¿Cuáles son los compromisos sociales de los nuevos gobiernos regionales?

Si hace unas semanas ‘Compromiso Empresarial’ exponía las peticiones que diversas organizaciones, enlazadas de una u otra manera al tercer sector, habían solicitado a los políticos en campaña, ahora toca poner sobre la mesa los compromisos sociales de los nuevos gobiernos, marcados sin excepción por los pactos.
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Desde que se celebraran las últimas elecciones el pasado 24 de mayo, se han visto semana tras semana toda una serie de pactos entre partidos, tanto de izquierda como de derecha. La gran mayoría ha destacado por sus medidas de corte social y de fomento de la transparencia, gracias a la entrada en escena, con bastante fuerza, de partidos como Ciudadanos o Podemos.

Los ayuntamientos de toda España llevan funcionando ya varias semanas sin descanso, pero los 14 gobiernos regionales afectados por el cambio electoral (entre los que no están los de Cataluña, País Vasco y Galicia, con comicios propios, y sí Andalucía, a pesar de que adelantara a marzo sus elecciones al Parlamento) prácticamente acaban de conformarse, tras arduas negociaciones.

Ahora, tienen por delante un duro trabajo para contentar a aquellos que les han dado su apoyo para gobernar, especialmente sus correspondientes consejeros (o, mejor dicho, consejeras, ya que la mayoría son mujeres) de asuntos sociales.

Andalucía

Aunque sus elecciones al Parlamento se adelantaron a marzo, el nuevo Gobierno regional del PSOE no ha podido formarse hasta pasados los comicios de mayo. Susana Díaz se mantiene como presidenta de la Junta gracias al apoyo de Ciudadanos, y su equipo se ha comprometido a poner sobre la mesa varias leyes de carácter social: de servicios sociales, de violencia de género, de igualdad, de juventud, de discapacidad… además de otra que garantizaría una renta mínima “para una vida digna”.

La mayoría de estas medidas serán gestionadas por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, cuya máxima representante es María José Sánchez. Según ésta, la Junta también apostará por aumentar un 10% el presupuesto de dependencia, una medida que supondría recortar otras partidas, puesto que Andalucía destina ya más de 1.130 millones de euros a este ámbito, prácticamente lo mismo que el Gobierno central para toda España.

Aragón

El PSOE ha vuelto a coger las riendas de tierras aragonesas gracias al apoyo del CHA, IU y Podemos. Por el momento, ya ha dado un primer paso para la elaboración de su Ley de Renta Básica: la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales ha iniciado conversaciones con entidades y colectivos que trabajan diariamente con los aragoneses más necesitados, con el fin de recoger sus aportaciones y redactar “con la máxima urgencia” el anteproyecto de Ley, como ha asegurado la consejera María Victoria Broto.

Según los cálculos del Gobierno regional, esta norma costará entre 80 y 90 millones de euros.

También se han dado pautas en materia de educación: el nuevo Ejecutivo se ha comprometido a no cerrar los colegios del medio rural con cuatro alumnos y a no clausurar las once aulas cuyo cierre estaba previsto para el próximo curso en la ciudad de Zaragoza.

Asturias

Ha sido la última Comunidad en formar Gobierno, dos meses después de las elecciones. Después de tres intentos, el parlamento ha elegido a Javier Fernández, el candidato del PSOE, para ponerse al frente del Principado.

Lo ha conseguido gracias al apoyo de IU, con el que ha acordado llevar a cabo medidas de rescate ciudadano para evitar la malnutrición infantil y los desahucios que dejen a familias en la calle, que pasará por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, regida desde hace escasos días por Pilar Varela.

También está pendiente un plan contra la pobreza energética, destinado a ayudar a los hogares más pobres a pagar sus facturas de luz, gas y agua.

Por otro lado, se van a potenciar leyes de transparencia y participación, con disposiciones que dificulten la entrada de cargos públicos en la empresa privada, que faciliten las consultas a los ciudadanos y reduzcan los requisitos para la admisión de iniciativas legislativas populares.

Fina Santiago, consejera de Asuntos Sociales de Islas Baleares
Fina Santiago, consejera de Asuntos Sociales de Islas Baleares

Baleares

PSOE, Podemos y MÉS también han pactado en Baleares para convertir a Francina Armengol en presidenta de la Comunidad. Ésta ha nombrado a Fina Santiago consejera de Asuntos Sociales, que tendrá que poner en marcha la Renta Básica Progresiva, un plan de choque contra la pobreza y la Ley de Servicios de Dependencia, entre otras.

