La innovación social se da cita en Madrid

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Nada nuevo en el horizonte. La situación económica permanece igual y según el día, peor. Los recortes suceden a otros de mayor envergadura y las subidas de impuestos ahogan un poco más a los españoles. Este es el contexto en el que España se ve inmersa ante una crisis económica mundial que no deja títere con cabeza.

Ahora está tocando el más difícil todavía con unas decisiones nada populares pero absolutamente necesarias, según el Gobierno que lidera Mariano Rajoy. Pero, ¿hay alguna otra alternativa? El Ayuntamiento de Madrid, a través de su recién estrenado Oficina de Colaboración Publico Privada e Innovación Social, junto a Dartington, ha organizado una conferencia de carácter internacional para compartir distintas experiencias que ayuden a vislumbrar otras opciones a los recortes en lo que a materia social se refiere.

Bajo el título «La evaluación de la calidad y la eficiencia en los programas de intervención social», se reunieron en Madrid los días 16 y 17 de abril de 2012 representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y España señalando la evaluación de los proyectos como fundamental para discernir las actuaciones eficientes de las que no lo son y así orientar la inversión social hacia la eficacia y no tanto al buenismo que habitualmente tiñe al tercer sector.

«En un contexto económico como el actual en el que ha sido preciso reajustar el presupuesto público se ha puesto de manifiesto la necesidad de una reflexión rigurosa sobre la efectividad de las actuaciones desarrolladas desde los distintos niveles de gobierno», afirma Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, durante la inauguración de las jornadas.

«La austeridad ya no es una opción, es una obligación, ahora y en el futuro. El Ayuntamiento de Madrid ha adoptado medidas para controlar el gasto y asegurar un uso más racional y eficaz de los recursos públicos», añade la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que subraya la importancia de la medición de impacto de las acciones: «No es justo ni asumible para una sociedad dar una cantidad de dinero sin valorar después si se han logrado los objetivos perseguidos».

De la misma opinión es Concepción Dancausa, concejala de Hacienda y Administración Pública, que aboga por «buscar fórmulas más eficientes para dar mejores respuestas a las demandas de los ciudadanos», basándose en dos conceptos para avanzar en el proceso de modernización: «Eficiencia, buscamos formas de lograr un mayor impacto incluso con recursos más limitados, y evaluación, porque si sabemos qué programas funcionan y cuáles no, podremos dedicar nuestros esfuerzos a los primeros y rediseñar los segundos para mejorar su eficacia».

Ian Duncan Smith, ministro de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, explicó cómo la falta de medición de impacto puede alcanzar unos resultados ficticios y equívocos ejemplificándolo del siguiente modo: En Reino Unido si una familia tiene menos del 60% de los ingresos medios, se dice que es pobre, y no lo es si tiene el 60% o más. De tal forma que si una familia está una libra por debajo del nivel de pobreza, la solución es fácil: aumentar en una libra la ayuda. Si lo que interesa es la cifra, habrá una familia pobre menos, pero si se analizan los verdaderos resultados seguramente se descubra que ese dinero habrá tenido pocos efectos o ninguno.

El problema es que cuando se tienen unas políticas sociales obligadas a centrarse en cuánto dinero se gasta en vez de en qué efectos tiene, el resultado más probable, como explica Duncan, es que: Se tienda a tratar los síntomas en vez de sus causas; no se preste suficiente atención a financiar programas que realmente funcionen, y se produzca una falta de compromiso con el gasto, afectando a muchas organizaciones benéficas que ven cómo se les conceden ayudas y retiran en función de las prioridades políticas del momento.

Durante los dos días que duró el encuentro, patrocinado por Ferrovial, Fundación Telefónica, Steelcase y NH Hoteles, se mostraron diferentes iniciativas tanto privadas como públicas de cómo tratar de alcanzar los mejores resultados posibles en los programas dedicados a la infancia en riesgo, que sirvió para materializar en un tema concreto la relevancia de la innovación social.

Así, se expusieron algunos ejemplos de programas basados en la evidencia que bien pueden ser tenidos en cuenta por la iniciativa pública y privada española. Programas como el Nurse Family Partnership y el Multi-systemic Therapy son el resultado de la unión de la ciencia, con unas muy rigurosas metodologías de evaluación y el reconocimiento de la importancia que tiene la fidelidad a los procedimientos del programa original.

