Transparencia y participación, claves para construir Europa

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La situación actual que se vive en la sociedad europea, está sentando las bases de una nueva forma de convivir. La repercusión de la crisis económica en la gestión política, está promoviendo una serie de cambios, a todos los niveles de la sociedad, que en años anteriores, el ciudadano de a pie nunca habría imaginado que fueran posibles. Por ejemplo, que a finales de 2013 España abandonará la lista de países sin una ley de transparencia; también se ha logrado que las cláusulas de las hipotecas sean más justas, o que las prácticas deshonestas y corruptas de los cargos públicos sean castigadas más severamente para que no se vuelvan a repetir.

Sin embargo, las circunstancias siguen demandando más cambios en las políticas públicas, ya que la confianza de los ciudadanos en las instituciones cada vez es menor. El interés por participar en la gestión pública aumenta, en la medida en que el ciudadano percibe que sus intereses son valorados a la hora gobernar. Por otra parte, si las personas observan que se aprueban leyes, sin escuchar, ni tener en cuenta las particularidades de los habitantes, al final se produce el desapego.

En este sentido la Unión Europea es la entidad estatal más afectada. En el último eurobarómetro publicado en septiembre de 2013 por el Parlamento Europeo, A un año de las elecciones europeas 2014, reveló que el 50% de los entrevistados consideraban «bueno» pertenecer a la Unión. Sin embargo, separando la respuesta por países, en España el porcentaje era levemente más bajo: un 47% consideran positivo ser estado miembro.

Cabe recordar que 2014 será año electoral para el Parlamento Europeo, por lo que las sedes europeas internacionales ya han puesto en marcha la campaña Acción. Reacción. Decisión, dirigida a promover la participación de todos los ciudadanos la Unión. Algunos políticos han dejado ver su preocupación por la falta de interés de los españoles, en particular, y del resto de nacionalidades, en general, por las futuras elecciones. Juan Fernando López Aguilar, actual presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, comentó en un debate sobre temas europeístas que «dependiendo de lo que suceda en las elecciones de este año [2014], puede que haya, o no, Unión Europea».

A pesar de todas estas cuestiones e inquietudes, siempre hay voces positivas que se lanzan a la acción y proponen cambios de rumbo, que lleven a la sociedad a mejores puertos. El doctor José Carlos Cano y Carmen Cobián, forman el equipo fundador del Foro Europa Ciudadana, un espacio de ámbito académico que invita al debate y la reflexión, para encontrar la fórmula que acerque posturas entre la Administración supranacional y las preocupaciones de sus habitantes españoles.

Inspirado en los comités de expertos anglosajones, los think tank (literalmente: «tanque de ideas»), el Foro Europa Ciudadana surge con una idea casi revolucionaria en España. «Somos una plataforma cívica, independiente de cualquier partido político, que quiere canalizar los principales temas de interés de los ciudadanos españoles, para trasladar sus ideas a las sedes de la UE», explica Cano a Compromiso Empresarial.

En marzo de 2013 se puso en marcha este proyecto bajo los criterios de participación, transparencia, libertad, sociedad civil y eficacia. En menos de un año, ha recibido una gran acogida en la comunidad nacional que se traduce en más de 3.000 seguidores de Twitter, más de 2.600 perfiles fans de su página en Facebook y alrededor de 300 impactos en prensa.

«Estas reacciones en las redes sociales y en los medios nos indican que hay mucha gente preocupada e interesada por los temas europeos», comentaba el presidente de Europa Ciudadana. Sin embargo, en España persiste un sentimiento de «euroescepticismo» que revierte negativamente en el conjunto social, tanto en España como a nivel europeo. Cuando la Comisión Europea dictamina un reglamento afecta a más de 500 millones de habitantes de toda la Unión. El problema surge cuando el 50% de esa población, además de que no ha participado en el proceso de decisión, tampoco sabe cómo afecta la nueva regulación a su vida cotidiana.

