Reflexión democrática de Perú. Impulsando la transparencia y la rendición de cuentas públicas

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Una de las principales amenazas para las sociedades democráticas es la corrupción. Desafortunadamente, ningún sistema actual se escapa de las garras de este fenómeno, que en diferentes grados, se manifiesta en muchos niveles de la administración pública de los países.

Entre las principales causas que provocan la corrupción, destacan la avaricia personal de los dirigentes políticos, la falta de principios éticos para desempeñar cargos públicos y la opacidad en la gestión de los recursos estatales.

Pero cada país es un caso diferente, y los factores que causan las malas prácticas varían o se multiplican, porque la corrupción es una «alimaña» viva, que muta y se transforma según las características de las sociedades, para no ser descubierta y perpetuarse.

En algunos países, cuyo sistema democrático es joven, se dan circunstancias sociales y económicas que favorecen las prácticas corruptas. Por ejemplo, dentro de las sociedades en vías de desarrollo, que están en un periodo de modernización y crecimiento económico, si no se establece un control eficaz y riguroso sobre el gasto público, favorece la posibilidad de que los cargos políticos se dejen seducir por las malas prácticas en busca del enriquecimiento personal.

A las circunstancias económicas también se suma un factor histórico y social como la inexistencia de una cultura basada en la transparencia y la rendición de cuentas de los cargos públicos.

Los hechos descritos anteriormente se dieron claramente en Perú durante la década de 1990, bajo el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. La corrupción en la cúpula del gobierno alcanzó niveles sin precedentes en este país sudamericano, que llegó a ser denominado como «cleptocrático» (dominio de los ladrones).

Transparencia Internacional estimó en 600 millones de dólares el capital prolifeque el expresidente Fujimori consiguió ilegalmente durante sus diez años de mandato. Actualmente se encuentra en la cárcel cumpliendo veinticinco años de condena, tanto por sus delitos de corrupción como por crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, los siguientes gobiernos que sucedieron a la administración de Fujimori también están bajo la sospecha del enriquecimiento personal y de prácticas poco éticas. Alejandro Toledo (2001-2006) está siendo investigado por la Fiscalía peruana por un desequilibrio en su patrimonio, por la compra de inmuebles de lujo durante su paso por la presidencia, mientras que Alan García (2006-2011) espera el resultado final de la investigación de una comisión parlamentaria, también por un supuesto caso de corrupción.

En la última Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2013, elaborada por la organización Proética, el 58% de los peruanos encuestados consideran que la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal problema del Estado e impide el desarrollo del país.

A su vez, el mismo estudio revela que el 48% considera «nada efectivo» el resultado de las denuncias por casos de corrupción. En este sentido, cabe destacar que la desconfianza ciudadana sobre la administración y el gobierno promueven la inestabilidad política y social de los países. Y como se ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad, esta situación de descrédito institucional puede preceder a cambios de régimen político bruscos y desesperados, utilizando medios antidemocráticos y violentos.

Con la idea de devolver la credibilidad en el Congreso de la República y fortalecer las instituciones democráticas del Perú, en 2004 nació la Asociación Civil Reflexión Democrática, una organización sin fines lucrativos, formada por un grupo de profesionales y profesores, preocupados por el devenir de la democracia de su país.

Al primer consejo directivo, que puso en marcha a la asociación, fueron cinco personas: Milagros Campos Ramos, Roque Benavides Ganoza, Fernando Villarán de la Puente, Javier Tantaleán Arbulú y José Luis Sardón de Taboada. Durante aquel primer año realizaron varios estudios que dieron como resultado una serie de informes, destinados a promover la reflexión sobre los temas que estaban siendo debatidos en el Congreso.

A partir de entonces, la asociación comenzó a crecer, integrando a nuevos miembros en su equipo y asumiendo nuevos proyectos para impulsar su misión: «Lograr que el Congreso de la República sea percibido y funcione como la principal entidad representativa del país, institucionalmente fortalecida, eficiente en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y con capacidad de garantizar las condiciones de estabilidad política, social y económica que favorezcan el crecimiento sostenido y el desarrollo del país, en un clima de libertad y orden», según expresa Reflexión Democrática en su página web.

Teniendo en cuenta la opinión de los medios de comunicación y los estudios, es inevitable establecer cierto paralelismo entre la percepción de los peruanos sobre su Parlamento, y la situación política que se vive en España. ¿Se puede conseguir eso de «arreglar» el Congreso?

A una pregunta parecida, el director ejecutivo de Reflexión Democrática, José Elice, en una entrevista en la publicación Caretas, afirmaba que se podía si el Congreso se centraba más en las actividades propias de un Parlamento. Esto se traduce en ejercer sus funciones legislativas, de control sobre la política del gobierno, sobre los nombramientos, o la jurisdicción política y, por supuesto, el Parlamento debe desempeñar esas funciones bien, para garantizar la eficacia y eficiencia de la institución.

En definitiva, el abogado afirmaba que «hay que recuperar el Parlamento» abandonando las actividades «extraparlamentarias» de los políticos, ya que se distraen organizando fórums, congresos y regalando cosas a los ciudadanos, en detrimento de sus funciones básicas como diputados.

