En la carrera hacia la Moncloa se compite hasta en opacidad

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Ser transparente es una cualidad que preocupa, y mucho, a toda la sociedad. Sobre todo desde que la crisis actual ha sacudido duramente tanto al sector privado como al público, obligando a la austeridad presupuestaría y a ser más eficientes con menos recursos humanos.

Además, la situación se agrava con la aparición de los casos de escándalos políticos sobre irregularidades de contratación con las entidades públicas y la sustracción de fondos de la administración. La suma de todos estos factores hace inevitable que la sociedad se vuelva más exigente con el derecho a estar informada sobre las actividades de los políticos en todos los aspectos.

La razón de ser de un partido político es la representación ciudadana. Aristóteles dijo: «El hombre es un animal político», significando que vive y sobrevive en sociedad. Con el paso del tiempo las comunidades humanas han ido creciendo y las relaciones sociales se han vuelto más complejas, hasta el punto de tener que hacer un reparto eficaz de las funciones dentro de la sociedad; por esta razón se eligen a determinadas personas como representantes del resto, para que unos administren los bienes que consiguen los demás. Dicho de otra forma, «la vida en sociedad» permite vivir mejor, en teoría, ya que optimiza los recursos y beneficia al conjunto: mientras unos se encargan de conseguir los bienes, otros los administran para que se disfruten en igualdad y no escaseen.

¿Cómo se eligen correctamente a los representantes? En cualquier sector se conocen las capacidades de los candidatos para un puesto de trabajo en tres pasos: Lo primero y más habitual, es presentar un currículo con los conocimientos que acreditan a la persona como la más cualificada para desarrollar las funciones pertinentes; lo siguiente es demostrar durante un periodo de prueba o prácticas que la persona, una vez que conoce el trabajo que se le exige, es eficaz en el desarrollo y responsable con los resultados de su labor, y, por último, el resumen del trabajo que ha realizado durante el tiempo de prueba confirmará sus aptitudes y su idoneidad para el puesto.

Toda esa información se exige de forma no verbal, es un hecho asumido, tanto por el interesado en conocer a la persona como por la persona que quiere darse a conocer. Eso se llama transparencia, la información veraz y útil a la cual se accede sin esfuerzo.

Trasladando este ejemplo al sector de la política, y más concretamente al ámbito español, el panorama general muestra una imagen un tanto desoladora: solo el 33% de los partidos políticos publica en su página web el currículo y la trayectoria profesional de sus miembros de dirección, y solo el 27% de los mismos facilita el perfil de los cargos electos en el Congreso; a su vez, la declaración de bienes y actividades de los políticos nombrados diputados es obviada en todas las páginas webs. Así lo revela el informe Transparencia, el mejor eslogan elaborado por la Fundación Compromiso Empresarial.

Existe una gran cantidad de información sobre los políticos españoles, sobre todo de los partidos mayoritarios que son los más mediáticos y que continuamente bombardean los medios de comunicación con «dieres y diretes» de ruedas de prensa, programas electorales, propuestas de ley, críticas… Pero, ¿exactamente cuál es la calidad de esa información? Es decir, ¿qué utilidad tiene para el ciudadano conocer toda esa cantidad ingente de datos y declaraciones? ¿Es relevante a la hora de tomar una decisión trascendental?

Lo paradójico de la situación es que la información que realmente necesita saber la sociedad sobre el trabajo que realizan los políticos, como son el informe de gestión de cada ejercicio o el informe de cumplimiento con las iniciativas o propuestas parlamentarias sobre el programa electoral, no aparecen publicados en ningún medio, ni siquiera en los canales de comunicación de los propios partidos.

Esta desinformación contribuye a que la confianza ciudadana cada vez esté más deteriorada. Según el Barómetro de enero 2012 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 35% de los encuestados españoles califica como «mala» la situación política de España, seguida de un 30% que la evalúa como «regular» y un 18% que la considera «muy mala».

Este resultado es una de las consecuencias, entre otras, de la falta de esa información de calidad, la cual revela las verdaderas razones de las tomas de decisiones importantes; información que acredita la capacidad como dirigentes de las vidas de millones de personas; información que demuestra la eficacia y honradez de las actuaciones dentro de las instituciones públicas, y la información necesaria para evaluar la responsabilidad de los ejercicios políticos, en definitiva.