«No sabría decir por qué en España hay ese desapego con la política europea; pero el ciudadano que no se interesa por lo que se decide en la Unión es un iluso, porque todo lo que se aprueba en la Comisión Europea le va afectar. El 70% de lo que se publica en el BOE es una trasposición de la normativa europea», asegura Cano. En este sentido, Foro Europa Ciudadana promueve una mayor interactuación con la UE, para que a la hora de legislar, las instituciones europeas tengan en cuentan los intereses españoles, sobre las cuestiones que afectan directamente a los sectores nacionales.

Además de dar voz a las preocupaciones del ciudadano de a pie, destaca la elaboración de informes que señalan líneas de mejoras en las actuaciones del marco europeo, como la transparencia en las instituciones europeas, o la capacidad legislativa de la UE. En este sentido, su último estudio, Hiperregulación en la Unión Europea, pone de relieve la necesidad de crear una legislación supranacional más sencilla y adecuada a las características de cada país, ya que algunas normas perjudican a determinados sectores de los estados miembros, lo que contribuye a la percepción de que la regulación europea es algo negativo para los intereses económicos y empresariales de los españoles.

Por otro lado, el informe Transparencia en la Unión Europea: Evolución y Perspectivas, destaca el gran esfuerzo del Parlamento y la Comisión Europea para ser transparentes, sin embargo existe todavía un amplio camino por recorrer en esta dirección.

Según Cano, «la transparencia de las instituciones europeas incide mucho en el aspecto económico, pero en nuestro informe hablamos de un concepto más transversal. Por ejemplo, a la hora de proponer una enmienda. El ciudadano no sabe quién ha canalizado esa propuesta, porque ni el Parlamento ni la Comisión publican la relación de reuniones, solitudes, opiniones y contribuciones que hay durante los procesos legislativos. Por lo tanto, se desconocen los intereses, o lobbies, que pueden estar detrás de determinadas iniciativas legales».

Sobre esta línea del conflicto de intereses, también recomiendan que se regule de forma más rigurosa la incorporación de exfuncionarios y expolíticos a empresas con intereses en ámbitos que hayan sido gestionados durante el cargo. Del mismo modo, cualquier ciudadano debería poder saber quiénes son los beneficiarios de las subvenciones de la UE, ya que actualmente, este tipo de información, solo puede consultarse de manera parcial debido a las distintas regulaciones nacionales.

Dentro del mismo informe, destacan las conclusiones sobre el papel del Registro de la Transparencia. Entre otras cuestiones, se recomienda un control más activo, a la vez que debería hacerse obligatoria la inscripción en el mismo para todos los representantes de organizaciones que presenten propuestas e iniciativas a la Comisión Europea.

Además, para inscribirse en el Registro solo es necesario explicar los intereses que se van a defender en los organismos europeos, sin que la Secretaría del Registro verifique la información presentada por los solicitantes. Aunque la creación de este organismo ha sido un gran avance para el control de los grupos de interés, hasta septiembre de 2013 solo había inscritas 3.838 personas como representantes, y un total de 5.886 organizaciones.

Dentro de estas cifras, se excluyen a los entes regionales y locales, por lo que se desconoce el número total de stakeholders que acceden a la Comisión Europea para defender sus intereses particulares.

«Entre esos registrados también estoy yo, como representante de Foro Europa Ciudadana», comenta Cano. «Tengo previsto reunirme con nuestros eurodiputados, y miembros de la Comisión, para presentar nuestro último informe y hacer llegar a nuestros líderes europeos las inquietudes que hemos estado debatiendo en el Foro».

En la página web del think tank invitan a todos los ciudadanos para que hagan aportaciones, participen en la campaña para Smart Regulation en Europa, o manden propuestas e ideas que necesitan que Europa escuche y tenga en cuenta en el futuro.

