Los mecenas de hoy se alejan del arte

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¿Cuáles serán los porcentajes de desgravación fiscal para las personas físicas y las sociedades por sus aportaciones al mecenazgo? El alcance de los recortes presupuestarios a instituciones y proyectos culturales es tal que urge la aprobación de la prometida ley para salir de una situación que, en algunos casos, es ya de parálisis. Sin embargo, la importancia de esos porcentajes no debe hacer perder de vista otros aspectos que son igual de decisorios.

Hace unos días, un congresista afirmaba que el mecenazgo es “una alternativa real a la financiación pública”. No es cierto. El mecenazgo puede ser un complemento, en estos momentos imprescindible para la supervivencia de las artes. No es una alternativa porque, a no ser que se privaticen los museos públicos y se cierren los centros de arte, no puede sustituir a la financiación pública.

Las administraciones pueden clausurar teatros y auditorios, incluso venderlos, y retirar hasta el último céntimo a las industrias del cine o del libro pero, por ley, tiene la obligación de conservar, estudiar y difundir el patrimonio artístico público. Lo dicen el artículo 46 de la Constitución y el Reglamento de museos de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos (Real Decreto 620/1987). Se podría privatizar la gestión, pero sería muy improbable que una empresa obtuviera beneficios de un museo o centro de arte. En España, los únicos museos de arte que los tienen son los de la Fundación Gala-Salvador Dalí –privada–, que en 2011 logró un excedente de casi cinco millones de euros. La autofinanciación es, para la mayoría, una lejana utopía.

En julio de 2011, el Parlamento Europeo publicó el estudio Fomentar la inversión privada en el sector cultural, que ya advertía que “la tendencia a exagerar el potencial del apoyo privado como alternativa al apoyo público es controvertida, porque los fondos privados están disminuyendo con rapidez durante el periodo de crisis y muchas conclusiones confirman que existe una correlación positiva entre las funciones del Estado y de la inversión privada en la cultura”.

Y ponía como ejemplo al Reino Unido, donde aunque se pretende que la financiación de la cultura sea una “economía de tres pies”, en la que cada fuente aporte un tercio de los ingresos, la financiación pública representa de media el 53% de los presupuesto, los ingresos propios un 33% y la inversión privada un 15 %.

No hay que confundir autofinanciación con patrocinio o mecenazgo, que son solo una parte de ella. Hoy, en España, se considera un formidable éxito que los museos cuyo estatuto jurídico se lo permite –los que son fundaciones, principalmente– tengan un nivel de autofinanciación que supere el 50%. El museo español con un porcentaje más elevado es el Thyssen-Bornemisza, con un 85%. Las fuentes de ganancia más importantes del Thyssen son la tienda (25%), la venta de entradas (35%) y el alquiler de espacios para visitas privadas que, junto a los patrocinios, aporta un 25%.

Le sigue el Guggenheim Bilbao, con un 67% de autofinanciación en 2011; ha de tenerse en consideración que es un blockbuster turístico, que cobra un elevado precio de entrada, que paga por el uso de una marca internacional de gran atractivo para los empresarios –son 123 los miembros del programa corporativo–, y aun así, las administraciones vascas aportan más de 8 millones de euros anuales al museo. El Museo del Prado, también con muy buenas condiciones para conseguir fondos privados, ronda el 50% de autofinanciación, recibiendo del Estado algo más de 20 millones de euros.

No es lo normal. Museos como Artium, en Vitoria, que es fundación y que lleva ya diez años esforzándose para lograr engrosar su presupuesto mediante el capital privado, tiene hoy un 28% de autofinanciación. El Macba, en Barcelona, solo un 17%.

En una gran parte de museos y centros de arte españoles se consiguen apoyos muy puntuales a través de patrocinadores de algunas exposiciones o actividades pero no es habitual un compromiso de mecenazgo que se mantenga en el tiempo.

