La crisis sanitaria impone al sector privado incidir sobre los derechos humanos

Para António Guterres, secretario general de las Organización de las Naciones Unidas, la pandemia de la covid-19 no es solo una emergencia sanitaria. Es una crisis económica, una crisis social, y se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos.

En distintas oportunidades, el referente manifestó: “Ahora más que nunca las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado tienen un rol esencial. Al respetar los derechos humanos en este momento de crisis, construiremos soluciones más efectivas e inclusivas para la emergencia de hoy y la recuperación de mañana”.

Ante la emergencia de la covid-19, el papel de las empresas es fundamental. Con independencia de su sector, actividad o tamaño, la respuesta por parte del sector privado debe ser rápida y clara, anticipando escenarios y adoptando medidas para minimizar los daños, mantener el empleo y salir reforzadas. Las empresas, además, tienen la responsabilidad de que sus acciones no generen impactos negativos en los derechos de sus grupos de interés, evitando situaciones de discriminación y poniendo el foco en los colectivos más desfavorecidos.

“La presente crisis socioeconómica interpela fuertemente a las empresas, y no solo en términos de la facturación, la imposición de protocolos, la ruptura circunstancial de la cadena de pagos o la logística. Ha puesto a prueba fundamentalmente el verdadero propósito de las compañías que, como decía el destacado experto en management Peter Drucker, no puede definirse en términos de maximización de la ganancia, sino en el valor que aportan a sus clientes, usuarios y a la sociedad”, señala Julián D’Angelo, coordinador ejecutivo del Centro de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social de la Universidad de Buenos Aires.

El Centro, que preside D’Angelo, llevó adelante una investigación acerca de cómo las empresas han respondido a las desafiantes demandas de este contexto. Este análisis permitió explorar, caracterizar y clasificar las respuestas positivas inmediatas de las empresas ante el impacto económico y social de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de la covid-19 y conformar un Banco de Buenas Prácticas Empresarias Socialmente Responsables Ante la Pandemia Covid-19 y el ASPO.

Al relacionar el objeto de estas acciones con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, uno de los primeros aspectos a destacar es que, precisamente a partir de la nueva agenda impuesta por la pandemia, la mayoría de estas acciones priorizaron Objetivos vinculados a derechos humanos sobre aquellos relacionados a cuestiones ambientales.

Más del 47% de las acciones se corresponden con el ODS N°3 de Salud y bienestar, pero también cerca de un 20% se encuadran en el ODS N° 2 de Hambre cero, un 17% al ODS N°8 Trabajo decente y crecimiento económico y casi un 5% se corresponde al ODS N° 4 de Educación y calidad.

Hay también otras acciones vinculadas a los ODS N°5 de Igualdad de género, al N° 1 de Fin de la pobreza y al ODS N° 10 de Reducción de las desigualdades.

Por otra parte, las acciones vinculadas a cuestiones ambientales son francamente minoría: casi un 5% se corresponden con el ODS N°12, de Producción y consumo responsables y menos aún para el ODS N° 9, de Industria, innovación e infraestructura.

Según Fernando Passarelli, coordinador del programa Valor RSE + Competitividad, cuando las empresas están realmente comprometidas con la idea de colocar al ser humano en el centro de toda su escena, el respeto a los derechos humanos resulta espontáneo, casi una forma de ser.

“Las crisis no forjan el carácter de una empresa, pero lo revelan, y en ese sentido, hay mucho trabajo por hacer, identificando focos de posible vulneración de derechos humanos a lo largo de todas las actividades, no solo puertas adentro sino también en la cadena de valor, para gestionar los recursos necesarios para evitar que dichas vulneraciones se produzcan, y si son inexorables, trabajar en esquemas de remediación y reparación”, explica el referente.

Valor RSE + Competitividad trabaja desde 2009 con proveedores, clientes y distribuidores de las cadenas de valor de grandes empresas en capacitación y consultoría para la implementación y gestión de planes de mejora con un enfoque de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad.

Passarelli considera que los mayores desafíos para que las pymes se apropien de la agenda son la limitación de recursos de todo tipo y sistematizar las prácticas. No obstante, la ventaja frente a grandes compañías es que, si su liderazgo se compromete con esta agenda, la implementación de procesos resulta mucho más pragmática. Los grandes compradores tienen un enorme poder para influenciar a sus pymes abastecedoras, contratistas y distribuidoras, pero deben liderar con el ejemplo.

