnología. El resultado es un sistema de incentivación a la demanda en I+D+i que beneficia tanto al sector público como a las propias empresas, aunque, por el momento la disposición de fondos para esta iniciativa se quede corta”, comenta.

En relación a la CPI, Ignasi Belda opina que sería muy positivo “seguir las recomendaciones del Consejo de Ministros, donde se insta a la Administración pública a destinar el 3% de su presupuesto a este fin”. Sin embargo, el portavoz del PCB advierte que esta recomendación no se está ejecutando, “y por ello el efecto tractor del sistema público, a diferencia de lo que pasa en otros países, se ve mermado”.

Desde el punto de vista de José Molero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y patrono del Parque Científico de Madrid (PCM), España tiene una gran necesidad de reformar su tejido empresarial y su estructura industrial. No solo para hacer crecer aquellas actividades económicas con mayor potencial innovador y poder retener el talento que sale de las universidades españolas. También para convertir a esa mayoría de pequeñas empresas y microempresas en medianas y grandes con necesidades de I+D, como ocurre con las TIC, la industria farmacéutica o la biotecnológica.

También aboga por reproducir prácticas en las que los sectores público y privado vayan de la mano. “Son reseñables los ejemplos de Bélgica y Holanda. En ambos casos hay una clarísima conciencia de las autoridades políticas, de la clase empresarial, de la clase sindical… que coinciden en aunar esfuerzos. El liderazgo debe recaer en el Estado, que ha de marcar una estrategia clara a seguir, pero también ha de haber un consenso y una exigencia del resto de partes implicadas: patronal, sindicatos y universidades, principalmente”, apunta Molero.

Las ayudas que ofrece el Estado

Además del recién llegado Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación 2017-2020, la Administración tiene sobre la mesa un amplio listado de ayudas para todas aquellas empresas que quieran o puedan solicitarlas.

La mayoría están gestionadas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y abiertas a pymes. “Aproximadamente el 63% de las iniciativas financiadas por este organismo son realizadas por pequeñas y medianas empresas, que reciben el 48% de la financiación comprometida”, afirman desde la Secretaría de Estado que respalda a este organismo.

Entre los programas más enfocados hacia la pyme están el Neotec o CDTI-Eurostars e Innoglobal para la I+D internacional. “Dado que el centro ofrece sus ayudas principalmente a través de préstamos parcialmente reembolsables, las empresas son analizadas desde el punto de vista económico-financiero y si existen dudas de su capacidad de devolución se procede a solicitar garantías a las empresas”, comentan los portavoces del organismo público.

En cualquier caso, estos aseguran que el sistema de minoración exime a las pymes de presentar dichas garantías, si se hubieran solicitado, “siempre y cuando su proyecto sea evaluado como excelente desde el punto de vista técnico”. Adicionalmente, hay otros programas como Emplea, Doctorados Industriales y los ya mencionados Torres Quevedo para la incorporación de doctorandos y doctores a las empresas. Sin olvidar el Retos Colaboración, menos empleada por pymes, para la cooperación público-privada.

Es precisamente ese último punto el que España debe pulir para dar un empujón a la I+D. Buscar nexos de unión entre las empresas altamente innovadoras, los centros de investigación públicos y el propio Estado con el fin de propiciar proyectos que lleguen a término y que generen una posible rentabilidad para todos. Pero la ciencia es prueba y error y está llena de riesgos. Por eso es necesaria la implicación (sin trabas ni restricciones) de las administraciones públicas. Fomentar la nueva creación y crecimiento de las compañías de alto valor añadido está en su mano.