Mujeres rurales: comunidades invisibilizadas

El desarrollo de la mujer rural es de particular interés para los países emergentes que integran el G20 y refleja las preocupaciones propias de los países latinoamericanos. Pero, ¿qué tipo de proyectos llevan adelante las empresas y ONG para empoderar a la mujer rural? ‘Compromiso Empresarial’ habla con representantes de las principales iniciativas que se están llevando a cabo en este sentido.
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Foto: Matriarca.

La falta de acceso a servicios públicos y el aislamiento son los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres rurales de América Latina. Según cifras de Naciones Unidas, la diferencia de salario entre hombres y mujeres en el campo llega hasta el 40%. En el ámbito rural, pueden encontrarse mujeres criollas e indígenas que comparten tanto la discriminación por género como por ser pobres. Frente a este contexto, este año, por primera vez, se incluyó en la agenda del Women 20 (W20), grupo de afinidad vinculado al G20, la problemática de la mujer rural.

Según el W20, el 30% de las mujeres que trabajan desarrollan actividades agrícolas. De ese porcentaje solo el 4% recibe un ingreso propio. Ellas producen el 50% de los alimentos del mundo. Las mujeres que viven en las zonas rurales tienen menos acceso a los recursos productivos, como la tierra y el ganado. También tienen menos acceso a servicios financieros y tecnología. Esto reduce sus posibilidades de autonomía económica y aumenta su vulnerabilidad.

Yolanda Lamas pertenece a una comunidad indígena de la provincia de Jujuy, en Argentina. Ella es técnica en gestión agropecuaria y trabaja como capacitadora de mujeres rurales. Además, se dedica a sembrar cultivos andinos y pastar cabras.

“A las comunidades rurales no les llegan los subsidios del Estado, ni los programas provinciales o nacionales. Hay mucha desinformación. El aislamiento es un gran problema. No todos tenemos movilidad para trasladarnos; algunos estamos a 100 kilómetros del mercado más cercano”, cuenta Lamas.

Según Lamas, la violencia de género es muy recurrente en el mundo rural. “Yo misma soy víctima de violencia. Cuando sembramos o desyerbamos, conversamos entre las mujeres y ahí se genera el espacio para contar cuando te pasa algo. La mujer del campo es muy silenciosa”, señala.

Para intentar revertir las desigualdades estructurales que se generaron en el campo, organizaciones de la sociedad civil y empresas promueven distintas soluciones. Paula Marra es fundadora de Matriarca, una empresa que promueve el desarrollo local. Además, ella colabora con el Center for International Development de Harvard. Marra opina: “Las mujeres rurales son un colectivo olvidado. Ellas tienen peor calidad de vida que el hombre rural y que la mujer urbana. Hay una deuda con esta población”.

Foto: Matriarca.

Matriarca está integrado por un colectivo de cooperativas y organizaciones. La empresa lleva adelante de manera integrada el diseño, la producción, la distribución y la comercialización de diferentes artesanías. Si bien las artesanas son asesoradas por un grupo de diseñadores, cada pieza única mantiene intacta su esencia. En Matriarca se desarrollan cadenas de valor respetuosas con el medio ambiente y se promueve el liderazgo de las personas.

“Hoy también estamos en Estados Unidos. Allí tenemos una empresa gemela que se llama Materart. Importamos los productos que Matriarca comercializa y tratamos de instalarlos en aquel mercado”, relata Marra.

Otro caso es el de Animaná, una empresa social que busca el desarrollo de las comunidades de Los Andes, productores y artesanos para lograr en conjunto un trabajo de colaboración. “La intención es generar emprendimientos locales que permitan salir de economías de subsistencia. Convivimos con las comunidades, generando herramientas y aprendizajes para la gestión, diseño y comercialización. Trabajamos la autoestima de las mujeres así como la creación de redes. Nuestro objetivo es el desarrollo de una industria textil y de moda inclusiva y justa”, cuenta Adriana Marina, fundadora de Animaná.

En Latinoamérica, la mayoría de las personas que se dedican a la artesanía son mujeres y viven en áreas rurales. Las mujeres andinas que se dedican a la confección y artesanía se enfrentan a una mayor pobreza. Generalmente, sus productos se venden a precios más bajos, por lo tanto no proporcionan un salario justo para la productora rural o artesana. Este contexto, socava la autoestima y el sentido de empoderamiento de las comunidades. Animaná intenta, desde su lugar, transformar esta realidad.

“Uno de los mayores desafíos que encontramos en Los Andes es que las mujeres puedan alcanzar la independencia económica a través del trabajo. Las acercamos a distintos mercados, lo que hace posible encontrar clientes de todo el mundo”, explica Marina.

En relación a su participación en W20, Marina señala: “En los encuentros, compartimos ideas sobre las necesidades de las mujeres rurales y andinas. Discutimos sobre las tantas vías para empoderarse y lograr que las comunidades pasen a ser parte del sistema a través de ser visibilizadas e incluidas en el sector de la economía formal”.

Fundación Gran Chaco trabaja con mujeres rurales de esta región argentina, al norte del país, desde hace 20 años. “Planteamos en el W20 que es necesario que haya un fondo para las mujeres rurales, que se asigne presupuesto para 2030 y se consolide la red. Es importante fortalecer a las organizaciones. Hay que construir una relación con la mujer rural diferente”, enfatiza Fabiana Menna, presidente de la fundación.

Foto: Matriarca.

