El closed-government de Obama

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En la primera elección del presidente Barack Obama, al día siguiente de tomar posesión de su cargo en la Casa Blanca, firmó el Memorándum para los jefes ejecutivos de departamento y la agencia: Transparencia y Gobierno Abierto. En el documento se declaraba la información sobre el gobierno como un «bien nacional» y la administración se comprometía a colaborar con la sociedad para alcanzar un grado de transparencia sin precedentes, y garantizaba que se convertiría en el gobierno más abierto de los hasta ahora conocidos en Estados Unidos.

Sin embargo, numerosos medios de comunicación, profesionales de la información y organizaciones dedicadas a velar por el respeto hacia la Ley para la Libertad de Información (FOIA), que tras cuatro años de mandato no se ha cumplido la mayor parte de lo prometido por el presidente en su directiva. Incluso una abogada de Washington, Katherine Mayer, que lleva desde 1978 defendiendo casos de violación de la FOIA, ha sentenciado a la administración Obama como «la peor desde que se aprobó la Ley para la Libertad de Información».

Entre los defensores del open government lo más comentado de la opacidad del último gobierno, ha sido la cantidad de juicios en que está inmersa la administración por no atender las solicitudes en las agencias federales de FOIA y los diversos obstáculos que se imponen desde las agencias para acceder a la información, llegando a incrementar las tasas bajo el pretexto de la complejidad de las solicitudes.

La Fundación Sunlight también publicó en 2011 un artículo evaluando el grado de cumplimiento de la directiva firmada por el presidente Obama. La conclusión de su investigación fue la misma que la de los medios de comunicación: firmar un compromiso político para garantizar la transparencia del gobierno es un gesto bonito y loable, pero la transparencia existe si hay resultados y hechos concretos, no retórica administrativa.

En la página web de la Casa Blanca sigue publicado el Memorándum del presidente Obama, donde se puede apreciar que resalta los tres deberes fundamentales que el gobierno ha de cumplir para garantizar la confianza pública: ser transparente, participativo y colaborador.

La directiva aparece firmada por el presidente sin fecha, por lo que se entiende que estará vigente para la nueva legislatura que acaba de comenzar y que brinda a Barack Obama una nueva oportunidad de cuatro años para poner en práctica algunas de las recomendaciones que la Fundación Sunlight le sugirió, que le ayuden a alcanzar los objetivos que se autoimpuso la Administración en la legislatura anterior.

Por Beatriz C. Martisi
@Bc_MaRTiSi
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