Los consejos de administración y la rendición de cuentas

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La decisión del gobierno actual de crear una comisión de expertos para abordar la reforma de los consejos de administración, es una muestra de la preocupación e inquietud por el funcionamiento de estos órganos, amplificada por algunos casos de negligencia especialmente grave: la mayoría de los consejos de las cajas de ahorro o los recientes de Pescanova o La Seda.

Ahora bien, se pecaría de ingenuidad si se pensase que basta modificar el actual Código Unificado para solucionar los problemas de los principales órganos de gobierno de las empresas. Los consejos de administración no necesitan un simple ajuste, no basta con un nuevo código (el cuarto después de los códigos Olivencia, Aldama y Conthe) que actualice las prácticas de buen gobierno.

Si las empresas no internalizan los beneficios del buen gobierno será muy difícil que los consejos puedan funcionar, y será complicado que lo hagan mientras los consejos de administración sigan gozando de una bula permanente para no rendir cuentas de su actuación.

¿A quién rinden cuentas los consejos de administración?

Para los responsables de redactar anualmente el Informe Anual de Gobierno Corporativo, principal fuente sobre gobierno corporativo, este documento cumple con creces las demandas de rendición de cuentas a la sociedad. En realidad no es así, y no es fácil que pueda cumplirlas mientras la elaboración del mismo se realice en condiciones propias de un ecosistema cerrado.

Se denomina ecosistema cerrado a todo aquel que no intercambia materia con elementos fuera del propio sistema. El ejemplo más representativo lo constituyen los acuarios o los sistemas desarrollados para facilitar la vida en las estaciones espaciales. Las circunstancias en las que se elabora el Informe Anual de Gobierno Corporativo guardan muchas similitudes con las condiciones de vida en un acuario o el cultivo de flores en un invernadero. La información se confecciona sin apenas diálogo o comunicación, no ya con el entorno externo de la compañía, sino con el resto de los departamentos internos.

Existe bastante consenso que el actual formato del Informe Anual de Gobierno Corporativo es un documento que no responde a las expectativas de información de los diferentes grupos de interés de la empresa, pero la solución a este problema no pasa por ampliar sus contenidos si previamente no se abordan las siguientes cuatro cuestiones:

1 Informes anuales de gobierno corporativo: un trámite insustancial

El actual Código Unificado, que recoge las principales recomendaciones sobre buen gobierno que deben seguir las empresas cotizadas, se aprobó en mayo de 2006. Se trata de un documento bastante completo que se extiende sobre casi todas las áreas relacionadas con el buen gobierno.

Las compañías cotizadas están obligadas a presentar un Informe Anual de Gobierno Corporativo en el que deben rendir cuenta de cómo cumplen las recomendaciones voluntarias recogidas en el Código Unificado.

El formato del informe es similar a un cuestionario y sigue el modelo de «cumple o explica»: si las empresas cumplen la recomendación contestan positivamente; en el supuesto de que no las cumplan deben motivar o justificar las razones de su incumplimiento. En líneas generales, el estilo de los informes es aséptico y muy homogéneo. El informe se ha convertido en un formulario tedioso e irrelevante, tanto para las empresas que los formulan como para el organismo regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que los recibe.

La información sobre los aspectos más relevantes del gobierno corporativo suele ser escasa y, como señalan los anglosajones, de «corta y pega» (boiler-plate lenguaje; Cfr. Report on board effectiveness; Asociation of British Insurers, 2011). Se aprecia de inmediato que para la mayoría de las compañías se trata de un mero trámite en el que se limitan a proporcionar la información indispensable para cumplir con el expediente. Son escasísimas las empresas que procuran dar cuenta de mejoras o las que se extienden en explicaciones cuando incumplen alguna de las recomendaciones.

El hecho de que la redacción de este documento sea responsabilidad exclusiva de los abogados, no ayuda a que el área del buen gobierno se perciba como un campo de mejora y aprendizaje, sino más bien como una exigencia legal que hay que cumplimentar formalmente cada año.