El acuerdo también incluye un rescate energético y medidas para luchar contra la corrupción, como la Ley de Transparencia y el Buen Gobierno, la publicación de la agenda de los diferentes cargos públicos y facilitar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular reduciendo el número de firmas.

Canarias

El nuevo Gobierno insular de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), apoyado por PSOE y Agrupación Socialista Gomera, ha comenzado su andadura aumentando su número de consejerías de ocho a diez, encareciendo el gasto algo menos de los 500.000 euros.

Según el Ejecutivo, este nuevo organigrama es vital para impulsar una “transformación social” en las Islas, un cambio que le acarreará mucho trabajo a Patricia Fernández, vicepresidenta y consejera de Empleo, Vivienda y Asuntos Sociales.

Canarias se enfrenta en estos momentos a más de 340.000 desempleados según la EPA, 234.000 de ellos de larga duración. Además, más de 120.000 de los parados registrados ya no recibe ninguna prestación; en total son 47.000 familias las que viven sin ingresos en las Islas, donde urge especialmente una Ley de Renta Básica.

Cantabria

El nuevo Gobierno cántabro, comandado una vez más por el regionalista Miguel Ángel Revilla en alianza con el PSOE, ya ha empezado a moverse en materia social.

Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, se entrevistó recientemente con los representantes de Cáritas, Banco de Alimentos y Cruz Roja, con los que coincidió en la necesidad de darle un mayor protagonismo al Consejo Asesor de Servicios Sociales.

Por otra parte, ya se está preparando un plan de emergencia en este campo y desde la consejería se ha pedido asesoramiento a las divisiones cántabras de estas organizaciones, con el fin de poner en práctica políticas necesarias y eficaces de cara a la nueva temporada.

Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha
Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha

La nueva consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, tiene por delante un arduo trabajo para poner en práctica todas las medidas que aparecen en el acuerdo que PSOE y Podemos firmaron para convertir a Emiliano García-Page en presidente de la Comunidad.

Para empezar, debe establecer de inmediato Procedimientos de Emergencia Ciudadana (PEC): agilizar las tramitaciones y cobros de las Ayudas de Emergencia Social y de los Ingresos Mínimos de Solidaridad.

Igual de inmediato debe ser el Plan de Rescate Habitacional, por el cual la Administración se compromete a no llevar a cabo ningún desahucio sin dar una alternativa de alquiler social o procurar una mediación con la entidad financiera implicada para aplicar un plan de reestructuración de deuda.

Castilla y León

El Ejecutivo en el que se mantiene Juan Vicente Herrera, del PP, ha arrancado con fuerza su nuevo mandato: hace unos días firmaba un acuerdo con PSOE, Ciudadanos y Podemos para trabajar de forma conjunta en la reforma estatutaria, la ordenación territorial, la financiación autonómica y la reindustrialización para crear empleo de calidad.

Las medidas adoptadas de corte más social estarán gestionadas por Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Herrera también se ha visto obligado a firmar el documento de regeneración democrática y contra la corrupción que Ciudadanos le puso sobre la mesa para mantener su presidencia, una rúbrica que le obliga a aceptar que los imputados por corrupción abandonen cargos públicos y de partido, y que los candidatos a la secretaría general sean elegidos mediante un proceso de primarias.

Extremadura

Desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, comandada por José Mª Vergeles, hay un compromiso claro para llevar a cabo en los próximos meses: desatascar y sanear el sistema de Renta Básica ahora existente.

Según el diputado de Podemos, Daniel Hierro, existen 2.500 solicitudes aprobadas desde enero que aún no se están pagando. Para ponerse al día, la Junta debería desembolsar 5 millones de euros en un año. “Teniendo en cuenta que el PSOE llevaba en su programa la dotación de 80 millones de euros anuales para renta básica, es bastante probable que se lleve a cabo”, ha asegurado Hierro.

Por otra parte, el nuevo Gobierno ha reducido de siete a cinco el número de consejerías, suprimirá el Consejo Consultivo y reducirá un 25% el presupuesto de la Asamblea de Extremadura.

Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid

Madrid

El PP se mantiene en el Gobierno madrileño gracias al apoyo recibido por Ciudadanos, aunque ahora con Cristina Cifuentes a la cabeza, que ha nombrado a Carlos Izquierdo consejero de Políticas Sociales y Familia.

Éstos tienen cuatro años para cumplir toda una serie de compromisos, entre los que destacan varias medidas anticorrupción, como la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado o la eliminación de todos los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos de la Comunidad, entre otras.

En lo referente a transparencia, se ha solicitado la realización de una auditoría económica externa de los últimos ocho años de Gobierno de la Comunidad antes de junio de 2016. Sus resultados deberán estar disponibles en la web oficial del Ejecutivo regional.

Por otra parte, se pondrá en marcha el portal de la Transparencia, una web que recopilará toda la información pública existente, haciéndola accesible a todos los ciudadanos.

Murcia

En este caso, las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, gestionada por Violante Tomás, y de Fomento e Infraestructuras, con Francisco Bernabé al frente, han creado una comisión mixta de trabajo para coordinar e impulsar todas las políticas sociales en materia de vivienda.

En ésta participarán de forma consultiva los representantes de los servicios sociales de los ayuntamientos, los colegios profesionales y las asociaciones que trabajan en esta materia.

Se establecerán cuatro grandes líneas de trabajo, que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses: ayuda al alquiler; rehabilitación (sobre todo aquella encaminada a la accesibilidad); la erradicación de la infravivienda y el chabolismo; y la actuación de lucha contra los desahucios, un campo en el que la Región de Murcia es pionera, llegando a firmar convenios con entidades financieras para evitar los desalojos.

Navarra

La Comunidad Foral ha sido una de las últimas en conformarse. No es de extrañar teniendo en cuenta que han sido necesarias las firmas de cuatro agrupaciones políticas para darle el bastón de mando a Usue Barkos.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos Ahldugu e Izquierda-Ezkerra cerraron hace escasas semanas un acuerdo por el que el Gobierno navarro debe crear el Observatorio de Bienestar Social, que recopilará toda la información posible con el fin de orientar la planificación y el diseño de políticas sociales eficientes.

Por otra parte, se compromete a no privatizar más servicios públicos y a estudiar la eficacia de los concertados; a apostar por una financiación estable a las entidades sociales, preferentemente por medio de convenios; y a elaborar un nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales que distribuya de forma equilibrada servicios y prestaciones en las diferentes zonas de Navarra, de manera que se garantice a toda la ciudadanía el mismo acceso efectivo a todos ellos, entre otras medidas, que serán orquestadas por el equipo de Miguel Laparra, vicepresidente de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda.

Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja
Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja

La Rioja

El PP mantiene el poder en la comunidad riojana gracias, una vez más, al apoyo de Ciudadanos que, como en otras regiones, mantiene sus peticiones sobre transparencia y anticorrupción.

Otras medidas impulsadas por el partido naranja son: limitar a uno el número de sueldos de los cargos públicos electos, aunque tenga varios cargos; construir nuevos centros escolares y sanitarios en los municipios cuya demanda así lo requiera; e incrementar las dotaciones presupuestarias en sanidad, educación y servicios sociales en función de las necesidades y de la capacidad económica de la región.

A todas éstas y otras muchas acciones tendrá que enfrentarse el nuevo presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, que ha elegido a Conrado Escobar como consejero de Políticas Sociales, un departamento que durante los últimos años ha estado ligado a Sanidad y que a partir de ahora tendrá su espacio propio.

Comunidad Valenciana

Los pactos también han dado el poder a PSOE en la región valenciana. Ximo Puig se ha convertido en presidente con ayuda de Compromís (y con parte de Podemos).

Este partido ostentará la mitad de los cargos del Gobierno, quedándose, entre otros, con la Consejería de Bienestar Social, encabezada por Mònica Oltra.

El nuevo Ejecutivo se compromete a recuperar la educación y la sanidad como servicios públicos y universales, y eliminando el copago en los medicamentos de los pensionistas.

Por otra parte, Puig ha asegurado que será “beligerante contra la corrupción”, y ha destacado que no pagar impuestos o cobrar sobresueldos se han convertido en “líneas rojas” para los cargos públicos de la Generalitat.

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