Andaluces, levantaos y pedid libremente información transparente

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Los titulares que protagoniza la Junta de Andalucía desde hace ya dos años suelen describir prácticas como: expedientes de regulación de empleo fraudulentos, desvíos de fondos, rescate económico o comparecencias ante comisiones.

Sin embargo, lo más preocupante tras descubrir toda una serie de irregularidades del gobierno andaluz, es la reacción de la población regional, la cual lejos de sorprenderse, acoge todas estas noticias con una gran indiferencia, producto de una profunda decepción de la política, de la desconfianza absoluta que profesan hacia la administración autonómica y de la pérdida de toda esperanza por ser gobernados de forma honesta y comprometida con los intereses sociales.

La democracia autonómica inició su andadura en 1978, fecha desde la cual se instauró una primera Junta «preautonómica» que se encargó de convocar las primeras elecciones regionales, encomendadas de ratificar el nuevo modelo de gobierno y de donde salieron elegidos los primeros dirigentes democráticos.

Desde entonces y hasta la actualidad, el PSOE de Andalucía ha sido el responsable de administrar los bienes y recursos de la comunidad sureña y algunos expertos tecnócratas señalan que este hecho de continuidad y permanencia política de un mismo partido, es el que ha provocado el deterioro de la credibilidad en el sistema gubernamental, una teoría que ha tenido el respaldo con el paso de los años de periodistas y medios de comunicación, que han llegado a calificar el sistema electoral andaluz de clientelar y caciquista, tras descubrir más de un caso de corrupción política con numerosos cargos públicos implicados pertenecientes tanto a la Junta, como a las diputaciones y las entidades locales.

Tampoco pasa desapercibido el dato de que Andalucía sea una de las comunidades autónomas más pobres de España, siendo su PIB regional uno de los peores de 2011, como señaló el Instituto Nacional de Estadística (INE), además de que está siendo sacudida cruelmente por la crisis, arrastrando actualmente un paro del 33% de la población activa regional, un porcentaje que se traduce en un total de 1.329.600 de personas desempleadas.

Sin embargo, este hecho contrasta con que Andalucía es una de las tierras más ricas en recursos de la geografía peninsular, con altos porcentajes de producción en todos los sectores: agrícola, industrial y de servicios. ¿Entonces qué sucede? ¿Dónde van a parar todos esos recursos?

Estos niveles de corrupción, irregularidades y tramas políticas tienen su caldo de cultivo en la desinformación que existe dentro de la comunidad andaluza, ya que los servicios de información que presta el gobierno regional, van dirigidos a ayudar al ciudadano con las gestiones burocráticas, mientras que la información para la rendición de cuentas destaca por un alto grado de opacidad, mala comprensión y de difícil acceso, desalentando a cualquier persona interesada en informarse.

La web: www.juntadeandalucia.es

Temas de interés social relacionados con el empleo, el turismo, la sanidad, el medio ambiente y todos los etcétera que representan cada una de las distintas consejerías en que se divide el gobierno regional, se encuentran a plena disposición de los ciudadanos que necesiten resolver algún trámite gubernamental, de hecho, cabe resaltar el buen diseño de la página web de la Junta de Andalucía a nivel estético y funcional, ya que se presenta clara, espaciosa y ordenada, con una clasificación lógica de los distintos enlaces y accesos a los contenidos.

Sin embargo, se echa en falta información de mucho interés general y que la web no facilita por estar estructurada de forma compleja y confusa, haciendo que el usuario se pierda entre una maraña de contenidos y enlaces.

Por ejemplo, con respecto a la organización del poder autonómico no existe ningún tipo de organigrama al uso que contenga los nombres de las personas que ocupan los cargos dentro de la Junta, las diputaciones y las entidades locales; tampoco se facilitan las imágenes o fotos de dichas personas ni existe un esquema que especifique las relaciones de poder. Lo único que se encuentra publicado respecto a esta información está ubicado en una de las pestañas principales, llamada La Junta, donde se nombran a los diferentes organismos que componen el gobierno andaluz, sin un orden determinado, solo se puede presuponer que están mencionados según la importancia de las funciones y las competencias que desempeñan, pero que de cualquier manera no está especificado de ninguna forma visual o gráfica.

