El tercer sector encuentra aliados entre los nuevos gobiernos regionales

El cambio político acontecido a nivel general tras las últimas elecciones locales y autonómicas está dando esperanza a organizaciones como la Plataforma Tercer Sector, que ve cómo sus propuestas de precampaña no están cayendo en saco roto. De hecho, ya empiezan a sopesarse en pactos de formación de Gobierno e, incluso, están presentes en algunos parlamentos.
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En los últimos comicios celebrados en España el 24 de mayo, los partidos con programas de mayor contenido social y de búsqueda de la transparencia entraron con fuerza en las asambleas locales y autonómicas.

Una muestra de la importancia que los votantes están dando a movimientos de este corte. Y un apoyo para todas esas asociaciones, fundaciones y agrupaciones que trabajan día tras día con la intención de erradicar la pobreza, la desigualdad social, la corrupción y otras mil y una malas praxis que se han disparado en España durante los años de la crisis.

Una de las más representativas, la Plataforma Tercer Sector (fundada por organizaciones tan reconocidas como Cruz Roja, Cáritas y ONCE, entre otras), se reunió con todos los grandes protagonistas políticos del momento para plantearles su Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión.

Éste contemplaba medidas relativas a empleo, vivienda, educación, sanidad, pobreza infantil o eficiencia energética, entre las que destacaba la creación del Fondo Autonómico contra la Exclusión Social y la Pobreza, financiado por, al menos, el 5% del total del presupuesto global de cada comunidad autónoma.

Una bolsa de unos 7.000 millones de euros que servirían para reducir el número de personas que en estos momentos hay en riesgo de pobreza y exclusión, casi 13 millones según datos de la Plataforma.

Para el Consejo General de Economistas, esta propuesta debería valorarse sin perder la perspectiva de la deuda que las comunidades arrastran: “El ejercicio pasado el conjunto de las administraciones públicas tuvieron un 5% de déficit, y este año, con un poco de suerte, registrarán unas décimas menos”, vaticina Valentí Pich, presidente de la entidad.

En su opinión, el Estado cuenta ya con una de las mejores redes de labor asistencial: Seguridad Social, pensiones, educación… son partidas que se llevan la inmensa mayoría de los presupuestos. “Yo creo que más que calcular cantidades hay que buscar fórmulas para gestionar bien lo que ya se está haciendo”, opina.

No obstante, desde la Plataforma se ha matizado el contenido de su petición: “El objetivo era conseguir que cada comunidad destinara ese 5% a programas como el de asignar una renta mínima para aquellas personas que están bajo el umbral de la pobreza; de promoción de la economía social; de planes de vivienda, etc.”, afirma Carlos Susías, vicepresidente de la Plataforma Tercer Sector.

Y, de momento, ya hay varias comunidades de diferentes signos políticos que han escuchado sus peticiones: “En la región de Murcia se quiere implementar la renta mínima o renta básica de inclusión; por otro lado, en Castilla-La Mancha se está estudiando un plan de 500 millones de euros para políticas sociales, con incentivos para el empleo, entre otras medidas, y eso ya es más del 5% que pedíamos”.

Según el representante de la organización, en general, todas las agrupaciones políticas han incluido en sus programas electorales parte de las medidas propuestas, aunque con ciertos matices.

“Las medidas sobre renta mínima o sobre desahucios han estado muy en sintonía con partidos como Izquierda Unida o Podemos; las relacionadas con la implementación de la economía social fueron bien acogidas por el Partido Socialista y el Partido Popular; y Ciudadanos ha incluido los temas de transparencia y de apoyo a saltar el umbral de pobreza”, asegura.

Se buscan herramientas de medición

Susías también es presidente de uno de los miembros fundadores de la Plataforma Tercer Sector: la división española de la European Anti Poverty Network (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social – EAPN).

Esta organización también instó a los partidos a firmar el Pacto contra la Pobreza durante la época de campaña electoral, un documento que comprometía a los futuros gobiernos regionales a plantearse objetivos reales para reducir el número de personas en riesgo exclusión, la tasa de abandono escolar, aumentar la tasa de ocupación y mejorar otra serie de variables asociadas a este ámbito.

Entre otras propuestas, la EAPN solicitaba que se mejoraran y racionalizaran las actuales leyes autonómicas sobre rentas mínimas “para que permitan un nivel de vida digno”, y que se implantara una prestación económica por hijo menor de edad para todas las familias con ingresos en el umbral de la pobreza (60% de la renta mediana).

El Pacto también marcaba un eje de políticas de inversión social en capital humano, “con sistemas de formación, recualificación y capacitación a lo largo de la vida para mejorar la empleabilidad”; en innovación, “apoyando la creación de empleo mediante proyectos trasformadores y sostenibles de la economía social”; y en incorporación, “estableciendo mecanismos para que las personas que se han visto gravemente afectadas durante la crisis por la sobreexposición del crédito hipotecario puedan tener una segunda oportunidad”.

Éstas son sólo algunas medidas de una larga lista de deseos que, según Elisabet Garriga, profesora de Política de Empresa y directora del Centro de Corporate Sustainability Impact de EADA Business School, tiene buenas intenciones pero está poco desarrollada. “Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones, entendemos que va a haber una voluntad política de potenciar medidas hacia el campo de lo social. Eso sí, para invertir en ello hay que dejar de financiar otras partidas”.

Una elección difícil de abordar que, para la profesora de EADA, sería más fácil de solventar si se pudiera calcular de forma aproximada el resultado de cada propuesta. “Lo interesante sería empezar a medir impactos, que cada ONG analizara concienzudamente los logros obtenidos en cada uno de sus programas puestos en marcha. Muchas veces no se atiende a sus peticiones porque no se muestran resultados”.

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Esther Duflo, cofundadora y directora del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab

Un ejemplo a seguir

En su opinión, un caso del que aprender es el del Laboratorio de Acción Contra la Pobreza de Esther Duflo, una economista francesa recientemente galardonada con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. “Pone al servicio de la inversión social todos los métodos rigurosos de estadística para comprobar qué medidas tendrán el efecto deseado”, explica Garriga.

Y es que, gracias a los trabajos de Duflo, se han encontrado métodos de bajo coste para hacer crecer la tasa de escolarización en los países en vías de desarrollo o para aumentar el número de vacunaciones.

Duflo es profesora de Reducción de la Pobreza y Economía del Desarrollo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y codirectora y fundadora de la organización anteriormente mencionada, cuyo nombre oficial es el de Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab.

Ésta está integrada por una red de profesores de todo el mundo cuyo máximo interés es el de reducir la pobreza a través del estudio, desarrollando fórmulas basadas en resultados reales y evidencias científicas recogidos de su colaboración con ONG, organismos internacionales y gobiernos.

El objetivo es el de vaticinar gracias a esas fórmulas el resultado que tendrían algunas medidas de acción social en entornos poco desarrollados. Una idea innovadora que los miembros del jurado de los premios Princesa de Asturias no han dudado en gratificar por sus “decisivas contribuciones a la economía del desarrollo y al estudio de las políticas contra la pobreza”.

Según sus 16 miembros, Duflo ha aplicado de forma original métodos experimentales para evaluar la eficacia de las políticas contra la desigualdad económica y social, especialmente en África, Asia y Latinoamérica.

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