2020 se olvida de la sanidad vegetal: un sector de necesario desarrollo

Antes de convertirse en el más temido y odiado de su ‘especie’ en las últimas décadas, el 2020 que está a punto de extinguirse fue proclamado como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Bajo el lema Proteger las plantas para proteger la vida, su objetivo ha sido el de concienciar a nivel mundial cómo el cuidado de la salud del entorno vegetal puede ayudar a proteger el medio ambiente, impulsar el desarrollo económico y facilitar el comercio, entre otros aspectos.

Este concepto de ‘sanidad vegetal’ se refiere al cuidado de la salud de las plantas y los árboles a través del control de plagas, del pronóstico de posibles patologías que puedan sufrir y de la adopción de medidas sostenibles que prevengan estos males.

Fórmulas para preservar y enriquecer nuestra principal fuente de oxígeno y alimentación en un momento crítico, marcado por los efectos del cambio climático y del gran crecimiento poblacional.

Se calcula que el 80% de los alimentos que comemos provienen de las plantas, así como el 98% del oxígeno que respiramos. Sin embargo, el 40% de los cultivos mundiales anuales se pierden por amenazas relacionadas con el aumento de la temperatura global y de la acción humana.

Así lo explicó Victoria Montemayor, adjunta a la Dirección en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) durante el encuentro online Sanidad vegetal: retos, oportunidades y futuro, organizado recientemente por la plataforma tecnológica de biotecnología vegetal Biovegen y la Asociación de Comunicadores de Biotecnología (ComunicaBiotec).

Según sus palabras, la adopción de medidas de sanidad vegetal supone un importante ahorro para los agricultores y facilita el comercio y el acceso a mercados, especialmente en los países en desarrollo.

Unas ideas en las que coincidió Arancha Gómez-Garay, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que señaló como uno de los grandes escollos para el desarrollo de este campo la falta de empatía de la sociedad hacia el sector primario.

“No se le da la importancia que merece, ni si quiera después de los peores días de la pandemia, en los que se ha visto lo mucho que necesitamos el trabajo del agricultor y de aquellos profesionales que le ayudan a que sus cosechas prosperen”.

Desde el punto de vista de Soledad de Juan, directora de Fundación Antama, en esta percepción ha influido en gran medida los cambios sociales de las últimas décadas, que han ido alejando a la población del origen de esos alimentos vegetales. “Existe una gran brecha entre el productor y el consumidor, ya que cada vez son más los que viven alejados del campo y, en consecuencia, de la producción de alimentos”.

Un sector fundamental

A pesar de esa percepción alejada, el sector agrícola sigue siendo fundamental para nuestra vida y también para nuestra economía. Según el informe El futuro del sector agrícola español, elaborado por PwC en colaboración con la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla), incluyendo la ganadería el sector da trabajo a unas 750.000 personas de forma directa e ingresa unos 25.300 millones de euros anualmente, el 13% del total de la UE, de los cuales 17.430 millones corresponden a exportaciones.

Además, sus cifras de balanza comercial son positivas: más de 6.500 millones de euros (según datos de 2017).

España tiene 17 millones de hectáreas dedicadas al cultivo, el equivalente a la extensión conjunta de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Estamos en el segundo puesto de la UE en términos de superficie agrícola, abarcando el 13% del total. Y nos hemos convertido en uno de los Estados miembro con mayor diversidad de cultivos, gracias a nuestra variedad topográfica y a la existencia de diferentes climas.

Sin embargo, nuestras cifras en inversión en I+D en materia de sanidad vegetal y mecanización de procesos están bastante alejadas de la media de la UE: un 0,44% del esfuerzo inversor del sector (cociente entre el gasto en I+D y el valor añadido bruto) frente al 0,63% de la Unión y el 2,03% de Noruega, el puesto de cabeza del ranking.

De hecho, según el informe de PwC, España no sigue una tendencia creciente en este ámbito. Mientras el gasto en I+D de la industria agroalimentaria europea aumentaba un 37% durante el periodo 2006-2015, en nuestro país decrecía un 17%.

Un hecho que choca contra nuestros intereses: el cuidado de esa elevada diversidad agraria que nos caracteriza conlleva una mayor gestión de la producción y del cuidado de las plantas. Es decir: más variedad de enfermedades, plagas y malas hierbas. Según el informe de PwC, cada cultivo puede soportar diez patógenos diferentes, algunos con varios ciclos durante la misma campaña.

La encuesta de utilización de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura (datos de 2018) indica que, entre fungicidas, herbicidas, insecticidas o reguladores del crecimiento, en nuestros campos se utilizan unas 600 sustancias activas para tratar nuestros principales cultivos. Y, según las respuestas de sus participantes, en muchas ocasiones son insuficientes.

A ello se añade que la agricultura es un sector intensivo en utilización de recursos que, en algunos casos, escasean en nuestro país, como el agua y el suelo. En este último está afectando especialmente la erosión de las zonas de cultivo a causa de la paulatina desertificación de gran parte del territorio español. Según los datos del Ministerio de Agricultura, esta situación está reduciendo de media 14,4 toneladas por hectárea y año.

Es decir: para mantener e, incluso, aumentar el ritmo de producción de una forma sostenible hay que apostar por la investigación y el desarrollo de nuevas fórmulas de control de plagas y de cultivos que necesiten menos recursos.

Un ámbito en el que España está estancada: según los datos del informe de PwC, el 31% de los productos fitosanitarios que se utilizan de forma habitual tienen más de 20 años de antigüedad en el mercado. Algo en lo que también tienen mucho que ver los largos procesos burocráticos que desincentivan la creación de nuevas soluciones.

La importancia de la biotecnología

A pesar de esto, no son pocos los que apuestan por ello como modelo de negocio. Un ejemplo es Neval, un laboratorio de Castellón especializado en ensayos de eficacia en campo, invernadero y laboratorio de soluciones para el control de plagas y la mejora de los cultivos. Con su trabajo se ha conseguido mejorar la eficacia de herbicidas con una menor toxicidad y un menor consumo de agua.

Por otra parte, han puesto en marcha proyectos de investigación en sus campos experimentales de Xilxes (Castellón) para la reducción de la huella de carbono en el sector agrícola. En sus trabajos se están incluyendo microorganismos para sustituir el uso de fertilizantes químicos, que en muchas ocasiones se utilizan de forma desmedida, provocando daños ambientales.

De una forma complementaria funciona la compañía bioinformática Helix Bios, instalada en el Parque Científico de Madrid y que ya ofrece servicios de agricultura de precisión en Perú y Chile.

“Sabemos detectar y medir los factores más relevantes para poder tomar decisiones más efectivas respecto a la siembra, el uso de fertilizantes y fitosanitarios o de otros insumos necesarios mediante el desarrollo de diferentes sensores, como los algoritmos basados en análisis de datos e inteligencia artificial”, explican sus responsables.

Gracias a estas herramientas son capaces de predecir el rendimiento y la producción de los cultivos con una mayor precisión, teniendo en cuenta variables como la composición del suelo, microclimas, plagas localizadas o la variabilidad biológica de las distintas especies.

Son los suyos modelos de negocio innovadores que tienen un estrecho vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su apuesta por la sanidad vegetal aporta soluciones para: optimizar cosechas y reducir el hambre; disminuir el uso de químicos en el suelo, haciendo caer a su vez su contaminación y degradación; promover el crecimiento económico en zonas rurales, y la creación de puestos de trabajo de alto valor añadido.