En Latinoamérica, la agenda se viene llevando con marchas y contramarchas. María José Alzari, abogada y especialista en Derechos Humanos del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (Ceads), señala que a agenda tiene la virtud de ser un paraguas de gestión muy grande para la empresa, pero tiene el gran defecto de que el sector privado siente que el concepto le es lejano.

“La pandemia trajo la necesidad de empezar a mirar un poco más hacia adentro, analizar la fuerza laboral interna desde otro lado, incorporar y fortalecer cuestiones de seguridad. Cuando pones la mirada en cuestiones de seguridad tan básicas como la utilización de tapaboca, también empiezas a prestar más atención en el uso de otros elementos de seguridad y protección. En definitiva, los temas de salud y seguridad en el trabajo son temas de derechos humanos”, explica Alzari.

La crisis sanitaria ayudó a fortalecer las áreas de salud y seguridad en el trabajo, que venían de años de degradación en las empresas. “Desde hace algún tiempo, estas áreas comenzaron a subordinarse a las secciones de sustentabilidad o ambiente. Se buscaba un jefe de ambiente y seguridad, pero que no era experto en ambas cuestiones. Fue así como la seguridad laboral, que siempre fue un área muy técnica, fue perdiendo especificidad y los conocimientos necesarios. Por lo tanto, poco a poco fue perdiendo relevancia dentro de las empresas”, cuenta Alzari.

Además de la jerarquización del área de seguridad, que tiene un claro enfoque de gestión en derechos humanos, se profundizó el acercamiento a la mirada integral en cuestiones de salud, que incluye la física y la mental.

Para Alzari, los dos sectores que tienen más dificultad para trabajar esta agenda son el agrario y el industrial. “el sector agro tiene un tema cultural muy difícil de cambiar y el sector industrial no siente que esta agenda lo involucre. De todas formas, deberán involucrarse para exportar sus productos. Cada vez se exige más este requisito”, comenta.

Ejemplos a seguir

A través de una guía, Pacto Global Argentina destacó algunos casos que vienen trabajando la agenda de derechos humanos. Por ejemplo, la consultora Accenture trabaja en inclusión de personas transgénero. Esta iniciativa surge a nivel interno de la empresa para contemplar casos de transición de identidad de colaboradores y luego para entrenar al equipo de recruiting para comenzar a contratar.

¿Por qué es una práctica empresarial de referencia en Argentina para el respeto a los derechos humanos? Es la primera vez que una empresa lo está trabajando hace ya más de tres años con resultados reales, medibles y que han provocado un real cambio de cultura organizacional y del trabajo del futuro, que no había tenido en cuenta a este grupo vulnerable.

Otro ejemplo destacado es el de la automotriz Renault que busca contribuir a generar oportunidades de empleo genuinas para personas con discapacidad intelectual. El concepto de derechos humanos y empresas se puede abordar desde la clásica visión desde las implicancias que tienen en materia de riesgos, o bien también puede ser considerado desde la óptica del compromiso de la empresa por realizar una genuina contribución con sus públicos de interés, promoviendo la inclusión y la generación de oportunidades de empleo digno para una población muchas veces marginada.

Un tercer caso es el de la empresa dedicada al transporte de gas natural, TGN, que desarrolló un programa que se llama Cadena de valor, que busca contribuir a que las personas pertenecientes a poblaciones cercanas a las operaciones de la empresa accedan a sus derechos económicos, sociales y culturales.

El programa procura crear condiciones para que las personas, al tiempo que tengan la oportunidad de acceder a contrataciones de servicios, puedan desarrollar saberes y experiencias que converjan con el acceso a la comprensión de sus derechos ciudadanos. Mediante el desarrollo de proveedores locales se procura obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades en el pleno ejercicio de los derechos humanos. Algunas de las familias que pasaron por el programa dieron un salto de mayor profesionalización y lograron diversificar su oferta de servicios hacia otros actores económicos locales.

D’Angelo reflexiona: “Un escenario donde las empresas no se comprometan en el respeto de los derechos humanos (o en remediar los casos de vulneraciones que pudieran suceder) o donde los mismos no sean protegidos por la autoridad estatal, es absolutamente contradictorio con la noción de desarrollo sostenible”.