Además, el presidente de la Junta se lleva todo el protagonismo de la información, ya que es el único que se presenta con una amplia foto y se facilita su propia web en cuanto se accede al enlace de La Junta. Pero solo se publica información sobre las funciones, biografía, los discursos del máximo dirigente regional sobre la declaración de bienes e intereses no se publica nada, ni en la web presidencial.

Continuando en el mismo enlace de La Junta (la única que aporta información sobre la organización gubernamental) se hayan dos secciones más que caben destacar tanto por la cantidad ingente de información relevante como por la poca utilidad del orden en el que se presenta dicha información, es decir, la sección llamada las Consejerías, enumera las mismas en las que se estructura la Junta autonómica y a su vez cada enlace remite a la página web propia de cada una de las consejerías, con lo cual, el usuario se vuelve a ver limitado informativamente por la falta de un esquema gráfico que determine el orden con el que aparecen.

También llama la atención, que el usuario tenga que abandonar la página web de la Junta para acceder a cada página de las consejerías, provocando la desorientación del ciudadano, que tras abrir varios enlaces no sabe cómo ha llegado a parar a la última pantalla. Además, resulta todavía más desconcertante que la página web de cada consejería tenga un estilo diferente de diseño, estructura e información publicada, sin embargo, todas comparten el denominador común de prescindir del organigrama, ni de facilitar las competencias ni funciones de los responsables de los directores generales.

Por otro lado, el usuario puede obtener información más completa sobre los tres principales órganos de poder del gobierno autonómico y de las principales subdivisiones dentro de los mismos, gracias al enlace Sobre la Junta y, dentro del mismo, en Organización Institucional.

Aunque tampoco despeja todas las dudas sobre el funcionamiento del gobierno y la administración andaluza, ya que la información que facilita sobre los organismos es auxiliar y poco completa.

Positivamente cabe destacar la colocación de dos enlaces al final de cada página de la Junta (aunque no se hallen en las webs de las consejerías): uno es el correo de contacto para resolver las dudas del usuario que no haya quedado satisfecho con la información publicada en la web de la Junta y el otro enlace es una encuesta de valoración sobre la utilidad de dicha información.

A modo de conclusión, se puede decir que la página web de la Junta de Andalucía resulta muy útil para la persona interesada en informarse y en realizar algunos trámites burocráticos, para lo cual, existe un enlace específico para agilizar cualquier solicitud a la Administración autonómica; también es práctica si el usuario desea informarse sobre la Junta de Andalucía en sí misma como región, población, características geográficas y sociales de manera general.

Pero a la hora de demandar información completa y clara sobre su organización política, estructura interna, relación de poder de los organismos e información sobre las personas que ocupan los cargos dentro del gobierno autonómico, resulta ser una web superficial, con información escasa cuando no incompleta, con una relación de enlaces compleja y confusa que al final termina por desaminar al usuario, que desiste de encontrar lo que buscaba y se termina conformando con lo que hay en las primeras pantallas.

La Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía

Sobre el acceso de la información institucional de interés general y de calidad, se debe tener en cuenta, dentro de la web de la Junta, el enlace a la Cámara de Cuentas de Andalucía, la institución que tiene cada comunidad autónoma y que es el homólogo del Tribunal de Cuentas a nivel regional, es decir, es el órgano fiscalizador de las cuentas públicas a nivel regional y local, y por lo tanto, el encargado de facilitar la información económica y contable de la Junta.

Tener un órgano de control para las cuentas públicas no es garantía de transparencia absoluta y rendición de cuentas como han señalado noticias anteriores, la eficacia de dichos órganos no está dando los resultados que la sociedad actual demanda.

De hecho, aunque en un primer vistazo, la web de la Cámara de Cuentas resulta atractiva y que cumple con las directrices exigidas para garantizar una correcta gestión de los recursos públicos, cuando el usuario comienza a navegar por ella se encuentra con limitaciones de distinta índole.

