Cuando los Mediasets y Campofríos definan su política de pago a delincuentes

Estas semanas ha habido un debate en las redes sociales y medios de comunicación sobre la posibilidad de llevar a La Manada, previo pago, a contar sus andanzas por los platós de televisión.
Begoña Morales2 julio 2018
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Foto: Antena 3 Noticias

Una mayoría de los participantes en este debate se opone a que los miembros de La Manada se lucren de los actos cometidos y apoyan un boicot a los medios que los sienten en sus platós. Muchos personajes, anónimos y conocidos, han distribuido este tuit, apoyando el hashtag #Boicotalosprogramasyanunciantes:

“Al parecer varias televisiones ya están negociando entrevistas con miembros de La Manada. Su excusa: la libertad de expresión. El resultado: los van a hacer millonarios. Boicot a los anunciantes de esos programas. ¡Pásalo!”

Ya hay antecedentes de un caso similar, cuando La Noria, pagó una entrevista a la madre del Cuco, uno de los sentenciados culpables de la muerte de Marta del Castillo (Vid. Los tres ejes de ‘La Noria’). Este hecho provocó una campaña de la sociedad civil en redes dirigida a los anunciantes pidiéndoles sacar sus anuncios del programa.

Grandes marcas, como Campofrío, decidieron salirse de La Noria y Mediaset se vio obligada a reaccionar pidiendo perdón, retirando primero el programa de la franja de prime time y abandonando después su emisión.

En el caso de La Manada, la reacción se ha producido con antelación. Ana Rosa Quintana ha dejado claro que ningún programa de Mediaset pagaría a ninguno de sus miembros para una entrevista.

Resulta curioso que sea una profesional del medio la que, de manera individual, haga pública una decisión tan sensible para Mediaset. Parecería más sensato, y simplificaría mucho la toma de posición de la cadena ante determinadas situaciones de conflicto, que existiera una política pública al respecto y que estuviera avalada por el máximo responsable.

Parecería más sensato, y simplificaría mucho la toma de posición de la cadena ante determinadas situaciones de conflicto, que existiera una política pública al respecto y que estuviera avalada por el máximo responsable.

En los medios de comunicación audiovisual en España, solo RTVE toma una posición clara y pública ante esta situación, especificando en su manual de estilo (apartado 5.10. Colaboradores y delincuencia) la posición de la cadena ante el pago a delincuentes:

“Pagos prohibidos. Si los delincuentes cuya colaboración en una información sobre delincuencia es considerada de gran interés reclaman a cambio alguna forma de pago en dinero o en especie, los profesionales de RTVE no deben consentirlo ya que está prohibido pagar por obtener cualquier clase de información”.

Es cierto que RTVE es una televisión pública y que de ella se espera unos estándares éticos y de calidad que garanticen el cumplimiento del servicio público para el que fueron creadas. Pero no es menos cierto que las televisiones privadas son conscientes del poder que ejercen en los comportamientos de la sociedad y en la conformación de la opinión pública.

Los dos grandes grupos tienen declaraciones similares en este sentido. Mediaset manifiesta que “garantiza que todos sus contenidos respetan valores que contemplan la libertad de expresión e independencia editorial, la imparcialidad informativa, la calidad del contenido, el pluralismo y la diversidad”.

Atresmedia hace una declaración similar: “Difundir una oferta informativa y de entretenimiento diversa, innovadora y de calidad que responda a nuestros grupos de interés para ganar su confianza, consiguiendo el liderazgo y la sostenibilidad del Grupo”.En ambos casos utilizan términos generales: independencia, libertad de expresión, calidad o confianza, sin especificar mucho más cómo garantizar su cumplimiento.

El caso de La Manada podría ser una oportunidad para detallar qué comportamientos concretos podemos esperar como audiencias ante situaciones similares.

Quizás el caso de La Manada podría ser una oportunidad para detallar qué comportamientos concretos podemos esperar como audiencias ante situaciones similares. Podría ser una forma de ganar esa confianza que dicen querer conseguir.

Si además ese compromiso lo firma y hace público Paolo Vasile, presidente de Mediaset, anteponiéndose al siguiente caso de La Manada, generaría mucha más confianza que si lo dice Ana Rosa Quintana tras una avalancha de tuits en contra animando a los anunciantes a boicotear la programación.

Y si vamos un poco más allá, tampoco estaría mal que los anunciantes definieran su posición ante la parrilla. Las grandes marcas con sus millonarios presupuestos de publicidad son las que pueden provocar estas decisiones editoriales.

Si los anunciantes definen líneas rojas para colocar sus anuncios, como puede ser el no pagar a delincuentes para que cuenten sus historias (y seguramente terminen siendo los protagonistas del último reality de moda), y el share deja de ser el único elemento de decisión a la hora de colocar la publicidad, el debate sobre La Manada dejaría de producirse.

Por eso el tuit que hemos retuiteado todos los que queremos una televisión mejor, termina con un mensaje dirigido a ellos: “Boicot a los anunciantes de estos programas”.

En definitiva, mucho mejor para todos si anticipamos la solución, los Mediasets definen su política ante los pagos a delincuentes y los Campofríos definen sus líneas rojas en la colocación de sus anuncios y no tenemos que hacer avalanchas de tuits cada vez que amenacen con hacer famosos millonarios a unos degenerados.

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