El retorno voluntario de inmigrantes, ¿oportunidad o desahucio?

Desde hace un año, el Gobierno español ha vuelto a dar una oportunidad al llamado retorno voluntario: hasta el 30 de junio se pueden conseguir subvenciones para volver al país de origen, incluso si no se tienen papeles ni paro. Sin embargo, lo que parece una oportunidad para empezar de cero se convierte en algunos casos en un problema de gran envergadura.
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Durante los peores años de la crisis, el Gobierno español dio luz verde a diversos programas de retorno voluntario para todas aquellas personas extracomunitarias que decidían volver a su país de origen. El descalabro económico trató con especial dureza a la mano de obra extranjera que, a grandes rasgos, trabajaba en el sector servicios o en la construcción, y con unas condiciones contractuales muy poco prometedoras.

Fueron muchos los que perdieron su empleo (algunos sin papeles y sin paro) e, incluso, su vivienda, sin pocos visos a recuperarlo. Por eso, el Estado aprobó una serie de ayudas gestionadas por los Ministerios de Empleo y de Sanidad que les permitirían regresar junto con sus familias y, en algunos casos, arrancar un negocio más allá de las fronteras españolas.

Unas 28.000 personas se acogieron a estas ayudas durante los años que funcionaron, entre 2009 y 2014. “La mayoría de los que se fueron en los primeros años fueron ecuatorianos, peruanos y colombianos”, recuerda Iván Santos, director de Aculco, una de las asociaciones encargadas de asesorar y tramitar algunos de estos programas, localizada en Madrid.

Después de un año de parón en cuanto a subvenciones estatales, en abril de 2016 el Gobierno aprobó una nueva convocatoria que finalizará el próximo 30 de junio y que está dotada con seis millones de euros, cuatro millones más que en la anterior, de los cuales un 25% va con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. “En esta ocasión estamos notando una mayor afluencia de solicitudes de ciudadanos de Paraguay”, comenta Sana Elimlahi El-Kati, coordinadora del programa de retorno voluntario de Accem.

Tres modalidades

Existen tres tipos de retorno voluntario. El más utilizado durante los años duros de la crisis económica fue el programa de Atención social, dirigido a todos aquellos inmigrantes en situación de vulnerabilidad y al que se acogieron más de 16.600 personas entre 2009 y 2014. “En la nueva convocatoria parece que volverá a ser así, a nosotros nos llegan casos todas las semanas de esta variante y tenemos lista de espera”, apunta Santos.

Debe gestionarse a través de Servicios Sociales o de alguna de las ONG autorizadas por la Administración. Ellos son los que comprueban y determinan si la unidad familiar que ha realizado la solicitud ha estado, al menos, seis meses residiendo en España y si está en una situación difícil para recibir las ayudas. A partir de ese momento, la entidad que gestiona cada caso se encargará de toda la burocracia.

Existen tres modalidades de retorno voluntario, que van desde ayudas para los billetes de avión a subvenciones para futuros negocios o el pago del paro que reste por cobrar en España.

El Gobierno financia el billete de vuelta al país de origen para todos los miembros de la familia y ofrece una ayuda económica para gastos diversos (50 euros por persona hasta un máximo de 400 euros por familia) y para poder arrancar una vez se llegue al destino elegido (400 euros por persona hasta un máximo de 1.600 euros por familia).

“Por otra parte, asociaciones como la nuestra suelen añadir un pequeño suplemento al total aportado por el Estado”, afirma Juan Carlos Durán, coordinador del proyecto de Retorno Voluntario de Aculco.

Otra de las opciones es la del Retorno voluntario productivo, que le ofrece un apoyo económico a aquellos extracomunitarios sin derecho a paro pero con una idea de negocio que puede implantarse en su país de origen. Además del billete y de las cuantías antes descritas, en emprendedor recibirá entre 1.000 y 5.000 euros para poner en marcha su empresa. Éste es el menos solicitado: entre 2009 y 2014 se acogieron a él menos de 700 personas.

En esta variante se han especializado desde la asociación Aesco, que trabaja en Madrid, Barcelona y Valencia con ciudadanos de Colombia y Paraguay. Su portavoz, Aitor Florin, asegura que la mayoría de los proyectos que arrancan a través de este sistema están relacionados con la hostelería y la restauración.

“Desde que entran en el programa y viajan pueden pasar dos o tres meses, según esté de avanzado su proyecto. En la asociación intentamos retocar y adaptar su idea a la realidad del país en el que van a recalar, para evitar un fracaso inmediato”, explica Florin. De hecho, la asociación trabaja con socios locales para encontrar un espacio de trabajo adaptado a sus necesidades y realizar un seguimiento del proceso de asentamiento.