Por un lado, está el carácter de la web que no está elaborada para el libre acceso de cualquier ciudadano, sino que la página está dirigida a las instituciones y empresas públicas que han de rendir cuentas y encuentran en dicha web las instrucciones para presentar la documentación que exige la Cámara de Cuentas. Y por otra parte, la única información a la que se accede como ciudadano externo a la Administración regional son los informes fiscalizadores y los vídeos de comparecencias ante las comisiones que ejercen las funciones control.

Con lo cual, los límites que encuentra el ciudadano común al acceder a dicha web es que la información que está publicada es tan especializada y utiliza un lenguaje tan técnico y poco cuidado, que para comprender y entender el contenido de los informes es necesario ser licenciado en economía y administración de empresas. Además, existe un retraso de dos años aproximadamente entre la fecha de publicación y la fecha de las cuentas sobre las que se emite el informe.

En conclusión, el homólogo andaluz del Tribunal de Cuentas publica información poco esclarecedora y transparente con respecto a su función fiscalizadora, resaltando negativamente el encabezado de la página web de la Cámara de Cuentas de Andalucía, donde se determina que la existencia de dicha institución «contribuye a que el ciudadano perciba que la Administración está controlada, […] y se conoce todo lo referente a la correcta utilización de los recursos públicos», en lugar de que la Cámara sea la garantía máxima para el buen gobierno.

Los funcionarios hablan

Esa falta de información de interés y calidad sobre el gobierno de la Junta es la que hace prosperar canales alternativos de información, como son las redes sociales o las cadenas de emails que algunos funcionarios autonómicos han comenzado a enviar a sus contactos personales, y que poco a poco se han ido extendiendo por el boca a boca, o mejor dicho, a través del «email a email».

Indignados por ver cómo los líderes de la Junta han aplicado algunas de las medidas de emergencia del gobierno central, mientras los cargos públicos resultan ser los primeros en llevar a cabo prácticas poco éticas y fraudulentas, están facilitando la información que falta por publicar en las páginas web oficiales de las distintas instituciones, comenzando por los sueldos de los altos cargos y terminando por los gastos de eventos públicos.

El escándalo más reciente salió del Ayuntamiento de Marinaleda, ya que gracias a una de esta iniciativas vía email se pudo averiguar que el alcalde, Sánchez Gordillo, podía haber solucionado el abastecimiento del Banco de Alimentos con una contribución personal de su sueldo como cargo público, el cual asciende a más de 70.000 euros anuales; en el mismo email también se informaba de unas cifras muy concretas acerca de los sueldos de los tenientes de alcalde, el del jefe de la policía local y de otros miembros, así como de la relación de parentesco que guarda el alcalde Sánchez Gordillo con la secretaria de la alcaldía, el responsable de prensa del ayuntamiento y con el asesor jurídico.

Actualmente, en la página web de la entidad local de Marinaleda se ha publicado un escrito firmado por el propio alcalde y el secretario, donde solamente se niegan los datos de los emails filtrados por «los funcionarios de la administración», que era la firma que llevaba la cadena de emails.

Cabe destacar que los contactos a través de los cuales se ha recibido la información, siempre llevaban el dominio de la Junta de Andalucía, y a parte del escrito oficial, la web del Ayuntamiento sevillano no facilita ningún organigrama que corrobore la verdadera estructura de gobierno de la alcaldía, ni ningún otro dato contable o administrativo que certifique los sueldos oficiales de los cargo públicos del municipio.

Este caso concreto que ha dado la vuelta a España durante varios meses, es un ejemplo de la necesidad de los políticos y de la Administración en general, de apostar por una comunicación transparente que permita a cualquier ciudadano acceder a la información organizativa y contable de los organismos públicos con un doble objetivo: evitar desinformaciones que dañen la imagen de las propias instituciones, y devolver la credibilidad en los dirigentes públicos.

Por Beatriz C. Martisi
@Bc_MaRTiSi
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