Empoderar a las comunidades

En el paraje rural Pampa Zanatta en la provincia argentina del Chaco, las familias producen alimentos para autoconsumo. Sus sistemas productivos son precarios con algunas producciones de huertas y cucurbitáceas; crían caprinos, porcinos y aves.

En la mayoría de los casos la extracción de agua es manual y no tienen depósito para almacenamiento de agua de lluvia. Los pozos comunitarios muchas veces quedan muy distantes de los predios, por lo que en general las mujeres deben recorrer grandes distancias para acarrear el agua.

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, se viene trabajando para satisfacer el acceso al agua. Se diseñó un proyecto para construir comunitariamente aljibes domiciliarios. Particularmente en Pampa Zanatta se construyeron 15 cisternas. Por lo tanto, se logró que entre un 40 y un 50% de las familias hoy tengan acceso al agua. “La construcción de cisternas de cemento fue llevada adelante tanto por hombres como mujeres”, asegura Gabriela Faggi, jefa de la agencia del INTA en Las Breñas, Chaco.

Acerca es una Agencia de Cooperación para el Desarrollo, que se encarga de crear alianzas público-privadas con el fin de implementar proyectos que aporten al desarrollo integral de las economías sostenibles de todo el Chaco Americano. Desde la organización notaron que había una baja participación de las mujeres rurales en los sistemas institucionales. Ellas ocupaban solo del 3 al 5% de los roles relacionados con la toma de decisiones en las organizaciones chaqueñas.

Tras distintas capacitaciones que se desarrollaron a lo largo de cinco años de trabajo, se logró que un 30% de las mujeres alcanzaran lugares de liderazgo en instituciones vinculadas a la actividad caprina y ganadera, hortícola y apícola. “Es necesario generar la posibilidad de acceso al crédito de las mujeres en áreas rurales para mejorar los procesos productivos. A su vez es importante crear espacios de participación compartida e ir visibilizando el rol de la mujer”, sugiere Marta Soneira, directora ejecutiva de Acerca.

También se constituyó una red de artesanas conformada por 600 mujeres. Soneira, explica: “La intención es poner en valor una actividad, que generalmente se desarrolla de forma marginal. Planteamos un programa de desarrollo para que el producto se valorice”.

Contribuir a reducir la pobreza rural en la región chaqueña es también la misión de la ONG Fundapaz. “En el campo muchas parejas no tienen casamiento legal y las tierras se titularizan a nombre del hombre. El porcentaje de acceso a la tierra por parte de las mujeres es mucho menor que el de los hombres”, cuenta Gabriel Seghezzo, director ejecutivo de la organización.

La obtención de la propiedad legal de la tierra por parte de las comunidades indígenas y familias campesinas, constituye la base para un desarrollo sustentable. En este sentido, Fundapaz asesora a las familias para que puedan iniciar acciones judiciales o negocien con los titulares registrales a fin de alcanzar la propiedad.

Foto: Matriarca.

Fortaleciendo a las Defensoras de Derechos Ambientales en el Chaco Americano es un programa desarrollado por cuatro organizaciones: Fundación Plurales, el Fondo de Mujeres del Sur, Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (Ccimcat) de Bolivia y el Fondo de Mujeres del Paraguay. Estas cuentan con vasta experiencia en el apoyo a grupos de mujeres campesinas e indígenas en Argentina, Bolivia y Paraguay.

El programa, que se desarrolla durante tres años, brinda apoyo financiero y acompañamiento técnico y político a un número de entre 9 y 12 grupos de mujeres de base. Las defensoras ambientales son por lo general campesinas, indígenas o mujeres de grupos marginales urbanos. Ellas luchan por el acceso al agua y a la tenencia de la tierra de sus comunidades, o en contra de la contaminación y deforestación. Reivindican la preservación de los recursos naturales, y la soberanía alimentaria, como base para desplegar las estrategias de supervivencia de sus comunidades.

En ese marco, la estrategia central es aumentar la visibilidad de este grupo de mujeres y la capacidad de incidencia en las políticas públicas socio-ambientales de la región. Ello se conseguirá mediante el fortalecimiento financiero y técnico de sus organizaciones, y la promoción de sus vínculos internos y externos. “A partir de esta iniciativa, las mujeres se organizan para defender sus propios territorio”, señala Lilian Gregorio, referente de Plurales.

“Son muy pocas mujeres las que ocupan posiciones de poder en organizaciones rurales”, enfatiza Patricio Sutton, director ejecutivo de Red Comunidades Rurales, una organización que se creó en 2007 con la intención de articular esfuerzos y movilizar recursos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales que están en situación más crítica.

Por otro lado, Sutton demuestra que hay muy poco dato estadístico en relación a la situación social y ambiental en el ámbito rural. Reflexiona: “Cuesta saber en qué lugar hay situaciones más acuciantes. Tenemos la asignatura pendiente de sostener programas que fortalezcan las capacidades de las familias rurales. No hay que tenerle miedo a la agricultura familiar ni a apoyar los referentes que trabajan en mejorar las condiciones de vida en estos ámbitos”.

“Se puede observar un desbalance muy grande en relación a la inversión social, tanto desde el sector público como el privado. Hay regiones que cuentan con múltiples programas y otras que no reciben ningún tipo de ayuda. Es necesario replantearse las estrategias de inversión social para que haya una transformación. Se habla mucho del desarrollo local, pero son pocos en la práctica los que ayudan a que se fortalezca el desarrollo local y las economías regionales”, concluye.

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