Las escasas actualizaciones que el informe ha tenido en estos años obedecen a la necesidad de adaptar su contenido a las nuevas directivas de la Unión Europa o a las exigencias de alguna disposición legislativa nacional (Ley de Economía Sostenible), más que al impulso del propio sector empresarial. Se trata de una diferencia importante en relación con los informes de sostenibilidad, cuyo contenido responde a un esfuerzo voluntario de rendición de cuentas por parte de las empresas; en los informes anuales de gobierno corporativo, por el contrario, la iniciativa de mejora siempre parte de la administración pública, sea nacional o comunitaria.

Otra importante diferencia a tener en cuenta, es que los destinatarios de los informes de sostenibilidad son múltiples y variados, en realidad comprenden todos los grupos de interés (stakeholders) de la empresa: clientes, empleados, accionistas, administración pública, comunidad, ONG, medios de comunicación, proveedores, etc.

Esta exigencia hace que la empresa sienta la necesidad de comunicar su esfuerzo a esos grupos y, también, de escuchar sus opiniones. De hecho, la elaboración de los informes de sostenibilidad se sustenta sobre la teoría de los stakeholders, que concibe la empresa como un ecosistema abierto a las influencias del entorno y que, por tanto, entiende que una de sus funciones principales es identificar sus principales grupos de interés e impulsar canales de diálogo permanente con ellos.

El informe de sostenibilidad vendría a ser la «respuesta» de la empresa al diálogo y demandas de información de sus diferentes grupos de interés. El informe de gobierno corporativo, sin embargo, se dirige principalmente a la CNMV. No existe ningún interés por hacerlo público a otros grupos de interés, y el departamento responsable de la empresa, habitualmente el área jurídica adscrita a la secretaría general, no suele solicitar la opinión de otras áreas internas de la empresa: financiera, comunicación, marketing, etc.

2 ¿Quién incentiva la mejora?

En estos últimos años en el campo de la información (reporting) sobre la sostenibilidad de las empresas se ha desarrollado todo un ecosistema de organizaciones e iniciativas que ha incentivado la rendición de cuentas y la mejora en la calidad de la información sobre cuestiones sociales y medioambientales. Las empresas cuentan con metodologías contrastadas y en constante revisión.

Así, por ejemplo, Global Reporting Initiatives (GRI) es una organización no lucrativa, creada en el año 1997, que ha desarrollado un conjunto de lineamientos e indicadores para la elaboración de los informes de sostenibilidad. Desde su creación el GRI ha revisado y mejorado sus guías e indicadores cada tres o cuatro años impulsando una constante mejora del reporting.

Igualmente destacable es la iniciativa relacionada con la elaboración del llamado informe integrado y, más en concreto, el trabajo del Comité Internacional del Informe Integrado (IIRC), creado en el año 2011, que viene propugnando la necesidad de integrar en un único documento la información financiera y no financiera de la empresa.

En esta misma línea hay que resaltar el trabajo que las ONG y grupos activistas han venido realizando al demandar a las empresas que rindan cuenta de sus actuaciones y, de manera particular, de sus impactos, positivos y negativos, sobre el medio ambiente y el entorno donde operan. En efecto, gran parte de los indicadores relacionados con las áreas sociales y medioambientales, las más desarrolladas en las memorias de sostenibilidad, han surgido gracias a esa demanda de las ONG, que han conseguido que muchas de sus solicitudes sean aceptadas por algunos inversores cualificados (fondos de inversión e índices de sostenibilidad como DJSI o F4Good) y exigidas por los consumidores (certificaciones de proveedores, trazabilidad, sellos de comercio justo, etc.).

La única institución en España que se podría asimilar al GRI o al IIRC es la organización Emisores Españoles; pero además de que sus integrantes suelen ser, precisamente, los responsables de elaborar los informes anuales de gobierno corporativo, por lo que las condiciones propias de los ecosistemas cerrados están más que aseguradas, su actividad ha estado más centrada en fomentar la seguridad jurídica en la emisión de valores cotizados que en impulsar el desarrollo de estándares elevados de buen gobierno en las sociedades.