La financiación privada de la cultura no es el lema universal. En Alemania, con un 20% de deducción fiscal, solo cubre un 6% de las inversiones culturales y en 2010 las administraciones aumentaron, en plena crisis, los presupuestos de cultura en un 4,1%. Si en España se pasara del 25%- 35% –particulares y sociedades– de deducción al 65%-55%, sería de esperar una mayor predisposición al apoyo económico a la cultura. Pero hay que hacer mucho más.

La evolución de las cifras en otros países indica que el mecenazgo cultural está en retroceso. En Francia, que modificó su legislación en 2003 para favorecer el mecenazgo –deducción del 66% para particulares y 60% para sociedades–, Admical (Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial) advierte que, aunque se mantiene más o menos el total de las aportaciones de las 40.000 empresas que practican alguna forma de mecenazgo, el cultural supuso solo el 26% de ese total en 2011, frente a un 39% en 2008.

En Gran Bretaña, el Arts Index demuestra que las aportaciones privadas a la cultura descendieron en los últimos tres años un 17% para las empresas y 13% para los particulares. En Estados Unidos, que apenas se debería considerar por las abismales diferencias, también ha descendido la allí llamada filantropía; el US Art Index informa de que aunque las donaciones a las artes han aumentado, desciende el share en el mecenazgo general hasta solo un 4,5%. Desde 2007, el mecenazgo cultural corporativo ha descendido un 48%; el impacto es menor de lo imaginable, ya que el mecenazgo personal y del tercer sector es allí mucho más importante que el empresarial.

En España no se cuenta con este tipo de informes. Nadie sabe cuál es la aportación actual de las empresas y los particulares a la cultura, y es un dato que se debería tener para evaluar la eficacia de la nueva ley y las medidas que la puedan acompañar. Durante muchos años las cajas de ahorro fueron, a través de su Obra Social, los patrocinadores y mecenas más importantes de la cultura, y daban cifras; algunas intentan mantener la filosofía que las guiaba pero los descalabros de muchas cajas y la transformación en bancos de las que han sobrevivido ha hecho caer en picado su labor de apoyo a la cultura. El Ministerio de Hacienda tendría que recuperar toda esa información.

Las voces en contra

Tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña los gobiernos están estudiando reducir las ventajas fiscales del mecenazgo. Antes de aprobar unas nuevas condiciones, el gobierno español debería hacer cuentas a largo plazo y pactar con los grupos políticos una estabilidad para los incentivos y los programas relacionados con el mecenazgo.

En Gran Bretaña se argumenta ahora que han de rebajarse las deducciones para incrementar la contribución fiscal de los ricos. ¿No se sabía ya que las elevadas desgravaciones al mecenazgo favorecen a las grandes fortunas? Dar pasos atrás puede tener consecuencias muy negativas, sobre todo cuando no hay intención de cubrir con dinero público los ingresos que se pierdan. No conviene introducir rebajas en las deducciones a causa de las dificultades presupuestarias porque va a costar mucho esfuerzo y mucho tiempo alcanzar los objetivos que se fijen en España. Pero ¿se identificarán esos objetivos?

En Estados Unidos, donde cada organización traza de manera independiente sus propios planes para financiarse, se hacen campañas de fundraising para conseguir fondos, casi siempre dedicados a un proyecto concreto: constitución de un endowment o fondo de inversión, ampliación o reforma de un edificio, adquisiciones…

En Gran Bretaña, el Gobierno ha ido creando programas de incentivos al mecenazgo como Catalyst Arts, que premia a las instituciones culturales por sus esfuerzos para conseguir ciertas cantidades a través de las aportaciones privadas.

También hay que tener claro que el modelo del mecenazgo es difícilmente compatible con la tendencia actual a reducir aún más la autonomía de gestión de las instituciones culturales. Hoy hay muchos museos y centros de arte en España que ni siquiera tienen un estatuto jurídico propio: dependen directamente de un ayuntamiento o una comunidad autónoma. Los patrocinios que reciben, o son en especie o van a la Hacienda correspondiente.