Los programas que se conocieron a lo largo de la conferencia estaban íntimamente ligados a las propuestas que en las palabras inaugurales de los representantes políticos españoles y británicos se manifestaron: la necesidad de pasar de los inputs a los outputs, del análisis de «lo que se hace» en cada programa al análisis de «lo que se consigue».

Coyuntura española e internacional

Durante muchos años, en España no se ha tenido la necesidad de medir porque ha abundado el dinero tanto público como privado y ha bastado con buenas intenciones para que financiar un programa tuviera sentido. Pero se ha dejado a un lado la idea de que los programas sociales son una inversión y que como tal tienen que tener un retorno medible en dos variables: indicadores personales y sociales de mejora del bienestar de la sociedad y dinero que se recupera de esa inversión.

De cualquier manera, lo que parece estar tomando fuerza en la actualidad, y así quedó de manifiesto durante la conferencia, es que, como señaló Botella, «es momento de que las administraciones públicas olviden sus reticencias a la hora de asumir riesgos e incentiven nuevas ideas orientadas a la colaboración entre los distintos sectores». Y es que la evidencia muestra que el Estado no puede mantener todo el peso de la financiación de los programas de intervención social.

La actual crisis económica hace necesaria la colaboración de la administración pública, las entidades privadas y el tercer sector para encontrar soluciones conjuntas para problemas comunes.

Si se puede demostrar a través de la medición de resultados que un programa es eficaz, y que si por ser eficaz, a medio o largo plazo, los beneficios son mayores que los costes, y que por tanto se gana más de lo que se invierte, no debería resultar difícil promover la incorporación de la iniciativa privada, de las fundaciones y de las empresas, a la financiación de los programas sociales. De esta lógica surge la política de «pago por retorno» y más concretamente la creación de los denominados «bonos sociales», como ya adelantara Compromiso Empresarial en Bonos de impacto social: Financiando el éxito y no solo las buenas intenciones.

Los programas de pago por resultado están financiados por el gobierno, pero los llevan a cabo proveedores externos, que recibirán la dotación al completo según los resultados que obtengan al finalizar el proyecto. Es el método que está tomando forma para terminar con la situación del pasado, cuando, en palabras de Duncan, «los gobiernos dilapidaron mucho dinero en programas con la esperanza de que tuvieran éxito y como consecuencia, el contribuyente tuvo que asumir los riesgos cuando fracasaron».

Un ejemplo de este tipo de programas que está llevando a cabo Reino Unido está directamente relacionado con la primera preocupación de los españoles, según los últimos datos correspondientes al mes de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): el empleo (81,7%). Se trata de identificar organizaciones que puedan ayudar a desempleados de más de un año de duración (en casos particulares, menos) a conseguir un trabajo.

Disponen de libertad en la metodología utilizada; el objetivo es que ese desempleado no solo logre un puesto sino que lo mantenga, y para ello, es importante que el propio empleado desee trabajar y no vivir de los subsidios. La organización recibe un importe inicial para poder llevar a cabo ese programa de formación y acompañamiento al desempleado, pero no recibirá la totalidad de la financiación hasta que no se demuestren los resultados.

«Un proveedor puede ganar 4.400 libras por ayudar a una persona que cobra el subsidio de desempleo a volver a trabajar, pero puede ganar casi 14.000 libras si ayuda a alguien que antes vivía de ayudas por discapacidad y logra que siga trabajando durante dos años», explica Duncan. Los pagos se financian con los fondos de los subsidios ahorrados.

Además, se firman contratos de siete años, de tal manera que los proveedores pueden tener la seguridad de que obtendrán la financiación si logran los resultados pactados. Además, al pagar por resultados, el contribuyente es garante de que su dinero es de provecho.

Por otra parte, los «bonos de impacto social» tienen el objetivo de aunar la rentabilidad económica con la acción social, de tal manera que un inversor pueda obtener beneficios a través de una ayuda social. Este es el modelo utilizado en el proyecto de Peterborough en el Reino Unido, donde los inversores pagan a las entidades benéficas para que lleven a cabo programas de rehabilitación con reclusos. Si la reincidencia cae en un 7,5%, los inversores recibirán unos beneficios del 7,5%, que serán pagados por el gobierno en base a la reducción de los costes.

Diferentes alternativas para financiar programas sociales que están dando los primeros pasos, pasos que pueden convertirse en la oportunidad de innovación social, que las crisis económicas tienen por costumbre dar.

Por Esther Barrio
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