Chilenos ‘inteligentes' aliados de excepción contra la corrupción

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Chile está considerado actualmente como el país con menor índice de corrupción de América Latina. Este dato no le excluye de padecer los vergonzosos casos de fraudes y escándalos políticos, que a día de hoy, siguen salpicando a los estados de derecho.

Aunque el cohecho (sobornos a funcionarios) no es una práctica habitual entre los altos cargos chilenos, en la última década sí han protagonizado varios casos de corrupción por utilizar indebidamente la información privilegiada que les permiten sus funciones públicas, la malversación de fondos o el tráfico de influencias.

En 1990 se inició el periodo de transición política para instaurar un sistema democrático en Chile, después del régimen militar. Desde entonces, la formación política Concertación de Partido por la Democracia fue elegida cuatro legislaturas consecutivamente para formar gobierno, hasta las últimas elecciones celebradas en 2010, en las cuales salió elegido el candidato del partido opositor: Coalición por el Cambio.

Esta prolongación de un mismo partido en el gobierno, creó un caldo de cultivo para los casos de corrupción anteriormente mencionados, aunque los escándalos de fraude también han sido protagonizados por diputados de otros partidos políticos.

En Chile existen varios factores que favorecen las malas prácticas entre los cargos públicos. Entre esos factores destacan negativamente una legislación poco específica con los delitos de fraude público, la opacidad de los organismos gubernamentales, y sobre todo, la falta de ética y compromiso social de los dirigentes políticos para desempeñar sus funciones. Este hecho se puso de relieve con el escándalo llamado «Ideología de la corrupción».

Bajo este título, Edgardo Boeninger, Jorge Schaulsohn y Gonzalo Martner (miembros del partido que gobernó durante cuatro legislaturas consecutiva, Concertación de Partido por la Democracia) en 2006, afirmaron que su partido financiaba campañas políticas con fondos del fisco público, justificando los gastos con proyectos falsos.

Ese mismo año, también salió a la luz el caso «Publicam» en el que se denunciaron las irregularidades en los gastos de campaña del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, y de la diputada Lily Pérez, quienes habían presentado facturas falsas de empresas ficticias para financiar sus campañas.

Debido a estos casos, y otros más recientes, sobre la ciudadanía chilena pesa una importante «crisis de representación» con respecto a los partidos políticos. La transparencia se ha convertido en una de las principales demandas para los partidos políticos, sobre todo para los responsables en el gobierno. En 2008 se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para luchar contra la corrupción de los dirigentes.

Sin embargo, esta norma deja fuera a muchos responsables políticos, que aunque no formen parte de la cúpula del gobierno actual, tienen una gran responsabilidad social como representantes del pueblo chileno.

En este marco de decepción política, intentos de regeneración y auge de las nuevas tecnologías como canales alternativos para acceder a la información pública se encuentra la Fundación Ciudadano Inteligente.

Esta ONG con sede en la capital, Santiago, lleva desde 2009 «intentando promover reformas que tiendan a la transparencia y la mejora de la regulación sobre los partidos políticos en general, pues consideramos que estos organismos son clave para el desarrollo de una democracia madura y son, por excelencia, los canales de representación de un sistema democrático», declaraba Manuel Arís Alonso, de Ciudadano Inteligente, a Compromiso Empresarial.

Fundación Ciudadano Inteligente

Comenzó a gestarse en Londres, cuando los dos cofundadores, Felipe Heusser y Rodrigo Mobarec, en 2008 coincidieron en un máster sobre políticas públicas y compartieron la idea de poner en marcha este proyecto. Aunque en un primer momento todo giraba alrededor de la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, sin concretar el medio por el cual se podía acceder a la información, poco después las nuevas tecnologías se convirtieron en la piedra angular del proyecto.

Organizaciones internacionales como Opensecrets.com o Mysociety.org sirvieron de inspiración para convertir a la tecnología web en el objetivo principal de la fundación, ya que el uso de Internet multiplicaba por infinito las posibilidades de acceder a cualquier información política y gubernamental.

Gracias al apoyo económico de la Fundación Open Society, Ciudadano Inteligente sacó adelante su primera plataforma online: Vota Inteligente. Con motivo de las elecciones que se iban a celebrar en 2010, la fundación habilitó para la ciudadanía este espacio donde se podía obtener información de los candidatos a la presidencia.

Esta primera aplicación también sirvió de «laboratorio de experimentos» para los miembros de Ciudadano Inteligente, que empezaron a desarrollar nuevas herramientas web, que permitieran a los votantes ir más allá de la acción de informarse sobre los candidatos.

Según explicaba Manuel Arís Alonso: «Vota Inteligente se ha transformado en un canal de información y comunicación entre los candidatos y los electores en elecciones de distinto tipo, y que ahora estamos promoviendo en el resto de los países latinoamericanos».

En esta misma línea, también describía la consolidación de varios proyectos, como es Deldichoalhecho.cl, una herramienta de fiscalización que se ha convertido en la plataforma más importante de Chile. «Mide el cumplimiento de los compromisos de nuestras autoridades, y Desarrollando América Latina va ya por su tercera versión de encuentro entre hackers cívicos y gobiernos para el desarrollo de aplicaciones con utilidad social, por nombrar solo algunos ejemplos de nuestros logros».

En Ciudadano Inteligente trabajan desde dos frentes, para llevar a cabo su misión de fortalecer la democracia y reducir la desigualdad en América Latina. Uno de ellos es la contribución para consolidar el derecho de acceso a la información pública; en este sentido ejercen presión sobre los dirigentes que toman las decisiones dentro de las instituciones públicas y políticas para que sean más transparentes.