Así que, si una empresa entrega dinero a un centro municipal sin autonomía, ¿será mecenas del centro o del ayuntamiento? Para algunos es incluso legalmente imposible recibir patrocinios. Hasta hace unos meses La Panera, en Lleida, no podía recaudar ni un euro privado, por recibir el 50% de su presupuesto de la Generalitat.

La Ley de Mecenazgo no es la única modificación legal que habría que hacer. El Museo del Prado y el Museo Reina Sofía han conseguido transformarse en organismos especiales dentro de la Administración, con su propia ley, y parten de una buena posición en la lucha por el mecenazgo que se avecina. O quizá no tan buena, pues el Reina Sofía está creando ya una fundación paralela que le permita optar a fuentes de financiación internacionales.

El Gobierno se ocupará de que los museos estatales reúnan las mínimas condiciones necesarias para recibir fondos privados, pero ¿y el resto? La tendencia es la contraria.

La Comunidad Valenciana ha anunciado un holding de cultura que, se admite ya, podría suponer la pérdida de la actual personalidad jurídica de las entidades agrupadas en él. Para celebrar el 75 aniversario del bombardeo de Guernica el gobierno vasco ha creado una fundación privada –integrada exclusivamente por responsables de su Departamento de Cultura– que se ocupará de “las gestiones administrativas, la planificación y la ejecución” del programa. Es decir, si no se emprende una transformación jurídica en profundidad de las instituciones culturales públicas se pondrán en marcha más operaciones como esta, no ilegales pero sí contrarias a la regulación uniforme propia de la Administración.

La lucha por el mecenazgo

La competencia será encarnizada. Al hablar del “fin de la cultura de la subvención” se tiende a identificar el mecenazgo y la cultura, pero no es esta su principal destinataria. En todos los países mencionados, las acciones sociales, la educación, la sanidad y –en varios– el deporte son los ámbitos prioritarios del mecenazgo.

El informe Admical del pasado año llegaba a recomendar que se favoreciera el mecenazgo cultural con mayores desgravaciones para equilibrar el reparto. Con la crisis los servicios sociales complementarios se hacen imperativos y, dado que el mecenazgo es una herramienta de imagen para las empresas –y se comprende que hay causas que espolean la generosidad–, la desventaja se acentúa.

Aun dentro de la cultura, los programas candidatos al mecenazgo con un componente educativo o solidario tendrán muchas más posibilidades de éxito. Así lo confirma el informe francés: dominan las acciones enfocadas al público, con un 47% a la difusión y un 34% a la sensibilización, y solo el 31% se invierte en apoyar la creación propiamente dicha. El documento también refleja la distribución del mecenazgo cultural entre las formas de arte: un 39% a la música, 19% a las artes escénicas y 19% a museos y exposiciones.

Es de prever que, en España, muchas empresas prefieran invertir en la conservación del patrimonio histórico que en la creación actual. Si la nueva ley mantiene el actual concepto de “actividades prioritarias de mecenazgo”, estas deberían utilizarse para equilibrar las tendencias.

Hasta ahora, el Gobierno ha priorizado los acontecimientos deportivos, las conmemoraciones culturales con tintes ideológicos y, lógicamente, la restauración. Es muy posible que la educación pase a ser la gran prioridad gubernamental.

Las universidades se preparan ya para la liza y, así, el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, ha declarado que “la única alternativa para dotar de mayor financiación a la universidad es la Ley de Mecenazgo”. Por su parte, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Juan Jiménez, ha anunciado una gran campaña para la recaudación de fondos privados.

¿Están preparadas las instituciones artísticas españolas para esta competencia? Evidentemente no. Para que el modelo funcione es necesario que se pongan en marcha programas urgentes de formación de fundraisers y es posible que tengan que recurrir a profesionales de otros países para cubrir la carencia. Los grandes museos extranjeros disponen de amplios equipos para la captación de apoyos y eso requiere una notable inversión en personal.

