Las empresas, obligadas a realizar un registro retributivo por sexos desde hoy

Hoy 14 de abril, entra en vigor el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, un texto pionero en materia de igualdad retributiva, “que coloca a España al nivel de los países más comprometidos en esta materia, garantizando la ‘efectividad’ de la igualdad retributiva al establecer mecanismos de transparencia retributiva potentes y ágiles”, explicaban con motivo del Día para la Igualdad Salarial de 2021 (22 de febrero) desde los ministerios de Trabajo y de Igualdad.

El reglamento para la igualdad retributiva establece para todas las empresas la obligación de tener un registro retributivo para advertir si existe hipervaloración o infravaloración del puesto según el género. Las empresas deben elaboran un plan de igualdad y realizar una auditoría retributiva, es decir, un diagnóstico de la situación retributiva y un plan de acción para corregir diferencias y prevenirlas.

No se trata de un texto meramente declarativo de intenciones, sino que establece obligaciones y compromisos concretos y configura el alcance que deben tener las auditorías retributivas y que, sobre todo, establece los criterios para la valoración de puestos de trabajo a efectos retributivos y de promoción profesional, para que pueda lucharse de modo efectivo contra la segregación y contra los estereotipos de género.

Ya en febrero el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Igualdad, la declaración institucional en la que expresaba su “firme compromiso en la lucha contra la desigualdad retributiva y de los cuidados que afecta a la práctica totalidad de las trabajadoras, comprometiéndose a seguir avanzando en la adopción de las medidas de justicia que sean precisas para revertir esta situación”.

“Las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo asumiendo, casi en exclusiva, las responsabilidades domésticas y de cuidados en los sectores más precarizados, infravalorados y, muchas veces, en la economía informal”, diagnostica la declaración y recuerda que la brecha de género supuso un coste de casi 320.000 millones de euros, un 2,4% de su PIB a la Unión Europea en 2018.

ODS y pandemia

El Gobierno se compromete a “avanzar un paso más hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas en su Agenda 2030”, en particular, “en la consecución de los objetivos 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; y 8, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las personas”.

Además, la crisis provocada por la pandemia de la covid-19, revierte algunos avances alcanzados en los últimos años e incrementa la brecha de género, como certifican diferentes organizaciones internacionales que también señalan que las mujeres están resultando mucho más perjudicadas por la crisis económica que los hombres, lo que se traduce en un aumento de la precariedad y de la brecha de género.

“La prioridad es, ahora, crear un escudo social para que ninguna persona -en particular las mujeres, que son las más afectadas por la precariedad laboral- vea su vida empeorada” recalca el texto.

La declaración institucional recuerda que, desde el inicio de la crisis provocada por la covid-19, se ha aprobado “un paquete de medidas extraordinarias que toma en consideración la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres, y desarrollando la normativa necesaria para promover la igualdad efectiva en el ámbito laboral”. Para caminar hacia este objetivo, el Consejo de Ministros aprobó sendos reglamentos sobre planes de igualdad y su registro y sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres en su reunión del 13 de octubre de 2020.