En este sentido, las actividades de Reflexión Democrática se han dirigido a capacitar a los diferentes grupos fundamentales para garantizar el buen funcionamiento de la democracia, como son los parlamentarios, los funcionarios y los periodistas. Sus proyectos destacan notablemente por el sentido práctico y la utilidad que tienen para el conjunto de la sociedad peruana.

Por ejemplo, 131 Voces es una plataforma virtual, disponible desde 2012, que han desarrollado como herramienta de interacción entre los parlamentarios y los ciudadanos, estableciendo un espacio de diálogo y de debate entre representantes y representados.

Un equipo de RD se encarga de actualizar la información de la plataforma, de manera que las personas tienen conocimiento de las leyes que están en proceso y de las acciones de los diputados. Además, los usuarios también pueden dejar sus opiniones, que son publicadas en la plataforma, para que sean leídas y tenidas en cuenta.

Otra de las necesidades de la institución, señalados por RD, es simplificar los procedimientos legales y modificar las leyes para acercar el Parlamento a sus ciudadanos. Con esta idea, activaron la campaña El Cuestionario Azul: menos leyes, mejores leyes. Esta iniciativa se inspiró en las checklisten que se utilizaron en Alemania durante la década los setenta; se trata de un conjunto de preguntas que ayudan a determinar si es necesario o no desarrollar una ley.

En total son veinte preguntas cerradas que comienzan por: «¿Tiene claro el tema sobre el que pretende que se legisle?». Tanto si la respuesta es negativa como positiva, el programa insta al legislador a expresar brevemente (en tres líneas) el tema de la futura ley y, posteriormente, continúa preguntando si realmente es necesario que la norma tenga rango de ley, si no existe ya una norma superior que regule el mismo tema, si ha sopesado los beneficios con el coste de la norma, etc.

En resumen, el cuestionario pone a prueba la toma de decisión del legislador y hace reflexionar sobre el proceso que ha seguido el diputado, para concluir que hace falta una nueva ley. Con esta herramienta, la Asociación pretende combatir la proliferación y «contaminación legislativa» del marco jurídico, mejorando la calidad técnica de las leyes peruanas.

Por otro lado, para generar confianza en cualquier sociedad moderna, debe establecerse con fuerza el compromiso con la transparencia. Por esta razón, Reflexión Democrática también lleva a cabo el proyecto Web transparentes, que precisa de la colaboración con los propios diputados del Congreso de la República. Actualmente, solo seis (Luz Salado, Juan José Díaz Dios, Marisol Pérez Tello, Luis Ibérico, Lourdes Alcorta y Luis Galarreta) se han dejado asesorar por la asociación, para adecuar sus páginas web a las directrices de la transparencia y la rendición de cuentas.

Pero entre los esfuerzos que realiza RD para desnudar a los congresistas peruanos, sobresale su publicación Radiografía del Congreso. Este análisis, elaborado en conjunto con otros dos centros nacionales e internacionales, pone al alcance de los ciudadanos los datos profesionales de los congresistas y la actividad legislativa durante el periodo 2006-2011.

En la introducción del estudio se explica que: «Se hizo relevante elaborar un documento que trascendiera la barrera básica de un currículum vitae, y poco a poco se incorporó interesantes elementos que buscaban contribuir con el objetivo de mejorar la transparencia, la articulación política y la incidencia del trabajo parlamentario en el país».

Gracias a la colaboración de 95 congresistas, de 120 que hay en la cámara, la publicación pasó de un único objetivo (mostrar a la ciudadanía quiénes eran sus representantes), a cumplir con una labor más enriquecedora para toda la sociedad del Perú: difundir los temas de interés y los planes de trabajo propuestos por los parlamentaristas; crear conciencia, tanto en políticos como en ciudadanos, sobre la importancia del cumplimiento con las promesas electorales y la rendición de cuentas, y desarrollar una línea de evaluación y seguimiento de la actividad parlamentaria de los congresistas.

Para completar su labor, en marzo de 2010, Reflexión Democrática presentó una versión nueva y mejorada del estudio anterior: Ventana al Congreso. Continuando en la misma línea de trabajo, este proyecto es la versión online de Radiografía del Congreso, según explica la propia organización, «pretende ser una fuente de consulta obligada para los ciudadanos, analistas y periodistas», además de constituir una herramienta mejorada para la vigilancia ciudadana sobre el Congreso, en general, pero también para impulsar la participación de los peruanos en la vida parlamentaria.

Actualmente, la asociación sigue impulsado nuevos proyectos interactivos entre la institución legislativa y la ciudadanía, de hecho, el último programa que está desarrollando, bajo el nombre Exijo ser escuchada, promueve actividades como talleres formativos, audiencias descentralizadas y un foro en el Congreso de la República, con el fin de capacitar a las líderes de organizaciones sociales de Lima, para mejorar la calidad de su participación en la política peruana.

Como se observaba al principio, ciudadanos y políticos se encuentran en posturas muy dispares, pero gracias a iniciativas de la sociedad civil y a la disposición de buenos políticos, se puede tener esperanza en la reconciliar ambas partes. Solo se necesita constancia, perseverancia y voluntad.

@Bc_MaRTiSi

Contenido incluido en numero 49 PDF

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