De la norma que regula el respeto al animal de laboratorio a la excepción de Vivotecnia

La experimentación animal vuelve a la mesa de debate tras la denuncia de Cruelty Free International a la española Vivotecnia por maltrato animal. Un caso que, desde el punto de vista social, arroja piedras al tejado de la investigación a pesar de las férreas normativas que rigen el bienestar de los animales que participan en estos procesos.
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El caso de maltrato animal destapado recientemente por Cruelty Free International (CFI), presuntamente perpetrado desde las instalaciones y por trabajadores de la empresa madrileña Vivotecnia, ha puesto sobre la mesa un nuevo debate en torno a la experimentación animal.

Una práctica con la que no todos los sectores de la sociedad están de acuerdo, a pesar de que, por un lado, es necesaria para la investigación en salud y, por otro, las normativas actuales estén diseñadas para procurar el máximo respeto hacia los animales que participan en esos procesos de investigación.

Desde el entorno de la ciencia, el rechazo a las prácticas denunciadas por CFI (plasmadas en un vídeo que puede herir sensibilidades) ha sido unánime, dejando claro de forma generalizada que este es un caso aislado que no debe repetirse.

Una de las primeras organizaciones en pronunciarse en este sentido ha sido la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que representa a unos 42.000 profesionales, a través de su Comisión de Estudio del Uso de Animales en Investigación Científica.

Esta lleva varios años trabajando por fomentar la ética y la transparencia en este campo, tanto en laboratorios públicos como privados. En esta labor se incluye la elaboración y difusión desde 2017 del Acuerdo de Transparencia sobre el Uso de Animales en Experimentación Científica en España, firmado por 144 organizaciones de toda España, Vivotecnia, entre ellas.

“Desde hace unos días, el número ha pasado a ser de 143. Vivotecnia ha sido apartada cautelarmente de forma unánime por el resto de organizaciones firmantes”, lamenta Lluís Montoliu, investigador en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y portavoz de la comisión de la Cosce.

Según indica, la noticia ha sido un duro golpe para el grupo de trabajo, ya que ha tirado por tierra años de trabajo. “Llevamos desde 2015 abriéndonos a la sociedad para explicar claramente cómo llevamos a cabo la experimentación animal, y toda nuestra credibilidad se ha ido al traste por una mala praxis”, asegura.

Aunque la compañía ha puesto en marcha una investigación para esclarecer los hechos, por el momento ya se ha encontrado con la suspensión de la actividad investigadora del laboratorio por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Según un comunicado de esta entidad, al realizar una inspección urgente, se constataron indicios de maltrato animal.

Tampoco se ha mostrado condescendiente el CSIC, que subcontrata los servicios de personal especializado en el manejo de animales a Vivotecnia para trabajar en algunos de sus animalarios, que nada tienen que ver con las instalaciones que aparecen en el vídeo. “Una vez se disponga de toda la información necesaria, el CSIC considerará la resolución del contrato existente con esta empresa”, ha afirmado la institución a través de un comunicado.

A las repercusiones sociales y económicas con las que ya está lidiando Vivotecnia pronto se sumarán las judiciales.

Lo que dicta la ley

A las repercusiones sociales y económicas con las que ya está lidiando Vivotecnia pronto se sumarán las judiciales. “Este tipo de investigaciones están reguladas por el real decreto 53/2013, para la protección de los animales usados en investigación y docencia”, indica Montoliu.

Y añade: “Hay una ley anterior, todavía vigente, la 32/2007, que marca infracciones y sanciones. Las hay leves, graves y muy graves. Estas últimas acarrean multas de hasta 100.000 euros e incluso pueden suponer pérdidas de permisos para ejercer y el cierre de la instalación que ha incumplido las normas”.

“Han de tomarse además medidas contra esas personas que aparecen en el vídeo, las que cometen el maltrato y las que están ahí y no lo denuncian. Se les debe quitar la certificación que tienen para poder trabajar con animales. Es un honor que esas personas no merecen porque han demostrado que no pueden asumir esa responsabilidad, ni ahora ni en el futuro”, apunta Miguel Ángel Llamas, profesor de Microbiología en la Universidad Complutense de Madrid.

El también CEO de Crazy Science y de Empireo es el único miembro del comité de la Cosce que pertenece al sector privado. Desde ese punto de vista, cree que es más que necesario que se realicen diversas auditorías a Vivotecnia, internas y externas e independientes, con el fin de ver “qué ha fallado, saber por qué su responsable de bienestar animal no se estaba dando cuenta de lo que allí estaba pasando y depurar responsabilidades”.