También será necesario hacer un esfuerzo para adaptarse a nuevos conceptos en la gestión cultural, como el de financiación pública subordinada a “contratos por objetivos”, el de los correspondants mécénat o corresponsales para el mecenazgo que tiene el Ministerio de Cultura francés en las instituciones que dependen de él o el de los clubs de empresas que se asocian para apoyar económicamente a un museo o programa.

Ya existen formas de micromecenazgo en los museos. El Louvre lanzó la campaña “Todos mecenas”, que le permitió adquirir Las tres gracias de Lucas Cranach –con 1,26 millones de euros de 7.200 donantes individuales– y ha apelado también al público para la restauración de los llamados Tesoros de El Cairo. El Museo Georges de la Tour lanzó una suscripción popular de 100.000 euros para comprar un cuadro de Simon Vouet, para el que solo consiguió 30.000, pero finalmente sí pudo adquirir.

La experiencia de otros países indica que las empresas no entregan fondos para el funcionamiento corriente de los museos o centros sino para actividades determinadas. Así que hay que diseñar esas actividades de acuerdo a las preferencias de los mecenas.

En la mejor de las situaciones futuras, tras la publicación de la nueva ley, las empresas encontrarían suficientemente atractivas las deducciones fiscales y asumirían su responsabilidad social; con su apoyo, muchos museos y centros de arte volverían a respirar, aunque muchos mantendrían una constante ansiedad por conseguir fondos suficientes. ¿Qué consecuencias negativas podría tener el modelo de financiación mixta? Hay varias tendencias que ya se han observado en el entorno europeo y que hay que tener en cuenta para que no se den en España:

– Las grandes empresas quieren colaborar con las grandes instituciones. El mecanismo del co branding exige que la marca del museo o centro de arte sea prestigiosa y tenga la mayor visibilidad mediática. A los pequeños centros de arte les resultará difícil seducir a empresas.

– Se pueden profundizar las diferencias geográficas. En Gran Bretaña, Londres obtiene un 250% más de aportaciones privadas que la siguiente región en el ranking. Centralidad política, concentración del poder económico y atractivo turístico son factores determinantes.

– Creer que el mecenazgo solucionará los problemas de financiación puede llevar a la dejación de responsabilidades. En Italia, con las desgravaciones más elevadas –100% para las empresas–, el patrimonio se cae a trozos. Pompeya, el Coliseo o la ciudad de Venecia corren peligro inminente. El Estado dedica solo un 0,21% de su presupuesto a la cultura, cinco veces menos que Francia.

– La financiación privada es inestable. Aunque la pública también lo sea hoy; las dificultades económicas o el cambio de prioridades para una empresa pueden hacer que retire su apoyo a una institución de hoy para mañana, comprometiendo su programación y sus actividades.

– La presión de la autofinanciación puede llevar a un aumento de los precios de entrada, o a cobrarla. Ya está pasando: el CAAM en Las Palmas y el Musac en León dejaron de ser gratuitos. Se dificultaría el acceso a la cultura.

– Las empresas se asocian a instituciones o programas que transmitan valores afines a ellas. Esto puede afectar a los contenidos, privilegiando un arte amable, nunca conflictivo, fácil para el público. Se evitaría el riesgo y se favorecería la cultura-espectáculo, que genera mayores audiencias.

– El factor social entraría de lleno en las instituciones culturales. Lo vemos sobre todo en Estados Unidos: los eventos para captación de millonarios, las visitas privadas… Se puede crear una barrera entre categorías de usuarios.

En conclusión: es perentorio reunir datos, elaborar estudios, encuestas…, tener en cuenta todas las variables legales, sociales y económicas para desarrollar las mejores estrategias, haciendo todo lo posible para salvaguardar la independencia y el compromiso con la creación de las instituciones culturales. Y el Gobierno tiene que hacer una labor de concienciación de los ciudadanos sobre el valor de la cultura porque, si no, no habrá quien la “compre”.

Por Elena Vozmediano

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