Desde la Fundación Compromiso Empresarial se ha querido lanzar una propuesta para que esta situación no se siga agravando, aprovechando además la coyuntura del nuevo gobierno en España y la iniciativa de la Casa Real para ser más transparentes con la publicación de su financiación en su página web. El informe Transparencia, el mejor eslogan que ha elaborado la fundación tiene la intención de ayudar en un doble sentido: por una parte indicar los puntos débiles de la información política actual, gracias a los indicadores que se han utilizado para analizar las páginas webs de los partidos, y por otro lado, exponer buenas prácticas de iniciativas que llevan a cabo partidos políticos de otros países para ayudar a alcanzar los niveles de transparencia que exige la sociedad actual y que permiten las nuevas tecnologías de la comunicación.

El primer paso que se ha dado para elaborar el informe ha sido establecer unos indicadores por áreas temáticas de información relevante e imprescindible, que se debe conocer por parte de los partidos políticos. Para determinar estos indicadores se han tenido en cuenta los informes publicados anteriormente por la Fundación Compromiso Empresarial, de los cuales se han obtenido las áreas comunes de «Estructura directiva», «Gobierno» y «Financiación». Las áreas restante que forman parte del análisis de este informe han sido el resultado de la comparación con páginas webs de diferentes partidos políticos, tanto nacionales como internacionales.

De esta comparativa han destacado como secciones más relevantes para los diferentes grupos de interés las áreas de «Quiénes somos», «Personas», «Afiliados», «Programas» y «Cumplimiento», haciendo a su vez una subcategorización dentro de dichas áreas a fin de clasificar la información de forma precisa y eficaz para facilitar su acceso.

Debido a que el espectro político es demasiado amplio, si se suman todas las formaciones que existen, tanto de ámbito general como regionalistas, ecologistas y demás índole, el informe Transparencia, el mejor eslogan se ha centrado en el análisis de las páginas webs de los partidos políticos que han formado grupo parlamentario en la X Legislatura del Congreso de los Diputados, ya que son los actuales representantes de los ciudadanos españoles y tienen la obligación de rendir cuentas ante la sociedad que los ha elegido democráticamente: Amaiur, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria (CC), Coalició Compromís (CCO), Convergencia i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Cataluña (ER), Foro Asturias (FAC), Geroa Bai (GB), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Izquierda Unida (IU), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Unión Progreso y Democracia (UPyD).

Como referentes de buenas prácticas se ha mirado al exterior de España, y se han propuesto las páginas webs del partido francés Union pour un Mouvement Populaire, el Partido Conservador británico y el Partido Demócrata de EE.UU., los cuales destacan positivamente en las áreas de «Gobierno», «Personas» y «Cumplimiento», respectivamente, ya que presentan la información relevante de estas secciones de forma fácil y clara.

La (des)información de los partidos políticos

El resultado de la muestra descubre por qué existe esa desconfianza general hacia la política de España en particular, y hacia el panorama internacional, en general. Los indicadores revelan que hay mucha información de interés público que no está publicada, o en muchos de los casos en que está, su acceso es sumamente complicado por localizarse en áreas remotas de las páginas web, lo que demuestra muy poco interés por parte de los partidos políticos en que se acceda a ella.

Menos del 50% de los partidos tienen publicados sus estatutos; menos del 40% de los mismos permite saber el perfil de los miembros que ocupan la dirección; el 100% de los partidos analizados no tiene un gráfico de su organigrama; el 100% de la muestra obvia publicar la declaración de bienes y actividades de los cargo electos al Parlamento, y para el 97% de los partidos, el Código de Buen Gobierno es un documento exigible a la administración pública pero no predican con el ejemplo.

Por otra parte, la única información que publican la mayoría de los partidos analizados (93%) es la relativa a los orígenes de las organizaciones y sus valores ideológicos, otorgándole además una mayor prioridad al encontrarse situada dentro de las principales pestañas de la home por la mayoría de los partidos políticos: más del 60% incluye su historia en secciones como «El partido» o «Conócenos», y más del 70% expresa claramente sus principios e ideología como carta de presentación de la organización, permitiendo un acceso rápido y directo nada más abrir la web.

Da la sensación de que la estructura de las páginas está basada en facilitar aquella información de carácter propagandístico, con un claro interés por atraer a los simpatizantes, mientras que la información objetiva y los resultados de la labor del partido quedan relegados a un segundo plano.

Sin embargo, la transparencia de la información política es un tema que preocupa y se estima mucho dentro de las formaciones, aunque en demasiadas ocasiones suelen hacer uso de ella como arma electoral, como demuestran algunas webs analizadas como la de ICV; dentro de sus secciones se encuentra una llamada «Transparencia» con el subtítulo «Política transparente. Corrupción cero» y a continuación muestra las acciones llevadas a cabo por el partido para promover una ley anticorrupción, una comparecencia de diputados que han sido acusados de cometer irregularidades, propuestas de comisiones de investigación y otras iniciativas, sin publicar información que refuerce la idea de transparencia en su propia formación.