Finalmente, si se tiene derecho a paro, se puede optar al programa de ayudas complementarias al abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo, más conocido como APRE. De él pueden beneficiarse todas aquellas personas con residencia legal en España, nacidas en países extracomunitarios que tengan convenio bilateral en materia de Seguridad Social con el país, y sus familiares hasta segundo grado que retornen voluntariamente a sus países de procedencia.

Según el Ministerio de Empleo, cuentan con este convenio bilateral Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Japón, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Corea del Sur y Cabo Verde.

Más de 11.600 personas salieron de España durante los años duros de la crisis a través de la vía del retorno voluntario.

A parte de los Estados miembro de la UE, quedan excluidos de estas ayudas los apátridas y aquellas personas nacidas o con nacionalidad en el Espacio Económico Europeo. Aún teniendo esto en cuenta, más de 11.600 personas salieron de España durante los años duros de la crisis a través de esta vía.

El Estado financia, como en los casos anteriores, los billetes en su totalidad y gastos diversos hasta un máximo de 400 euros por familia. Aparte, se le paga al beneficiario el importe del paro que se le ha reconocido y que le quede sin cobrar en dos plazos. El primero, del 40% del total, lo recibe en España. Una vez aprobado e ingresado, ya no hay vuelta atrás: el solicitante y su familia tienen 30 días para abandonar el país, ya que una vez finalizado ese periodo sus permisos de residencia quedan anulados.

El 60% restante se cobra en el país de origen en un plazo máximo de 90 días después del primer pago. Para ello, el beneficiario debe comparecer personalmente en la representación diplomática o consular española de su país para acreditar su retorno, entregando en ese momento su tarjeta de identificación (NIE, tarjeta de residencia…) y presentando el resguardo de la aprobación de su solicitud. Hecho esto, él Servicio Público de Empleo dará la orden de pago mediante cheque o transferencia bancaria.

Una realidad complicada

En cualquiera de las tres modalidades, los solicitantes se comprometen a no volver a España en los tres años siguientes a su salida. “Teóricamente se permite la visita turística, pero la realidad es que se les pone tantas pegas en embajadas y consulados que prácticamente es imposible”, asegura Florin.

A partir de esos tres años se les permite volver al país, “aunque lo cierto es que, pasado ese tiempo, las personas retornadas hace tiempo que han emigrado a otro lugar”, asegura Florin. Una opinión que comparten el resto de portavoces de las asociaciones consultadas.

“La gente no está retornando voluntariamente, sino por pura necesidad. Vienen a España engañados por familiares y amigos, que les dicen que la economía está mejorando y que hay oportunidades, pero lo cierto es que se no tienen ninguna. Se gastan todos sus ahorros para llegar aquí y poco después se dan cuenta de que no tienen posibilidades”, explica Elimlahi El-Kati. Ésta asegura que la mayoría de los solicitantes de esta convocatoria son personas que llevan menos de seis meses en España, y que llegan en muy malas condiciones.

“La gente no está retornando voluntariamente, sino por pura necesidad. Vienen a España engañados por familiares y amigos, que les dicen que la economía está mejorando y que hay oportunidades, pero no tienen ninguna”. Sana Elimlahi El-Kati.

“Cada vez es más frecuente ver a solicitantes en situación de extrema vulnerabilidad: con menores a cargo, con problemas de salud, sin cobertura en el sistema sanitario…”, advierte Durán. “En estos casos es determinante el apoyo de los profesionales de la ONG: trabajadores sociales, abogados, psicólogos… Pero también de sus propias redes: familiares, institucionales… para que la reintegración sea efectiva”, apunta Santos.

No obstante, según éstos, la reintegración falla porque los retornados se encuentran prácticamente abandonados una vez aterrizan en el país de destino. “Suelen ser países vulnerables, sin recursos, sin servicios sociales ni departamentos dedicados a dar cierto apoyo a los recién llegados”, concreta la portavoz de Accem.

Esta situación suele ser especialmente difícil para los hijos de esos retornados, que han nacido y vivido toda su vida en España. “Esos niños no tienen acompañamiento profesional y, teniendo en cuenta la falta de recursos de las naciones que los reciben, sería interesante que las instituciones europeas les dieran cierto apoyo. Sin embargo, hasta la fecha no se han planteado programas de este tipo”, denuncia Santos.

En opinión de Elimlahi El-Kati, lo ideal sería que hubiese una coordinación entre gobiernos para que estos procesos migratorios fuesen lo menos traumáticos posible. “Paraguay tiene políticas para personas retornadas, con microcréditos, ayudas para vivienda, pero la mayoría de los países no tienen nada”. Algo que influye muy negativamente en esa reintegración, sobre todo cuando los retornados son personas enfermas o incapacitadas.

Es la otra cara de la moneda del retorno voluntario: lo que debería ser una nueva oportunidad para una persona que necesita apoyo para salir adelante se convierte en el más triste de los desahucios.

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