La desigualdad generacional reclama cambios en las políticas sociales

El paulatino envejecimiento de la población ha obligado al Estado a reformar el sistema de pensiones. Sin embargo, son ya muchas las voces que advierten de que esta situación afectará a otras partidas y que hay que acometer nuevas reformas. Así lo expresa, por ejemplo, Guillem López Casasnovas en su libro 'El bienestar desigual'.
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Más allá de la crisis y de la gran inestabilidad que se ha estado viviendo en los últimos años, marcados por el incesante ascenso del paro, España se enfrenta ahora a una gran desigualdad generacional que ya está generando desequilibrios en todo lo relativo a políticas sociales: pensiones, sanidad, educación, dependencia… son ámbitos que se han visto muy afectados, por ejemplo, por las medidas de austeridad del Gobierno.

Y no sólo eso, según diferentes instituciones de distinto calado e ideología, éstos se recortarán aún más a medio-largo plazo a medida que la población vaya envejeciendo.

En el próximo medio siglo, la generación conocida como del ‘baby boom’ se jubilará y, si no hay cambios en el horizonte, cobrará más y durante más años gracias al aumento de los sueldos y de la esperanza de vida. El problema está en que sus pensiones tendrán que ser pagadas con unas cotizaciones insuficientes de una generación que ha empezado a trabajar a una edad más tardía y con un sueldo menor.

Según el Ministerio de Empleo, en agosto había 19 millones de afiliados por 8,4 pensionistas, poco más de dos cotizantes por cada jubilado (contando con las cotizaciones de los parados). A eso se suma el saqueo que ha sufrido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, una ‘hucha’ de la que el Gobierno ha estado sacando dinero para salir a flote en los años de la crisis. En concreto, más de 37.000 millones desde 2012, aproximadamente la mitad de lo que tenía.

Teóricamente, se van a empezar a aplicar dos vacunas contra este mal endémico: el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) y el Factor de Revalorización Anual (FRA), dos nuevas variables para el cálculo del ‘sueldo’ del jubilado que fueron aprobadas en la última reforma de las pensiones. El FEI va asociado a la esperanza de vida, se empezará a aplicar en 2019 y se revisará cada cinco años. El FRA, que ya ha empezado a funcionar, supone ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas, e implicará subirlas sólo si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones a pagar.

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Guillem López Casasnovas, autor del libro ‘El bienestar desigual’.

Las pensiones no son el único problema

La educación, la dependencia y, sobre todo, la sanidad también se nutren, en parte, de las cotizaciones de los trabajadores. Y con el pago de impuestos, cuya recaudación también se reduciría a largo plazo teniendo en cuenta el bajo índice de fecundidad de España (1,32 hijos por mujer), siempre que se mantuviesen invariables.

Por eso, algunos expertos advierten de que una reforma de las pensiones no es suficiente. Es el caso de Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, especializado en gasto social, que ha publicado recientemente El bienestar desigual, un ensayo que intenta aportar soluciones para que la nueva realidad económica afecte lo menos posible a las políticas y servicios de corte social. Compromiso Empresarial desglosa algunas de sus propuestas a continuación:

– Recursos para quién los necesite, no para todos: El autor opina que los diferentes gobiernos, por su compromiso electoral, no se complican en el campo sanitario y se centran en el ‘todo para todos’, sin tener en cuenta algunos males que ya afloran y que no se asumen: enfermedades raras, salud mental… “La protección social debería mantener el espíritu de sociedad de acogida ante los nuevos problemas, pero sin subrogarse automáticamente en todos por igual”.

Según su tesis, habría que configurar una red de seguridad “que nos hace a todos potencial y universalmente elegibles”, pero condicionando la elegibilidad real a determinadas circunstancias. Es decir, establecer prioridades para asignar los recursos de los que se dispone, sacando el máximo provecho de ellos, sin despilfarrarlos.

– A favor del copago: Desde su punto de vista, aplicar tasas como las que ya existen en la universidad pública en otros ámbitos sería una herramienta clave para recortar la deuda pública. Pero también para financiar el gasto social.

