Luces y sombras de la transparencia en Perú

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La República del Perú cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde agosto de 2002; aunque el derecho de cualquier ciudadano peruano a solicitar y recibir información pública ya estaba recogido en el artículo 2º, punto 5 de la Constitución Política de 1993. Sin embargo, la promulgación de esta norma, como parece ser ya una costumbre de este tipo de leyes, no estuvo exenta de polémica y críticas.

Por un lado, se señaló como punto negro que el alcance de la norma no llegara hasta las empresas públicas y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estuvieran exentas de responder directamente a las solicitudes de información, ya que son los Ministerios de Defensa y del Interior los responsables de atender dichas solicitudes.

Este hecho fue considerado por algunos críticos como un trato especial y un privilegio para las Fuerzas del Estado, lo cual vulneraba la transparencia de la administración y lo calificaron de inconstitucional, esperando su modificación.

Después, tras la elección del presidente Ollanta Humala en junio de 2011, quien había prometido en su campaña garantizar la transparencia de las instituciones estatales, algunos medios de comunicación comprobaron que el gobierno incumplía la oferta electoral, al no actualizar la información de los portales web de varios ministerios, dejando en blanco muchas agendas ministeriales y sin publicar noticias relevantes de cada sector.

Sin embargo, el ejecutivo peruano parece esforzarse en cumplir con la rendición de cuentas, y en junio de 2013 modificó el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, destacando positivamente de esta reforma la ampliación de la información publicada en los portales de transparencia, como las declaraciones juradas de ingresos y rentas de los funcionarios y toda la información referente a las contrataciones de las entidades estatales.

También se incorporó a los portales el Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado y se establecieron acciones, bajo responsabilidad, para la recuperación de extravíos, destrucción, modificación o alteración indebida de la información.

Según la última Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, el gobierno debería esforzarse mucho más si espera conseguir mejores valoraciones sobre los organismos públicos, ya que el Congreso de la República es considerado como la institución más corrupta, seguida de cerca por la Policía Nacional y el Poder Judicial.

Beatriz C. Martisi
@Bc_MaRTiSi

Contenido incluido en numero 49 PDF

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