Cómo beneficiarse del vínculo entre la lucha anticorrupción y los derechos humanos

La relación intrínseca entre la corrupción y los derechos humanos es cada vez más conocida y comprendida por las empresas.
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Los impactos adversos en los DDHH y la corrupción representan riesgos similares para las empresas, incluyendo zonas de riesgo geográfico coincidentes y los peligros para la reputación y la exposición financiera.

Así se plantea en el informe Linking Human Rights and anti-corruption compliance, realizado por Joanna Drewert y Kaustuv Banerjee, y publicado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

En las últimas dos décadas, muchas empresas han desarrollado e implementado programas sólidos de cumplimiento anticorrupción en respuesta a la promulgación de normas nacionales e internacionales que exigen a las empresas prevenir, detectar y responder a la corrupción en todas sus operaciones globales.

Ese cumplimiento anticorrupción se ha convertido tanto en una herramienta de mitigación de riesgos como en un medio para incorporar valores éticos en la cultura corporativa.

Por su parte, las responsabilidades corporativas sobre DDHH comparten una trayectoria similar.

Un conjunto creciente de directrices, leyes y regulaciones exigen la debida diligencia y la realización de informes basados ​​en la responsabilidad de las empresas de respetar los DDHH.

Se espera cada vez más que las empresas conozcan y demuestren el cumplimiento de las normas de DDHH en todas sus operaciones mediante la implementación de medidas similares a las ya prescritas para el cumplimiento anticorrupción.

Ventajas para las empresas comprometidas

Reconocer el vínculo entre lucha anticorrupción y DDHH puede ayudar a las empresas a cumplir con sus responsabilidades de manera sistemática y estructurada, prepararlas mejor para los estándares obligatorios de derechos humanos y hacer que el cumplimiento anticorrupción sea más sólido.

También puede dar como resultado ventajas prácticas, como el aumento de la eficiencia al ahorrar tiempo y dinero, y aumentar los esfuerzos de cumplimiento mediante el intercambio de información y aprendizajes.

Las empresas han descubierto que a menudo es más fácil abordar los DDHH al integrar las consideraciones de esos derechos en los sistemas corporativos existentes.

Esas organizaciones también señalan que los procedimientos integrados pueden ayudar a prevenir la llamada fatiga por cumplimiento de múltiples capacitaciones y auditorías.

Así mismo, el desarrollo de estrategias interconectadas puede ayudar a optimizar el mensaje entre los interesados ​​internos y externos. Al hacer que las expectativas de la empresa sean claras y concisas, el público puede ser más receptivo al mensaje.

Las empresas han descubierto que a menudo es más fácil abordar los DDHH al integrar las consideraciones de esos derechos en los sistemas corporativos existentes.

Y lo anterior puede a su vez servir como un paso hacia la creación de una cultura corporativa de cumplimiento basado en valores.

Tanto la lucha contra la corrupción como los DDHH comparten el objetivo de la estrategia de cumplimiento general de la empresa: cambiar las actitudes y el comportamiento en toda la organización.

Buenas prácticas para facilitar los cumplimientos en ambos campos

Las empresas que vinculan de manera efectiva los DDHH y el cumplimiento anticorrupción pueden estar mejor preparadas para gestionar los riesgos de ambos que las que no lo hacen.

En el informe se presentan algunas buenas prácticas emergentes compartidas por las compañías sobre cómo se puede llevar esto en la práctica.

Por ejemplo, algunas empresas se basan en la estructura de los programas de cumplimiento anticorrupción para guiar su gestión del impacto en los DDHH, especialmente cuando los ejecutivos con experiencia en la lucha contra la corrupción son responsables de las estrategias de derechos humanos de la compañía.

Aprovechar el apoyo de la alta dirección para el cumplimiento anticorrupción es también una buena práctica recomendada.

El apoyo de la alta dirección es esencial para integrar efectivamente las estrategias de cumplimiento en toda la organización y demostrar el compromiso corporativo externamente.

Algunos oficiales de cumplimiento han descubierto que el compromiso corporativo con una cultura anticorrupción brinda una oportunidad única para mejorar la gestión del impacto en los DDHH y las prácticas empresariales socialmente responsables en general.

Una responsabilidad clara y pública de la dirección también sirve para inculcar el mensaje de los DDHH en todo el personal y socios comerciales, y crear un “estado de ánimo” al respecto positivo.

La alineación de los compromisos de DDHH y la política anticorrupción es otra buena manera de que las organizaciones se beneficien del vínculo.

La implementación de esa alineación puede demostrar que la empresa se adhiere a los valores prosociales y toma sus responsabilidades de DDHH tan seriamente como lo hace la lucha contra la corrupción.

Y como no podía ser de otra forma, esa alineación de responsabilidades acaba en la integración de los procedimientos de DDHH y anticorrupción.

Aprovechar el apoyo de la alta dirección para el cumplimiento anticorrupción es también una buena práctica recomendada.

Las oportunidades para integrar esos procedimientos empiezan por integrar los derechos humanos con la formación anticorrupción en los módulos formativos existentes tanto online como presenciales, y en los talleres de evaluación de riesgos.

Siguen por la utilización de indicadores clave de rendimiento para comprobar si los mensajes de protección contra la corrupción y los DDHH están siendo recibidos y comprendidos satisfactoriamente por la administración y otro personal.

Y finalizan a la hora de realizar los informes internos de la organización y las auditorías no financieras, de manera que se integran las evaluaciones y el seguimiento del impacto en los DDHH con un monitoreo y auditoría anticorrupción que va más allá de los aspectos puramente monetarios y se centra en todos los datos cuantitativos y cualitativos.

Evaluaciones de riesgos combinadas

La corrupción y los abusos contra los DDHH tienden a ocurrir en los mismos entornos geográficos.

Por tanto, las empresas pueden recopilar y analizar datos regionales e información sociopolítica sobre los territorios donde operan, tanto por riesgos de corrupción como de DDHH, y tanto a través de un solo sistema integrado de evaluación de riesgos como mediante la comunicación organizada entre los diferentes equipos encargados de los DDHH y la detección de riesgos de corrupción.

Algunas organizaciones han comenzado a expandir sus procedimientos de detección para incluir la detección de la corrupción y los DDHH a través de un proceso formalizado.

Por ejemplo, las evaluaciones de socios comerciales consolidados pueden dirigirse mediante el uso de las pautas Know Your Customer (KYC), basadas en estándares internacionales contra la corrupción y la legislación penal y laboral nacional, que se han modificado para cubrir ciertos problemas de derechos humanos.

También, las preguntas sobre riesgos de DDHH (como el trabajo forzoso o un historial de uso de la fuerza por parte de contratistas de seguridad) se pueden agregar a la debida diligencia anticorrupción existente y a los cuestionarios y listas de verificación de adquisiciones.

Si bien la debida diligencia en materia de derechos humanos no es el tipo de proceso mecánico que se puede reducir a una hoja de preguntas y respuestas, las empresas han visto que incluir preguntas sobre estos en las adquisiciones corporativas existentes y en los procedimientos de debida diligencia puede ser un buen punto de partida para iniciar un diálogo interno y con los grupos de interés como parte de sus evaluaciones de impacto y seguimiento de los DDHH.

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