También el partido navarro UPN incluye en su página web una pestaña llamada «Transparencia», destacada especialmente como uno de los ejes de su política. Pero dentro de ella solo declara que es el único partido que carece de sanciones por parte del Tribunal de Cuentas, por cumplir con la Ley 6/2002 de Financiación de Partidos Políticos y seguir los criterios de contabilidad que dicta dicha norma.

Nunca está de más exponer las virtudes de uno mismo, pero si dichas bonanzas no están sustentadas con hechos reales, se corre el riesgo de ser criticado duramente, y la confianza de los demás se quiebra. Por eso es recomendable adjuntar los documentos que confirman ciertas declaraciones, ya que estas ganarían en peso y credibilidad, y sobre todo, no se debería exigir a los demás lo que uno mismo no es capaz de hacer o de publicar.

¿A dónde van y de dónde vienen los recursos?

El dato más llamativo, y alarmante a la vez, es la escasa o nula información de los estados financieros de los partidos políticos. Solo UPyD tiene publicada en su página web una memoria explicativa de sus cuentas anuales, con el balance de gastos e ingresos, mientras que el 93% restante obvian este tipo de documentación y el 100% de los mismos no publican en sus webs el informe que deben presentar anualmente al Tribunal de Cuentas que establece la Ley 6/2002 de Financiación de los Partidos Políticos.

Pero incluso la memoria publicada por UPyD resulta insuficiente para referirse al término transparencia, ya que a la hora de hablar de los estados financieros, hay muchos datos y documentación que se pierden por el camino, entre ellos el número total de afiliados que tiene cada partido. Además de revelar claramente el apoyo social con el que cuenta cada formación política, es de público interés conocer el porcentaje real que suponen las cuotas de afiliación dentro de los ingresos del partido.

Otro dato que brilla por su ausencia es el informe de un auditor independiente que valore los estados financieros de cada partido, y que permita evaluar la eficacia con que gestionan los recursos de los que disponen; ningún partido lo publica. A su vez, cabe resaltar el desconocimiento sobre el endeudamiento de los partidos y la identidad de sus acreedores. Hasta 2011 y gracias a una infografía realizada por Lainformación.com sobre las cajas de ahorros, se podía saber que el PSOE y CiU eran los partidos que más dinero debían en préstamos bancarios contraídos con diferentes cajas, seguidos de otras formaciones políticas con importante apoyo electoral, sin embargo ninguna de las páginas webs analizadas incluye este tipo de información.

Ante este dato tan desalentador no es raro que los partidos políticos resulten ser la institución más corrupta por el Barómetro Global de la Corrupción de 2010 de la organización internacional Transparency International, cuya encuesta está basada en los factores de leyes anticorrupción, acceso a la información y los conflictos de interés. Este estudio demuestra que la publicidad de las acciones de cada persona, organización o institución es una de las mejores garantías para el cumplimiento de la responsabilidad social y el buen gobierno; a su vez, es también la mejor propaganda para épocas de crisis y austeridad, porque generan gasto cero en los presupuestos y cotas máximas de confianza.

La importancia de la accesibilidad de la información

La localización y los conocimientos que se requieran para acceder a determinada información, son dos criterios imprescindibles a la hora de determinar la accesibilidad de una web.

Si el usuario debe invertir mucho tiempo buscando a través de un entramado de enlaces y pestañas la información que necesita, no se puede considerar que el partido en cuestión la tenga publicada.

Este es el caso del Código de Buenas Prácticas del Partido Popular, el cual sitúa el código en una sección remota de su página, haciendo casi imposible el acceso al documento y negando el carácter público de la información.

Esta característica también afecta al 100% de los partidos políticos en el apartado de «Declaración de bienes y actividades» de los cargo electos en el Parlamento. En las webs de los respectivos partidos no se menciona en ninguna parte dicha declaración, la cual existe dentro de la página del Congreso de los Diputados en el perfil de cada escaño, es decir que cada partido político podría hacerse eco de este documento o facilitar un enlace directo al mismo. Tampoco se puede pasar por alto el hecho de que algunos partidos nacionalistas, como ER, CiU o BNG, limitan el acceso de sus webs al publicar la información solamente en catalán o gallego, sin incluir dentro de la propia página una opción que traduzca todos los contenidos al castellano.

Ciudadanos que preguntan, ¿gobiernos que responden?