“Cuanto peor sea la financiación de los servicios públicos, más precario será lo que nos den y más dualidad habrá en la sociedad”, reflexiona el también consejero independiente del Banco de España, que añade: “Debemos asumir de una vez por todas que nada es gratis, y que no se pueden tener prestaciones de primera con impuestos de segunda”.

– Sacar lo social del debate político: Para López Casasnovas, bloques tan cruciales como el de la sanidad deberían quedar fuera de las discusiones del Parlamento para evitar que se utilice como arma política. “En Reino Unido han creado en consenso una agencia, la National Institute for Clinical Exellence, que realiza estudios de coste efectividad y aporta soluciones a los políticos. En el caso de España, yo creo que los partidos están cada vez más dispuestos a realizar procedimientos de este tipo, porque saben que la causa es justa. Si ahora, que no hay ningún partido favorito y no se sabe quién gobernará en enero, se sentaran y acordaran un procedimiento en consenso, se podría evitar la batalla política en este campo”.

– Evitar una elevada medicalización social: Es decir, la llamada ‘barra libre’ de los sistemas públicos. “Evitarla exige tomar medidas de racionamiento, ya sea por la vía de los precios o bien restringiendo las cantidades o su acceso con precios, primas complementarias y copagos o listas de espera”, explica Casasnovas.

En este caso, el autor se muestra contrario a la privatización: “Con ella no hay nada que ganar en términos de bienestar colectivo y sí mucho que perder por parte de todos. Para afirmar esto no hace falta mirarse en el espejo estadounidense, ni comparar el bienestar personal entre individuos, ni ponderar las pérdidas de uno en términos de las potenciales ganancias de otros”.

– Políticas adaptadas al cambio: El catedrático de la Pompeu Fabra cree que es posible conseguir reducciones importantes en el gasto social “sin afectar a la equidad ni al crecimiento a largo plazo de la economía. Un reparto equitativo de los costes fiscales y unas prestaciones más selectivas podrían conseguirse, ya sea provocando reformas estructurales, disruptivas, que disminuyan el gasto a través de reducir los costes unitarios de los servicios o mantengan primordialmente aquellas prestaciones con una óptima relación coste-efectividad”.

Para ello, el doctor López Casasnovas cree que es necesario rediseñar el sistema de manera que sea capaz de solventar nuevos retos (epidemiológicos, demográficos, tecnológicos, etc.) y de adaptarse a una realidad social cambiante, marcando “un nuevo binomio entre responsabilidades públicas y privadas. Y todo ello, en un contexto de control de gasto y contención del déficit público”.

– Cambios en la ley de dependencia: El bienestar desigual dedica un espacio importante a la Ley de Dependencia, y aconseja una revisión de ésta por la gran frustración que ha generado su aplicación, ya que el número de dependientes solicitantes de ayuda que se estimaba se ha duplicado. “Ofrece un cliché de protección con alcance universalista –todos los ciudadanos pueden beneficiarse de ella- pero fuerza la selección –no todos son elegidos- según el grado de necesidad y la capacidad de cofinanciación”.

– La crisis podría haber sido peor: El autor intenta hacer ver la botella medio llena al lector en el balance sobre la situación de los servicios sociales a lo largo de la crisis. “El gasto social no se ha hundido, respecto a su porcentaje del PIB y per cápita, aunque sí muestra señales de agotamiento derivadas del modo en que se han aplicado los recortes”, analiza.

En su opinión, la reducción monetaria en pensiones no ha sido significativa para la población, sobre todo teniendo en cuenta las que sí sufrirán las siguientes generaciones.

En cuanto a la sanidad y la educación, han salido adelante cargando el peso de los recortes sobre la remuneración de sus profesionales. “Pensar que hemos dinamitado el Estado de Bienestar y enfadarnos por lo que podríamos tener y no tenemos sólo sirve para no dejarnos ver lo que sí mantenemos”.

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