Y el otro frente es el del desarrollo de herramientas que permitan a la sociedad ejercer su derecho de acceso a la información pública. Según afirmaba Manuel Arís Alonso, «consideramos que ambos son totalmente complementarios y necesarios. Ambas dimensiones de nuestro trabajo provocan una sinergia complementaria y le dan un sentido más profundo a nuestra labor».

Además de las plataformas mencionadas anteriormente, cabe destacar otras aplicaciones disponibles en la web de Ciudadano Inteligente, como es «Inspector de Intereses». Muchos de los escándalos protagonizados por los políticos chilenos, y de otros países sudamericanos, están relacionados con la compra-venta de acciones de empresas privadas en las que participan algunos cargos públicos, o tienen relaciones directas con accionistas, utilizando información privilegiada.

Estos conflictos de interés son estudiados por la fundación y publicados en este espacio. De esta manera, cualquier ciudadano puede estar al corriente de los intereses de un diputado dentro de empresas y sociedades relacionados con su área de actividad, y cómo este hecho puede influir en la votación de leyes y proyectos.

Además, «Inspector de Intereses» permite al ciudadano interactuar y participar en la web, gracias a la aplicación «¡Exige ahora!», donde se pueden firmar varias peticiones que contribuyan a mejorar las tomas de decisión. Entre las solicitudes se encuentran: sanciones más altas por errores u omisiones en declaraciones de patrimonio de interés, discutir la Ley de Propiedad o declaraciones en formato procesal vía online.

La fundación también tiene habilitado un Acceso Inteligente para facilitar las demandas de información pública al gobierno. La Ley de Transparencia de Chile delega esta labor al Consejo para la transparencia, pero esta ONG ofrece una vía más rápida y sencilla para los usuarios, simplificando la gestión y optimizando el tiempo de respuesta. Además, tiene publicada una guía completa sobre la Ley de Transparencia y pone en contacto a los usuarios con otras organizaciones que promueven la transparencia.

Actualmente la fundación no para de crecer, tanto en miembros como en nuevos desafíos que hagan de la sociedad chilena, y latinoamericana en general, más participativa en sus democracias. En su misión de mejorar las herramientas de seguimiento de la actividad gubernamental, Ciudadano Inteligente está involucrado en un nuevo proyecto llamado Poplus.

Según comentaba Manuel Arís Alonso: «Estamos desarrollando una comunidad de programadores para que creen un ecosistema de aplicaciones cívicas, que le permitan a la ciudadanía contar con más y mejores herramientas para el seguimiento de la actividad pública. Sus resultados comenzarán a verse en los próximos meses, a medida que esta comunidad de desarrolladores vaya instalando y relacionando los módulos o herramientas de monitoreo».

Desde todos los rincones del mundo, la sociedad clama por unos representantes más transparentes y responsables. Si la legislación no es suficiente para erradicar las malas prácticas de las instituciones públicas, los ciudadanos deben tomar el relevo de ese derecho y obligación.

Desde el otro lado del Atlántico, el mensaje de la Fundación Ciudadano Inteligente alentaba a todo el mundo a seguir esforzándose: «Es importante que la ciudadanía le demuestre día a día a las autoridades que no solo está demandando más información, sino que además está preparada para procesar esa información y agregarle valor. En la medida en que la sociedad civil demuestre los beneficios que para todos tiene la transparencia, los cambios en el ordenamiento jurídico, que garantizan el acceso a mejor información pública, se producirán más rápido, pues las resistencias a estos cambios perderán sustento».

Educación para la transparencia

Los derechos implican en sí mismos una responsabilidad y conllevan una obligación. Con la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se planteaba un nuevo reto a la sociedad: incluir entre sus actividades cívicas, el manejo y uso adecuado de esta herramienta.

Desde el gobierno chileno se han puesto en marcha dos organismos para facilitar la tarea a los ciudadanos. Uno es el Consejo para la Transparencia, que es la institución estatal que garantiza el acceso a la información pública. Como en otros países, cualquier ciudadano puede acceder vía online o presencial a este organismo para solicitar información.

El segundo es el portal educativo EducaTransparencia.cl. Una corporación subordinada del Consejo para la Transparencia, dirigida tanto a ciudadanos de a pie como a los funcionarios de la propia Administración, para enseñar los mecanismos y herramientas que existe dentro del Estado para acceder a la información pública.

El principal objetivo de este portal educativo es dar a los ciudadanos los conocimientos necesarios para crear una cultura de transparencia institucional y fortalecer el derecho a estar informados. En este sentido, se han creado distintos tipos de cursos y con diferentes niveles de capacidades. La variedad de clases acoge desde el «Procedimiento administrativo de acceso a la información», «Protección de datos», hasta niveles más elementales de información, «¿Cómo interponer una reclamación ante el Consejo para la Transparencia?» o «¿Cómo realizar una solicitud de información?».

Se pueden realizar dos cursos a la vez, como máximo, y la modalidad es online, a través del sistema e-learning.

Además de la teoría, en los cursos también se realizan prácticas y un test para evaluar los conocimientos del usuario. Al finalizar los cursos, los usuarios obtienen un certificado y, sobre todo, las claves para ejercer libremente sus derechos de acceso a la información pública. Las peores restricciones las imponen la ignorancia y el miedo.

Por Beatriz C. Martisi
@Bc_MaRTiSi
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