La transparencia llega a los municipios

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Cuando se habla de transparencia y del concepto de «gobierno abierto» (open government), siempre se miran las acciones de las grandes instituciones: el Gobierno, los Ministerios, la Casa Real, las Administraciones regionales, los organismos internacionales y supranacionales. Sin embargo, existe un «microcosmos» gubernamental que pasa desapercibido y que debería ser el núcleo inicial de las buenas prácticas.

Los ayuntamientos y entidades locales españoles parecen estar al margen de la política nacional, como si siguieran un ritmo diferente de vida. Bien por tener un tamaño pequeño (poblaciones con menos de 5.000 habitantes empadronados), o bien por la modesta economía de la localidad (municipios agrícolas y ganaderos principalmente), carente de atractivo para las tramas de corrupción urbanísticas o tráfico de influencias.

Sin embargo, la vida ideal de las entidades locales se está resquebrajando. Las pequeñas poblaciones donde todos los vecinos se conocen y el alcalde es un ciudadano más a pie de calle, están llenando las redes sociales de imágenes inquietantes. El popular refrán «la confianza da asco» ha llegado a ser palpable en algunos plenos de estos pequeños municipios, llegando a la falta de respeto hacia algunos concejales y ciudadanos, que asisten como público a las sesiones plenarias.

Gracias a las nuevas tecnologías y al auge de las redes sociales, muchos ciudadanos han tomado la iniciativa de denunciar públicamente los abusos de autoridad por parte de los alcaldes, mostrando su comportamiento a través de Internet.

Al inicio de los plenos, asistentes locales y concejales sacan una cámara de vídeo, o sus teléfonos móviles y smartphones, con la intención de grabar la sesión y posteriormente subir las imágenes a la web Youtube. Pero un acto tan sencillo, claro y legítimo está siendo censurado por muchos líderes locales, alegando todo tipo de excusas insostenibles, e incurriendo en actos completamente ilegales.

Por ejemplo, la mayoría de las personas que intentan grabar la sesión plenaria, ha sido expulsada de la sala por negarse a dejar de grabar, llegando a ser desalojadas forzosamente por la policía local.

Este hecho va contra las leyes españolas, ya que el ciudadano tiene derecho a asistir libremente a un pleno municipal y a ser informado de cuanto suceda en las sesiones, salvo excepciones muy concretas. Según consta en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 70.1: «Las sesiones del Pleno de las Corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta». Para más indicaciones en el artículo 69.1 de la misma ley se establece que «las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local». Por lo tanto, ningún alcalde puede prohibir que se filme la sesión plenaria.

Graba tu pleno

Como consecuencia de estas actuaciones ilegítimas que se repiten en muchos puntos de la geografía española ha surgido la iniciativa Graba tu pleno. Es una plataforma ciudadana, que, desde hace un año, lucha contra la opacidad de la Administración local y trata de conseguir el respeto que merecen los derechos de participación ciudadana, de que se cumplan las leyes democráticas y de que el buen gobierno rija la gestión municipal.

Todo comenzó cuando Félix Moreno, vecino de Ibi (Alicante), empezó a buscar por la red casos similares al suyo: había sido expulsado de su ayuntamiento por grabar la sesión plenaria. Decidió investigar por Internet, y poco a poco fue descubriendo que no era la única persona en sus mismas circunstancias. Había muchos ciudadanos que habían sido expulsados de un pleno del ayuntamiento por la misma razón que él.

Además de compartir la desagradable experiencia, también descubrió que eran muchas las personas que estaban cansadas de los actos y comportamientos de los políticos locales. Por eso, al igual que Félix Moreno, se habían convertido en cámaras amateur para mostrar al mundo qué sucedía en la alcaldía.

De este modo, el 15 de octubre de 2011 se crea la web Grabatupleno.es, con la intención de facilitar a cualquier ciudadano denunciar las malas prácticas de las entidades locales. Dentro de la página de esta plataforma hay mucho más que vídeos de expulsiones de plenos.

Lo primero que llama la atención es la cantidad de personas interesadas en la transparencia de la gestión local, ya que muchos municipios no cuentan con medios de comunicación que narren las noticias, y las actas de los plenos se publican con más de un mes de retraso.

Por eso, son los propios vecinos quienes deciden asistir a las asambleas plenarias, para ser testigos de lo que sucede dentro del ayuntamiento. Cabe recordar que existen unos 8.117 municipios en toda España, y que más de 3.800 tienen una población menor de 1.000 habitantes empadronados. Sin embargo, la opacidad informativa no es solo cuestión de tamaño. Localidades como la madrileña Pinto (45.000 habitantes aproximadamente) o la ciudad de Huelva (más de 100.000 habitantes) tampoco permiten a los ciudadanos grabar las sesiones de sus plenos. Según las autoridades de los municipios, la principal causa de esta prohibición es que solo los medios de comunicación acreditados pueden hacerlo.

