Los desafíos medioambientales y sociales del conocido como ‘oro blanco’: litio

Gobiernos y empresas demuestran, de manera creciente, un gran interés en el litio por su valor potencial asociado a energías alternativas. Al mismo tiempo, existen riesgos ambientales y comunitarios que deben considerarse frente al avance de extracción de este mineral.
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“Dado que sus reservas merman sin descanso y constituyen la principal causa del cambio ambiental global (el 56% de las emisiones de CO2 se debe a la quema de hidrocarburos), la cercanía del colapso de la era de los combustibles fósiles ha hecho que la transformación del actual paradigma energético sea uno de los mayores desafíos que enfrentan nuestras sociedades”, expresa Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Geopolítica por la Universidad de París.

La transición hacia un nuevo modelo requiere incorporar la generación de energía solar y eólica, y cambiar la infraestructura energética tradicional. Según Fornillo, en este tránsito, el almacenamiento de energía que se puede generar a través del litio cumple un papel significativo. El litio es un componente básico para la confección de las baterías para los dispositivos eléctricos cotidianos como: tablets, computadoras y móviles.

Además, estas células de energía son en la actualidad el más eficiente reservorio de la generación renovable de electricidad eólica, solar, hidráulica y mareomotriz. Por eso, la batería del litio resulta central dentro de un nuevo paradigma energético.

En el ‘triángulo del litio’ que forman los salares de Argentina, Bolivia y Chile se concentra el 80% del ‘oro blanco’. A pesar de que Bolivia tiene el yacimiento más grande, en el salar de Uyuni, el país que más explotó el litio es Chile, que tiene la segunda reserva del mundo en el salar de Atacama y es actualmente, junto con Australia, el principal productor internacional.

Argentina posee dos proyectos en operación: Salar de Olaroz y Salar del Hombre Muerto. Juntos produjeron en 2018 más de 37 mil toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente). La producción argentina en 2017 representó el 16% del total mundial.

“Muchas empresas ven nuestro país como una mejor oportunidad para la explotación que la que representan Bolivia y Chile, los otros dos integrantes del ‘triángulo del litio del Cono Sur’. Esto ocurre porque Argentina es el único de los tres países en el puede ser explotado libremente mediante una concesión otorgada por la autoridad correspondiente; en Bolivia y Chile, en cambio, existen distintos tipos de restricciones. Además, en Argentina los aspectos sociales y ambientales tienen poco peso en los procesos de toma de decisión”, comenta Pia Marchegiani, directora de Política Ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“De todos modos, los proyectos que están en cartera no han avanzado en los últimos tiempos. Se estima que hay nuevas fuentes y nuevos depósitos de litio en ciertos países de Europa y también en Australia y Estados Unidos que hoy buscan integrarse al mercado y generar una mayor oferta de este mineral. Al ampliarse la oferta, los pedimentos mineros sirven a la especulación financiera y se pasa a una fase de explotación recién cuando existen condiciones óptimas para que el proyecto prospere”, continúa Marchegiani.

“La enunciación del potencial del litio para contribuir a la transición energética global está operando como excusa suficiente para pasar por alto debates fundamentales, como el ambiental, social y cultural”. Pia Marchegiani, directora de Política Ambiental de FARN.

Los debates de litio

Para Marchegiani, hay que tener cuidado al plantear el litio como una “solución mágica” en tanto energía alternativa: “La mera enunciación de su potencial para contribuir a la transición energética global está operando como excusa suficiente para pasar por alto debates fundamentales, que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales y que, por tanto, son –o deberían ser– ineludibles a la hora de tomar estas decisiones”.

“Son varios los puntos clave generalmente ignorados en el debate y que en realidad deberían evaluarse en paralelo. Hoy en día la sociedad global se halla inmersa en un nivel de consumismo tal que pretende utilizar este mineral sin miramientos ni replanteamiento serio en relación a los actuales modelos de producción y consumo. Esto no puede ser, básicamente porque así no hay litio que dé abasto”, subraya.

Las comunidades que habitan en los territorios donde se encuentra el litio en muchos casos dependen económica y culturalmente de los salares. El interés por extraer el litio que se encuentra en sus territorios las movilizó en defensa de sus derechos y de su tierra.