En cuanto a los proxy advisors, que cumplen una función análoga a las ONG activistas, la verdad es que, aunque su peso es creciente, su actividad todavía es muy escasa en España. Se trata de entidades que analizan a las empresas y dan recomendaciones y asesoramiento del sentido del voto a los grandes inversores institucionales en las juntas generales de accionistas.

No obstante, los proxy advisors están llamados a jugar un papel muy importante en el impulso de las prácticas de buen gobierno de las empresas. No hay más que analizar los resultados de las votaciones de las juntas generales de accionistas de estos últimos tres años para comprobar cómo las empresas del IBEX han sufrido en propia carne el rechazo en las votaciones de algunas de sus propuestas más significativas: aprobación del Informe anual de remuneraciones y renovación en el cargo de determinados consejeros.

3 CNMV: un supervisor que no supervisa

El Informe anual de gobierno corporativo de las empresas del IBEX 35, que anualmente elabora la CNMV, no es un informe que ayude a impulsar el buen gobierno y a difundir las mejores prácticas. Su finalidad se limita a dar cuenta de las principales magnitudes en relación con el cumplimiento de las recomendaciones del Código Unificado.

No es que este tipo de análisis sea inútil, sino que resulta claramente insuficiente. Un Código Unificado que se basa en la praxis de «cumple o explica» debe conceder tanta importancia a los cumplimientos como a las motivaciones de los incumplimientos. Si las explicaciones sobre los incumplimientos no tienen consecuencias, las empresas terminarán por ignorar las recomendaciones.

Los incumplimientos deben obtener una respuesta por parte de la CNMV por varias razones. En primer lugar, porque pueden estar justificados y, en ese caso, conocer los motivos interesa a todo el sector, no solo al «incumplidor». La explicación razonada de las causas o circunstancias por las que una compañía no cumple una determinada recomendación es una oportunidad de aprendizaje colectivo inestimable.

En segundo lugar, porque los incumplimientos pueden no estar justificados y, en ese caso, hay que procurar sacar del error al «incumplidor». Basta examinar los informes anuales de gobierno corporativo que remiten las compañías a la CNMV para comprobar la falta de consistencia motivade muchas de sus explicaciones sobre los incumplimientos; si esa falta de interés y diligencia en la argumentación no tiene respuesta por parte de la CNMV, las empresas terminarán por ignorar completamente las recomendaciones.

El hecho de que el legislador no haya querido imponer determinadas prácticas de buen gobierno por entender que la realidad empresarial es muy rica y admite una variedad de alternativas, no supone la concesión a la empresa de un cheque en blanco para que pueda actuar a su arbitrio.

4 Unos consejos que no se autoevalúan

Los miembros de los consejos de administración dedican una considerable atención (muy necesaria, todo sea dicho) a la comprensión y definición del negocio, así como a todos los aspectos relacionados con el diseño de la estructura directiva y el desarrollo profesional de los empleados; sin embargo, la configuración institucional de la organización constituye la gran asignatura pendiente.

Cada vez existe un consenso mayor en reconocer que el futuro y la continuidad de la empresa no solo dependen de la apertura de nuevos mercados o la capacidad de innovar en nuevos productos, sino que guarda mucha relación con el desarrollo de un sistema de gobernanza eficaz.

Resulta llamativa la poca atención que prestan los consejos de administración españoles al desarrollo, revisión y mejora continuada de su propio sistema de gobierno y, desde luego, en el caso de que le dediquen tiempo, es notoria la falta de información que proporcionan sobre sus conclusiones y resultados. El sistema de gobierno de la organización no es un área cuyo desarrollo y mejora deba dejarse en manos de los organismos supervisores; muy al contrario, el peso de la iniciativa debe partir del propio órgano de gobierno que ha conseguido desarrollar mecanismos eficaces para impulsar su mejora continua.

Es cierto que el sistema de gobierno por naturaleza tiende a ser algo estable y, también, que las reglas de gobierno no pueden estar sometidas a una constante revisión, pero entre la necesaria estabilidad y la actual inacción de los consejos de administración media un campo muy grande.

Por Javier Martín Cavanna
@jmcavanna

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