Rehabilitar casas y mejorar la eficiencia, prioridades contra la pobreza energética
El estudio Pobreza Energética en Europa: un análisis comparativo, de la Fundación Naturgy, aboga por implementar medidas estructurales con repercusión a medio y largo plazo, que tengan en cuenta mejoras de eficiencia energética, las energías renovables y cambios en los comportamientos energéticos de los consumidores, con el fin de mejorar las políticas de lucha contra la pobreza energética.
El informe, elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB-Universidad de Barcelona, realiza una comparativa de las políticas de Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y España, y propone actuaciones para avanzar en la erradicación de esta problemática, agravada por las consecuencias de la pandemia
El análisis de los cinco países pone de manifiesto que, pese a que la mayoría reconoce la problemática de la pobreza energética y la necesidad de abordarla para asegurar una transición energética justa e inclusiva, no todos afrontan esta realidad socioeconómica de la misma manera. “En Europa identificamos 50 millones de hogares en situación de pobreza energética, a los que podrían añadirse unos cuatro millones más que no dan información sobre su situación”, explica la catedrática María Teresa Costa, directora del estudio.
En 2018 (último año en el que los cinco países han reportado datos), en España un 9,1% de los hogares tiene una temperatura inadecuada en la vivienda (la media de la UE se sitúa en el 7,3%) y un 7,2% se retrasa en el pago de las facturas (la media UE es del 6,6%).
En Portugal, estos porcentajes son del 19,4% en cuanto a temperatura inadecuada de los hogares y del 4,5% en cuanto al pago de facturas con retraso; en Francia son del 5% y del 6,4%; en Reino Unido, del 5,4% en ambos casos, y Alemania arroja los datos más bajos, con un 2,7% y un 3% respectivamente
El seguimiento de los cinco países objeto de este estudio muestra que la heterogeneidad del problema se extiende también dentro del propio territorio. Excepto Portugal, que cuenta con mayor homogeneidad en la distribución de la pobreza energética, en España, Francia, Reino Unido y Alemania se identifican claramente zonas con un mayor número de hogares en situación de vulnerabilidad energética.
Así, según la reciente actualización del indicador de pobreza escondida en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética de España, con datos ya de 2019, la mayor tasa de pobreza energética en nuestro país durante el período del estudio la registró Canarias, con un 31,6%. Por el contrario, La Rioja registró el índice más bajo, con una tasa del 3,6%.
Propuestas para mejorar la efectividad de las políticas
Según Costa, es importante fomentar el cumplimiento de estándares de máxima eficiencia energética, y promover el autoconsumo, pero al mismo tiempo es necesario “evitar que las actuaciones sean una carga económica más para los hogares vulnerables”. Por ello, considera que se deben “establecer mecanismos de financiación viables adaptados a las circunstancias de los hogares vulnerables”.
El estudio insta también a “una mayor coordinación e interacción entre entidades públicas, privadas y sociales”, potenciando “el uso de herramientas de tecnología de información para favorecer la toma de decisiones en la detección de situaciones de pobreza energética”.
Según Costa, “tenemos que fomentar el acceso a una información armonizada, relevante, sistematizada y actualizada, y aprovechar el potencial que ofrece la tecnología de medición del consumo energético como base de información”.
En este sentido, el documento considera que se debe “incrementar la participación de los agentes sociales de proximidad en las medidas” que se adopten, así como “minimizar actuaciones generalistas y priorizar aquellas que se adecuen mejor a la realidad socioeconómica y al tipo de vivienda de los hogares vulnerables”.
Otra de las propuestas del informe a tener en cuenta en las políticas de pobreza energética es que se reduzca la complejidad de los procesos administrativos.
La pobreza energética en los PNIEC
Si bien el Pacto Verde Europeo establece que “debe abordarse el riesgo de pobreza energética de los hogares”, los cinco planes nacionales integrados de energía y clima (PNIEC) analizados dan una respuesta a esta problemática de forma diversa.
En el caso de España, su PNIEC integra la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética como piedra angular, y resalta “la necesidad que el mercado energético español esté centrado en los consumidores y su protección, en la implementación de ayudas no únicamente de carácter económico sino también del impulso del autoconsumo y la eficiencia energética en edificios con hogares vulnerables”.
Esta última medida está alineada con una de las principales recomendaciones europeas, la rehabilitación energética, que además de reducir la factura contribuye también a la lucha contra el cambio climático.
Del análisis de las políticas de pobreza energética aplicadas en España, el estudio destaca como fortalezas la ayuda inmediata al pago de facturas a través del bono social eléctrico y térmico, y la implementación de medidas con impacto a medio y largo plazo como las relativas a rehabilitación energética.
Pobreza energética y pandemia
El estudio también recoge las principales políticas implantadas para dar respuesta ante la pandemia de la covid-19: prohibición de la desconexión, pagos personalizados y subsidios o descuentos. Solo España y Portugal tienen implementadas las cuatro medidas.
A modo de ejemplo, en España el gobierno reformó el bono social eléctrico para ampliar la cobertura a los afectados por la covid-19 y se ha creado un nuevo supuesto para acceder a la condición de consumidor vulnerable.
En relación con el Fondo Europeo de Recuperación tras la pandemia, el informe recuerda el papel de la rehabilitación para mejorar la eficiencia energética de los edificios y la relevancia de considerar su impacto sobre la pobreza energética, como uno de los principales facilitadores de la recuperación verde.
