El tercer sector presenta diez propuestas electorales en materia social

La Plataforma del Tercer Sector ha presentado a los partidos políticos un 'Decálogo de propuestas electorales en materia social, derechos e inclusión ante las elecciones generales 2019’.
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El presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, ha afirmado que “la inestabilidad política y económica provocan mayores dosis de vulnerabilidad, riesgo y desigualdad”, y ha subrayado que “la responsabilidad pública para paliar esta situación corresponde al Estado, si bien el tercer sector debe asumir el liderazgo transformador que siempre ha dejado impreso en los procesos de cambio social”.

Así lo manifestó durante el Cara a cara entre ONG y partidos, organizado por la Plataforma del Tercer Sector la pasada semana, al que acudieron más de 300 personas en representación de 200 entidades del tercer sector.

El presidente de la PTS trasladó que “las tasas de pobreza y desigualdad que tenemos en nuestro país exigen un compromiso inexcusable con las políticas sociales y con el fortalecimiento e impulso del tercer sector, el marco del diálogo civil y la consolidación de fórmulas de cooperación entre la iniciativa pública y social”.

Por su parte, el vicepresidente de la PTS, Luis Cayo Pérez Bueno, apuntó: “Lo social es un elemento cada vez más valorado por la ciudadanía y es presupuesto ineludible de una vida democrática en comunidad decente, robusta y llamada a perdurar. Si los partidos políticos ignoran o menosprecian lo social, penalizará a los partidos y formaciones que no sepan ver esta realidad. De ahí la importancia de que en estas elecciones lo social sea cuestión predominante del debate”.

“El tercer sector de acción social, encarnado en la Plataforma del Tercer Sector (PTS), ha lanzado su decálogo que resume y compendia las grandes demandas sociales que los partidos deberían hacer suyas y poner en práctica tras el 28 de abril. Esperemos que estén a la altura del desafío”, concluía Pérez Bueno.

Asunción Montero, vicepresidenta de la PTS, destacó que “necesitamos establecer objetivos y mirar al horizonte conforme a planteamientos que no sean improvisados y, sobre todo, que no nos lleven marcha atrás. Los valores no pueden entrar en crisis, ni puede haber retroceso en el logro de los derechos sociales y humanos”.

Decálogo de propuestas electorales

Durante el acto, la Plataforma del Tercer Sector trasladó a los cuatro partidos políticos mayoritarios de España sus propuestas electorales en materia social, derechos e inclusión ante las elecciones generales 2019, que tendrán lugar el próximo 28 de abril.

Entre otras cuestiones, la PTS reivindica la consideración -a través de la reforma de la Constitución- de los derechos sociales, económicos y culturales como derechos fundamentales, la suscripción de un Pacto contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social; la asunción de un compromiso claro de los partidos políticos con un Pacto de Estado por la Infancia; el desarrollo de la Ley del Voluntariado y la adaptación del ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, el aumento del presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la adopción de medidas en relación al reto de la migración, el impulso de estrategias de desarrollo local y regional que eviten el despoblamiento y la promoción de marcos normativos que fortalezcan el trabajo de las organizaciones que acompañan a las personas en situación de vulnerabilidad son otras de las propuestas electorales que la Plataforma del Tercer Sector hace a los partidos políticos.

Cara a cara con los partidos

Representantes de los cuatro partidos políticos mayoritarios de España participaron en el Cara a Cara entre ONG y partidos.

La primera en intervenir, María Luisa Carcedo, Secretaria Ejecutiva de Sanidad y Consumo de la Comisión del PSOE, hizo referencia al desarrollo reglamentario de la asignación tributaria del 0,7% de la declaración del Impuesto de Sociedades destinado a fines de interés social, y aseguró que “se está trabajando en él y es posible ponerlo en marcha a lo largo de este año”.

En relación a la pobreza, afirmaba que “nuestra propuesta es continuar implementando el ingreso mínimo vital, con unos presupuestos que lo permitan, para atajar la situación de pobreza más extrema y en concreto la infantil, acompañada de un escalonamiento de las prestaciones por hijo a cargo”.

Por su parte, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP, incidía en el papel protagonista que tiene que tener el tercer sector y señalaba que debe ser “el colaborador que esté presente en todas las políticas públicas que afecten al tercer sector en sentido amplio”.

Además, afirmaba que si su partido gobierna, desarrollarán el reglamento de la X con fines sociales del Impuesto de Sociedades, puesto que “para eso lo aprobamos en su momento” y subrayaba la importancia de la responsabilidad social corporativa en el tejido empresarial. Por otro lado, se comprometía a trabajar por una estrategia nacional para luchar contra la soledad.

Con respecto a las rentas mínimas, Gamarra hizo referencia a las políticas de empleo como “el lugar donde hay que poner el énfasis, especialmente para la población en riesgo de exclusión social”. Además, también se comprometía a desarrollar la Ley del Tercer Sector.

Pilar Garrido, secretaria de Políticas Sociales de Podemos, destacó que “es responsabilidad de la Administración del Estado garantizar los derechos sociales siendo el tercer sector un actor fundamental en este objetivo” y ha añadido que “hay un trabajo importante por hacer. Se deben reforzar los contenidos y sus garantías, acompañado de unos recursos económicos”.

Por su parte, Sara Giménez, candidata de Ciudadanos por Madrid para el Congreso de los Diputados, subrayaba que “es absolutamente necesaria una legislación estatal de servicios sociales que unifique criterios y la garantía de los derechos en todo el territorio español”.

Además, aseguraba que su partido va a trabajar por una ley integral de igualdad de trato y no discriminación y por un pacto educativo inclusivo que aborde la discapacidad y que incluya una asignatura específica que se llame “Constitución”.

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