La transparencia de las instituciones públicas españolas solo se defiende cuando algún juez destapa presuntas prácticas de fraude, como muestra el caso más reciente de la Casa Real. Cuando la casa de Su Majestad el Rey se ha visto salpicada por el juicio de uno de sus miembros, Iñaki Urdangarín, su gabinete de comunicación ha decidido lavarse públicamente las manos con una pestaña en su web llamada «Organización y presupuesto», mostrando con todo lujo de detalles el balance de ingresos y gastos.

Lo más interesante de esta publicación ha sido la reacción de la opinión pública, cuya primera impresión fue llevarse las manos a la cabeza por el sueldo del Rey y tener que sumarle a ese presupuesto los gastos de viajes y visitas de estado.

Pero esto también es consecuencia de la opacidad que existe sobre la financiación de otras instituciones públicas: ¿Cuánto cuesta mantener el Palacio de La Moncloa? ¿Cuánto gasta el Congreso en luz? ¿Cuántos sueldos se pagan en cualquier ministerio? Resulta que además de la Casa Real los impuestos de los ciudadanos españoles pagan muchas más instituciones públicas de las que no se sabe absolutamente nada de sus cuentas.

Ya que desde el Palacio de la Zarzuela se ha dado un paso hacia delante en dirección de la transparencia, La Moncloa, donde se aloja el jefe de gobierno y gran parte de la administración estatal, debería seguirle el ejemplo y permitir a cualquier ciudadano tener acceso a sus ingresos y gastos a través de su página web.

Desde el panorama internacional también se encuentran cada vez más ejemplos e iniciativas de los gobiernos para ser más transparentes. Uno de los más recientes es la Casa Blanca de Estados Unidos, que desde 2011 cuenta con un apartado en su web para solicitar la declaración de bienes y patrimonio de los funcionarios que trabajan en ella: Whitehouse.gov/publicforms.

Aunque un verdadero ejemplo a seguir es la página del 10 de Downing Street, el domicilio del primer ministro británico, ya que entre sus pestañas principales se encuentra el nombre propio de «Transparency» y donde se puede encontrar las secciones «¿Cómo se gasta su dinero?» o «Contratos gubernamentales completos», entre otras, que facilitan de forma esquemática y en formato pdf acceder a las cuentas de la casa del gobierno.

Lenguas cooficiales en el papel,suboficiales en la práctica

Amaiur, BNG, CCO, CiU, ER, GB, ICV, PNV tienen representación dentro de las Cortes Generales, pero solo los partidos nacionalistas vascos, Amaiur y PNV, incluyen dentro de sus páginas webs una opción correcta de traducción al castellano.

Por su parte, GB presenta su blog íntegramente en español y el vasco lo reserva para titular algunas secciones junto a la versión en el idioma oficial. Mientras que acceder a la información de BNG, CCO, CiU, ER e ICV a través de sus webs se limita a los catalán y gallego parlantes, ya que en unos casos la traducción del idioma regional al castellano es mala e insuficiente, y en otros las páginas ni siquiera ofrecen la opción de leer los contenidos en la lengua oficial del estado.

Este es el caso de las webs de BNG, ER y CiU, que no incluyen una pestaña con la opción de las dos lenguas cooficiales y la persona que accede a ella debe saber gallego o catalán, o utilizar alguna herramienta de traducción, ajena a la página web, para lograr una lectura bastante limitada. ICV y CCO al menos sí tienen habilitada una pestaña para elegir el idioma en el que se desea leer la página, la cual se abre en catalán y en valenciano respectivamente. Pero la traducción que hace esta herramienta no es muy precisa, ya que solo convierte los contenidos de las secciones, dejando los títulos de las mismas en el tintero del catalán o el valenciano, y no todos los textos corren la suerte de ser traducidos.

En este punto, es importante señalar que los propios estatutos de autonomía de cada comunidad recogen que: «La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas», Artículo 6.3 de los Estatutos valencianos; «Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas.

Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber», Artículo 6.2 de los Estatutos catalanes; «Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tiene el derecho de conocerlos y usarlos», Artículo 5.2 de los Estatutos gallegos. Y cada uno de estos artículos se complementa con el principio de que «nadie podrá ser discriminado por su lengua».

Por otra parte, cabe recordar que todos estos partidos ocupan un cargo público dentro de una institución nacional, es decir, que sus decisiones y propuestas afectan al conjunto de la sociedad española, y por lo tanto cualquier español, independientemente de su nivel de conocimiento sobre gallego, catalán o valenciano, tiene pleno derecho a conocer la información que se publica en las páginas webs de cada partido, y estos a su vez, la obligación de que pueda ejercerlo.

Por Beatriz C. Martisi

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