“Es que en el vídeo se ven fallos por todos los lados”, añade Eva Martín, fundadora de la consultora Kinrel y especializada en aspectos regulatorios en el entorno científico. “No es solo la falta de empatía y los actos casi psicópatas que se muestran. Si lo analizamos al detalle podemos ver que las jaulas no cumplen con las normativas de bienestar, o que hay animales muy enfermos al lado de otros que no lo están, algo que nunca se hace para evitar contagios, o que aumente su estrés y que eso interfiera en los resultados del estudio”.

Algo que va a repercutir en la validez de todos los trabajos de investigación que se estuviesen realizando en esos laboratorios de Vivotecnia, la mayoría subcontratados por otras empresas.

En este sentido, y teniendo en cuenta la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid, la compañía debería perder todas sus certificaciones de buenas prácticas de laboratorio, según opina Martín. “Ha demostrado que no tiene los sistemas de calidad necesarios para garantizar que en sus instalaciones se lleven a cabo determinadas prácticas y que cumplen con las normativas vigentes”.

Desde inicios de este siglo, desde la UE se han adoptado una serie de medidas para evitar al máximo la manipulación de animales en ámbitos como el de la formación y la experimentación.

Cada vez menos

Desde inicios de este siglo, desde la UE se han adoptado una serie de medidas para evitar al máximo la manipulación de animales en ámbitos como el de la formación y la experimentación.

“En las universidades hace ya más de una década que los alumnos no trabajan con animales, son aprendizajes que se solucionan con vídeos. Tampoco en el desarrollo de cosméticos, porque hay modelos de piel artificial en los que se pueden realizar los test y el riesgo-beneficio de utilizar modelos animales no está justificado”, indica la responsable de Kinrel.

No obstante, todas las fuentes consultadas coinciden en la necesidad de utilizarlos para el estudio de fármacos y enfermedades. “Cuando se llega a un estudio fase I en humanos, que bien se lleva a cabo en voluntarios sanos o directamente en pacientes, como ocurre en el campo de la oncología, no se puede arrancar sin conocer nada del perfil de seguridad de ese fármaco”, apunta Martín.

Y añade: “Esto se consigue con un estudio previo en animales, no hay otra alternativa, porque ni los modelo in silico (por simulación computacional) ni los modelos in vitro (en tubo de ensayo) son tan completos. Además, hoy por hoy, el paquete preclínico de seguridad lo piden las agencias reguladoras antes de empezar los primeros estudios en humanos. Conocer la dosis máxima tolerada, la farmacocinética… básicamente, conocer el perfil de seguridad y de eficacia de tu fármaco antes de probarlo en pacientes reales”.

Aunque, como asegura Montoliu, esta necesidad no justifica un acto atroz como el denunciado por CFI. Sin embargo, la situación ha servido para señalar al sector investigador. “Es una excepción, son muchísimas las instituciones que se sienten ofendidas y decepcionadas, principalmente porque no se sienten representadas para nada y, sin embargo, ahora se les equipara con esa excepción”, lamenta.

Y, para despejar dudas, ofrece una razón de peso: “Es muy difícil que alguien quiera poner en juego su carrera profesional con este tipo de actuaciones, que se le retire una certificación como es la de experimentación animal, tan difícil de conseguir. Nos referimos a saltarse la ley y todos los filtros que regulan la utilización de los animalarios, que son muchos”.

Algo que confirma Llamas: “Si yo quiero entrar en una instalación de estas características, por mucho que tenga mi certificación tengo que pedir primero un permiso al centro donde esté, y otro al responsable de ese animalario. Esto se hace por motivos de seguridad, para evitar interacciones, contaminación de muestras o, incluso, evitar estrés a los animales, porque todo ello puede llevar al traste una investigación”.

Investigaciones que pueden ir asociadas a patologías aún sin tratamiento, como el Alzheimer, o a la consecución de fármacos como las vacunas de la covid-19, que han llegado a nosotros en tiempo récord gracias a la utilización de modelos animales.

Este es el caso concreto de España y de la Unión Europea pero, ¿qué ocurre en el resto del mundo? Desgraciadamente, son muchos los países que siguen utilizando animales para procesos de I+D+i en los que no es necesario, como ocurre en el mercado de la cosmética. Brasil, Canadá, Chile, México, Sudáfrica y varias naciones localizadas en el sudeste asiático son algunos de ellos.

Para concienciar a consumidores y corporaciones, la ONG Humane Society International ha publicado recientemente el corto animado Salven a Ralph, distribuido por las redes por Eh! Universo y que lleva ya más de 55 millones de reproducciones. Este falso documental está protagonizado por un conejo de laboratorio, que explica su complicado día a día. En él han participado estrellas internacionales como Ricky Gervais y Zac Efron, y se han implicado rostros conocidos de la escena española, como Aura Garrido, Ernesto Sevilla o Sara Sálamo, entre otros.

 

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