Algunos miembros de la plataforma explican que muchos alcaldes se aprovechan del anonimato de los municipios para ejercer su poder de forma déspota y caciquil. Sobre todo en las localidades donde los partidos gozan de mayorías absolutas, los dirigentes abusan de su cargo faltando al respeto de otros miembros del pleno, menospreciando las intervenciones de otros políticos o tomando decisiones sin el voto correspondiente de la asamblea plenaria.

Desde la plataforma se facilita toda clase de información útil para los colaboradores que quieran unirse. Entre esta información está el «manual para grabar un pleno», donde se recomienda seguir la legislación del municipio, explicar previamente que se va a grabar el pleno y que en caso de estar prohibido, qué procedimiento ha de seguirse para denunciar al ayuntamiento. Sin ningún tipo de comentario, ni opinión por parte de la persona que graba, solo recogiendo en imágenes lo que sucede y la actuación de los políticos objetivamente, las autoridades de la alcaldía intentan impedir que particulares graben el pleno.

Cabe destacar algunas de las excusas que dan los alcaldes para que los ciudadanos desistan de grabar, o se vean forzados a abandonar la sala: solo pueden tomar imágenes los medios acreditados (en Espartinas, Sevilla), se debe mostrar las cámaras (en Matillas, Guadalajara), o que la grabación del pleno impide a los concejales expresarse libremente (en Mojácar, Almería).

¿Se imaginan al presidente del Congreso parando el debate sobre el estado de la nación, para expulsar a un ciudadano que graba con su móvil desde el público las declaraciones de los portavoces parlamentarios? Si el Congreso y el Senado se retransmiten en directo, ¿por qué piensan algunos alcaldes que pueden prohibir grabar el pleno municipal? Dentro de la web de Graba tu pleno se ha habilitado también una sección de «Denuncias-sentencia-legal» para respaldar a los colaboradores de la plataforma en su lucha contra la censura previa.

En esta sección se encuentran todas las sentencias y denuncias de otras personas contra los alcaldes que los han expulsadas de los plenos. Todas las sentencias han dado la razón al ciudadano, incluso el Defensor del pueblo ha recomendado a las corporaciones locales denunciadas, que permitan la grabación y difusión de los plenos por parte de los ciudadanos.

Si bien no hay una norma específica que proteja el derecho a grabar libremente y a través de cualquier medio, la normativa española es bastante amplia con respecto al derecho de expresión, de recibir y enviar información veraz (artículo 20 de la Constitución española), de participación ciudadana y sobre todo, determina claramente la libre difusión de contenidos, generados por un acto público. El pleno municipal lo es.

A pesar de estas evidencias legales, destaca negativamente el listado de ayuntamientos que siguen sin permitir la grabación y posterior publicación de sus plenos. Dentro del grupo de Facebook Graba tu pleno, hay un enlace al mapa de municipios donde a día de hoy no se puede acceder con una cámara o dispositivo de grabación. ¿Cuál es el miedo de las autoridades locales a ser grabadas si desempeñan un cargo público? Gracias a los vídeos de los ciudadanos, antes de que les prohibieran su labor de transparencia, se puede comprobar cómo la alcaldesa de Catarroja (Comunidad Valenciana) se sube el sueldo a 50.000€ anuales, o cómo el alcalde de Pelayos de la Presa (Comunidad de Madrid) insulta a otro concejal en su intervención durante el pleno.

«Cuando los políticos se ven retratados tal como son, entonces ven que esto es contraproducente», declaraba Félix Moreno a los medios. Algunos miembros de la plataforma han sido multados tras las expulsiones por alterar el orden público, aunque en los vídeos se puede apreciar que lo único que hacen es darle al rec de una cámara.

Pero algo está cambiando. Gracias a la lucha incansable de estas personas, y de muchas otras que cada día se unen a esta causa, se han logrado pequeños pasos hacia la transparencia. Las denuncias de censura están dando frutos: se han imputado a alcaldes y alcaldesas por ejercer prevaricación, se ha obligado a las autoridades a permitir que ciudadanos graben los plenos, y partidos políticos, como Coalició Compromís en la Comunidad Valenciana, han presentado propuestas en sus gobiernos regionales, para que se proteja específicamente el derecho de los ciudadanos a grabar los plenos.

También en la Comunidad de Madrid, a través de un informe de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local (Cgcal) que recoge las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana, reiteradas por el Tribunal Constitucional, avala y garantiza el derecho de los ciudadanos a grabar el desarrollo de los plenos municipales.

Iniciativas como Graba tu pleno, ayudan a que la sociedad sea consciente de que la transparencia es un ejercicio de todos, de que los políticos tienen una responsabilidad social real y de que están obligados a cumplirla. Sin participación, no puede haber democracia. Sin información, no hay participación. Las nuevas tecnologías, tan presentes en la vida cotidiana, y cada vez más fáciles de manejar, permiten a cualquier persona generar las pruebas necesarias para obligar a sus representantes políticos a cumplir adecuadamente con su labor. Aunque a algún cargo público se le puede olvidar, cabe recordarle que está al servicio de la sociedad, y no al revés.

Por Beatriz C. Martisi
@Bc_MaRTiSi

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