Más falso que un empleado ‘autónomo’ de Deliveroo

Hace ya algo más de una década que las leyes españolas dieron el visto bueno a la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (también llamado Trade). Esta se creó para dar cierta protección a aquellos trabajadores por cuenta propia que trabajan casi en exclusiva para un solo cliente: vacaciones, posibilidad de indemnización en caso de que se rompa un contrato de forma injustificada y otras prebendas que lo colocan en un escalón intermedio entre el empleado por cuenta ajena y el autónomo.

Esta figura, muy defendida por las principales asociaciones de trabajadores por cuenta propia del país, fue vista por algunos sectores como una forma de legalizar al llamado ‘falso autónomo’: aquel que desempeña las mismas labores y con los mismos horarios y exigencias que un empleado con contrato pero sufragando sus cuotas con la Seguridad Social. Un fraude y un atentado contra los derechos laborales del que parece haberse abusado especialmente durante los años de la crisis, aprovechando la desesperación generada por la falta de oferta laboral.

Aunque hay diferencias bien marcadas entre ambas figuras (que avalan la legalidad de la primera de ellas) lo cierto es que se han detectado en nuestro país unas 350.000 empresas “trade” con relaciones laborales irregulares, según puso de manifiesto hace unos días en el Pleno del Congreso Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo. Una cifra nada desdeñable en la que, probablemente, falten por añadir un buen puñado de casos promovidos por la economía (mal llamada) colaborativa.

A pesar del éxito que suscitan, España todavía no tiene un marco jurídico adecuado que regule correctamente a las falsas cooperativas y a muchas de las nuevas empresas gestionadas vía app, convertidas a veces en lobos con piel de cordero frente a sus ‘empleados’. Muy cerca tenemos las últimas sentencias recibidas por Deliveroo, una en Barcelona donde la Inspección de Trabajo ha reclamado el pago de 1,3 millones de euros por las cuotas de alta a la Seguridad Social de sus empleados entre agosto de 2015 y diciembre de 2017.

La otra, en Valencia, ha sido la primera en reconocer a uno de sus repartidores como falso autónomo. La juez que ha llevado el caso ha dictaminado que el trabajador era dependiente de la empresa, que esta era la que decidía sobre la organización del trabajo: horarios, zonas que cubrir, tiempos de reparto, control por geolocalización… Y no solo eso, también fijaba el precio del servicio y advertía al repartidor de debía ofrecer una buena imagen de la compañía. Todo un cóctel incompatible con el trabajo autónomo, sobre el que debe radicar el poder de decisión y control de la mayoría de los parámetros anteriormente descritos.

La economía colaborativa, en alerta

Esta sentencia ha puesto en alerta a otras empresas de mensajería y reparto similares, como Glovo! y Ubereats (ya se sabe, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar). Ha sentado un precedente que puede complicarle la vida a más de una de ellas, y por otra parte, puede marcar pautas en otros sectores en los que también existen plataformas digitales de similares características, como los polémicos Cabify y Uber. Se calcula que todos ellos sirven de plataforma laboral para unos 2 millones de trabajadores en nuestro país, cuya situación no siempre es irregular.

Sea como fuere, y teniendo en cuenta la imposibilidad de frenar el avance imparable de este tipo de negocios, queda patente que España necesita regular su funcionamiento de forma urgente. Con normas concretas que eviten ese limbo legal en el que determinadas compañías se mueven; que impidan situaciones laborales abusivas y fraudulentas como la denunciada en Valencia, y que no fomenten la competencia desleal, como la que está sufriendo el sector del taxi desde hace unos años, avasallado por las aplicaciones de transporte privado.

De la misma forma que también se necesita una mayor presión por parte del Estado, algo que ya está en la agenda de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Hace unos días, durante los Cursos de Verano para Autónomos celebrados en El Escorial, la titular de asuntos laborales recordaba que el Ejecutivo acaba de poner en marcha un plan contra la explotación laboral que ha empezado por intensificar las inspecciones de trabajo.

Una buena manera de destapar casos flagrantes como el del Real Automóvil Club de España (RACE), condenado hace unos meses a pagar a la Seguridad Social más de 227.000 euros para sufragar una parte de las cotizaciones de cinco trabajadores que llevaban catorce años empleados como falsos autónomos.

Según datos de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), sacar a la luz los ‘trapos sucios’ de este calado que se esconden en nuestro país serviría para engordar las arcas de la Seguridad Social unos 560 millones de euros anuales. Aunque no se trata solo de una cuestión de dinero, también de dignidad y de respeto a los derechos laborales.

Ojalá el plan del Gobierno no se quede solo en palabras que se lleva el viento y sirva como acicate para regular contratos y mejorar condiciones. Y si, por el contrario, se convierte en una plaga de ‘despidos’ (o, mejor dicho, de ‘finalización de la prestación de servicios’), será necesario impulsar el coraje del trabajador mancillado para que denuncie.

El caso Deliveroo ha demostrado que no siempre el pez grande se come al chico, sobre todo cuando este no se deja llevar por la corriente. En nuestra mano está también el luchar por un entorno laboral justo para todos, seamos empleados por cuenta ajena o autónomos.