Preocupadas por la escasez de agua y, en definitiva, por sus vidas, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio entre sus posibles panoramas futuros, ya que dependen del agua para el desarrollo de distintas actividades económicas tradicionales tales como agricultura y ganadería a pequeña escala, o la misma explotación cooperativa y en armonía con el ambiente de la sal.

“Las comunidades justamente ven el riesgo hídrico y el peligro que la minería de litio significa para sus ecosistemas y forma de vida. Las comunidades, de acuerdo a sus capacidades, intereses y preocupaciones, desarrollan distintas estrategias de acción colectiva”, explica Marchegiani.

De esta manera, comenta, en el caso de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, se organizaron y presentaron una demanda frente a la Corte Suprema de Justicia y también  un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debido a que en su momento no se respetó su derecho a la Consulta Previa (CP) y el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que garantizan las normas vigentes en Argentina, en febrero de este año decidieron no solo oponerse a cualquier proyecto de minería de litio en la zona, sino también rechazar lo que hoy sería una aplicación a destiempo de la consulta previa.

“El argumento se basa en las constantes faltas de cumplimiento de las normas vigentes por parte del Gobierno local, y en que bajo ningún concepto quieren poner en riesgo su forma de vida ancestral”, cuenta Marchegiani.

En cambio, otras comunidades como las de la zona del vecino salar de Olaroz-Caucharí han consentido la instalación de proyectos en sus territorios, al considerar que los impactos económicos de la llegada de las empresas a la zona podrían compensar los riesgos ambientales, continúa la directora de Política Ambiental de FARN.

Algunas comunidades han consentido la instalación de proyectos de litio en sus territorios al considerar que los impactos económicos de la llegada de las empresas a la zona podrían compensar los riesgos ambientales.

El principal impacto ambiental tiene que ver, primero, con el uso de agua en una zona árida y de ecosistema frágil de por sí, en tanto sufre estrés hídrico la mayor parte del año. Dado lo escaso de las precipitaciones en la zona, la cantidad de agua que extraen las empresas de litio supera lo que se recarga e ingresa naturalmente al ecosistema.

“La eliminación de enormes volúmenes de agua de los humedales altoandinos a través de la evaporación en grandes piletones para la concentración del litio en salmuera produce la desecación de los sitios de recarga de agua del sistema, se suma a ello la salinización de aguas dulces y afectación de seres vivos por la voladura de sales. Por estos factores no pueden subsistir las plantas ni otros organismos asociados a dichos humedales”, explica Román Baigún, coordinador del programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza de la Wetlands International.

“Con la aplicación de esta metodología se produce la pérdida de los servicios ambientales que los frágiles humedales proveen, como por ejemplo agua potable de buena calidad, forraje para el ganado y una biodiversidad singular, adaptada a estos ambientes. En ecosistemas tan áridos como los de la Puna y la región Altoandina, los humedales funcionan como oasis, por lo que estas actividades amenazan los medios de vida y el bienestar de las comunidades que dependen de ellos para su subsistencia”, afirma Baigún.

Según Marchegiani, las prácticas actuales, que principalmente utilizan la técnica de la evaporación en grandes piletones de agua, no son sustentables porque se pierde más agua de la que naturalmente ingresa al sistema, lo que causa un desequilibrio y un riesgo hídrico inminente.

Existen técnicas alternativas, como la patentada por el equipo de Ernesto Calvo, de  la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, ganador de un premio internacional por su supuesto menor impacto hídrico, que es el principal temor y riesgo en términos de impacto ambiental. Sin embargo, esta técnica está probada solamente a nivel laboratorio, o sea que no ha sido escalada y no se conoce si va a ser efectiva en la industria o no.

Para terminar, Marchegiani reflexiona: “Las reservas difícilmente podrán satisfacer la demanda de tecnología y aparatos portátiles si no se complementa el desarrollo de baterías con políticas integrales que aborden y replanteen aspectos del sistema de consumo actual. Hay que ver el modo de combatir la obsolescencia programada y apostar por la reutilización y la industria del reciclado. Para la industria de movilidad deberá pensarse en sistemas que privilegien el transporte público, colaborativo o compartido y desalienten la adquisición y el uso de automóviles para la movilidad individual”.
 

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