Según el presidente de Foro Europa Ciudadana: «En España, todavía se le da poca importancia a la plataforma cívica… Hay que tomar mayor conciencia de que este es un buen mecanismo para llegar a la UE, ya que los canales tradicionales han demostrado ser poco eficaces. Desde nuestro think tank queremos contribuir al debate académico, aportando todo el contenido posible, para llegar a una mejor integración».

¿Los gobiernos reaccionan?

Las instituciones gubernamentales no pueden seguir ignorando el elefante que se ha colado en sus programas de gobierno: la transparencia.

Bajo la premisa de «la unión hace la fuerza», en 2011 se puso en marcha la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership). En un esfuerzo global, Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos fundaron esta organización internacional para comprometerse con los principios de transparencia, combatir la corrupción, dar mayor voz a los ciudadanos y utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la gestión gubernamental y el acceso a la información.

Actualmente el número de miembros se ha ampliado hasta 60 países, entre los que se encuentra España. En septiembre de 2011, la carta del secretario general de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, expresaba su compromiso en nombre del gobierno español, para adherirse a la nueva Alianza y compartir los objetivos de la Declaración de Gobierno Abierto.

Esta declaración reconoce los principales derechos de los ciudadanos respecto a la participación y el acceso a la información. Por tanto, los gobiernos que la aceptan se comprometen a:

– Promocionar el acceso a la información y divulgación sobre las actividades gubernamentales a todos los niveles (gasto público, rendimiento de los servicios y actividades públicas), en formatos que el usuario pueda localizar fácilmente, comprender y utilizar.

– Apoyar la participación cívica. Aumentando la efectividad de los gobiernos, creando y utilizando canales que permitan la participación pública en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las actividades y tomas de decisión del gobierno.

– Aplicar los más elevados estándares de integridad profesional, ligados a códigos éticos para la conducta de los funcionarios públicos. Garantizando la transparencia en la gestión de las finanzas públicas y las compras gubernamentales. Asimismo se deberá establecer un marco jurídico para hacer pública la información sobre los ingresos y bienes de los altos funcionarios públicos nacionales.

– Crear mecanismos que permitan una mayor colaboración entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y las empresas.

– Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.

– Desarrollar espacios que sean accesibles y seguros como las plataformas para la prestación de servicios, con la participación del público y el intercambio de información e ideas.

– Desarrollar el uso de innovaciones tecnológicas, por parte de empleados del gobierno y los ciudadanos. Entendiendo la tecnología como un complemento, no un sustituto, de la información clara y útil.

Cabe mencionar que la mayor parte de estos compromisos son asignaturas pendientes de todos los gobiernos, tanto de los miembros, como de los ocho fundadores. Solo el ejemplo del estado español demuestra que está en proceso de «establecer el marco jurídico», «desarrollar las plataformas para la participación y el intercambio de información» o «promocionar la divulgación sobre las actividades gubernamentales».

De cualquier manera, el 31 de octubre y el 1 de noviembre (2013), la Alianza para el Gobierno Abierto tiene su cita anual en Londres, para presentar a la sociedad sus innovaciones en Open Government y poner sobre la mesa nuevos retos de futuro.

Para este último punto, invitan a los ciudadanos a unirse a la cumbre y ser un miembro activo más. Desde la página web Opengovpartnership.org/ london-summit-2013 se ofrece toda la información para los interesados en asistir y enviar propuestas, ponencias o discursos bajo el lema «OGP quiere oír tus sugerencias y hacer de esta Cumbre la mejor posible».

Una vez más, la participación ciudadana se convierte en el gran desafío para toda la sociedad: quien no se implica activamente, de un modo u otro, corre el riesgo de terminar viviendo en un mundo ajeno, incomprensible y deshonesto. Ante este panorama, no cabe pensar como reproche del futuro: «ni siquiera lo intentamos».

Por Beatriz C. Martisi
@Bc_MaRTiSi
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