Misión imposible contra la opacidad en Venezuela

¿Se puede hablar de democracia cuando un gobierno se niega a dar información a sus ciudadanos? Parece impensable que en un estado moderno y considerado en vías de desarrollado no se puedan conocer los presupuestos generales del estado para el año en ejercicio.

O que los datos que ofrece el gobierno no puedan ser contrastados porque no hay publicaciones oficiales que los certifiquen. También sorprende que se multe a una organización civil por pedir el sueldo de un funcionario público, quien debería publicar su renta por ser el responsable del organismo que lucha contra la corrupción dentro de la propia administración.

Esta situación de opacidad galopante es la que vive diariamente el movimiento Coalición ProAcceso Venezuela, quien describe a Compromiso Empresarial la realidad del país latinoamericano.

«Todos los países están luchando por mejorar el acceso a la información pública; porque la información sea más completa, más clara; para que haya más posibilidades de verificar la información. Pero en todas estas peleas hay niveles, es decir, que una cosa es la posible opacidad que hay en España, en México, Chile, Brasil… y otra, es la que estamos viviendo en Venezuela», afirma Mercedes de Freitas, miembro de ProAcceso.

Desde hace aproximadamente siete años, diferentes organizaciones de la sociedad civil venezolana, tomaron la decisión de unir sus fuerzas, con el fin de conquistar el derecho de acceso libre a la información pública.

De esta manera, Grupo Social Cesap (Centro Social de Acción Popular), Espacio Público, Invesp (Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos), IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), CNP (Colegio Nacional de Periodistas) y Transparencia Venezuela, unieron a profesionales de la información, investigadores, miembros de ONG, entidades académicas y todas aquellas personas de Venezuela, en colectivo o de manera individual, interesadas en promover la transparencia, la rendición de cuentas, la capacitación y la participación ciudadana, para luchar contra la corrupción.

«Veíamos con preocupación que no se estaba avanzado como en el resto de Latinoamérica; los organismos del poder público nacional estaban muy alejados del concepto de derecho de acceso a la información pública, y las peticiones que hacíamos cada organización, para nuestras investigaciones, eran infructuosas», explican desde ProAcceso. «Entonces llegó el momento en que decidimos ponernos a trabajar todos juntos; hacía falta mucha más fuerza».

Con la ayuda de Helen Darbishire, vicepresidenta y directora ejecutiva de Access Info Europe, conformaron la coalición que actualmente cuenta con 140 miembros. Su misión va más allá de la lucha por el derecho de acceso a la información, pretende generar demanda por parte de la ciudadanía, ya que ninguna institución estatal del gobierno en Venezuela está dispuesta a ofrecer la información sin presión social.

Porque lo digo yo

¿Por qué el gobierno se niega a dar información? La principal causa de que el gobierno venezolano no publique información y, además, se niegue e ignore las peticiones de ciudadanos y organizaciones, es, según los expertos consultados, que no lo considera necesario.

«El concepto acá de democracia es muy primitivo; ningún estado está interesado en dar información; no siente necesidad de ello», aclara la coordinadora de ProAcceso. «Tenemos una dualidad casi esquizofrénica: por un lado se habla mucho de participación ciudadana, de empoderar a la gente, de que el poder está en el pueblo, y por otro lado se niega la información y los informes de rendición de cuentas, que muchas veces son propaganda, no tienen datos acerca de cumplimiento de objetivos, ni del uso de los recursos en detalle», sentencia.

Al no existir publicaciones oficiales, la poca información que reciben las organizaciones de ProAcceso no puede ser comprobada. Datos tan importantes para el país, como la producción de petróleo, se desconocen.

«El Ministerio de Energía lleva años diciendo una cifra y la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de la que Venezuela es miembro, dice otra. Si lo traducimos en ingresos del país, la información que nos ofrecen tampoco la podemos verificar, porque hay muchos fondos de los cuales desconocemos su alcance, para qué se utilizan, a cuánto ascienden, o quién los maneja», comenta Mercedes: «Son afirmaciones que exigen un acto de fe, como si fueran dogmas: Están aquí porque nosotros (gobierno) lo decimos«.

Otra de las razones por las que la opacidad del gobierno llega a niveles ilimitados, es que existe una realidad que se quiere ocultar, dicen los expertos. Al no existir informes de resultados, ni de gestión, la corrupción puede extenderse por cualquier parte del estado.

Por ejemplo, ¿cómo se financian los partidos políticos venezolanos? «La constitución bolivariana de 1999, prohíbe el financiamiento público de la actividad política. Sin embargo, hay cientos de millones de pruebas, que demuestran que el gobierno, en Venezuela, es el partido, y el partido es el estado. Cada vez hay menos diferencias entre uno y otro. El partido de gobierno usa descaradamente los recursos para su campaña: desde los militares para pegar carteles hasta las oficinas públicas para hacer propaganda», aclaran desde la coalición.

Un trabajo a tres niveles

Ante esta situación, ProAcceso sigue incansable en su lucha, porque no todo son negativas y silencios administrativos. Esta guerra sin cuartel contra la opacidad se libra en tres grandes frentes:

1. Conseguir un marco legal que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información. En un país sin datos oficiales, es todo un logro que ocho alcaldías aprobaran una Orden de transparencia y acceso a la información, que cinco gobernaciones (provincias) tengan una Ley de transparencia y acceso a la información, y que en 2011 un grupo de diputados introdujera una Proposición de ley de transparencia y acceso a la información, aunque finalmente no llegara a debatirse en el Parlamento.

2. La capacitación de la ciudadanía. Desde la coalición realizan talleres para organizaciones, asociaciones civiles y ciudadanos; crean programas en las universidades y editan materiales y guías de participación.

3. La implementación. ProAcceso hace un seguimiento permanente sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información. Publica informes periódicos sobre el grado de opacidad de las webs estatales –qué información contienen, con qué frecuencia se actualizan o qué grado de accesibilidad permiten– así como recomendaciones sobre gestión.

También realizan trabajos en conjunto con los periodistas y las diferentes instituciones para conseguir información, editarla y construir bases de datos a partir de lo poco que encuentran. Luego, esa información la comparten con el resto de organizaciones.

Por ejemplo, Transparencia Venezuela analiza los presupuestos por recursos, sector, año y las diferentes organizaciones de sociedad civil se apoyan mutuamente, consiguiendo información de los temas correspondientes. En el caso de las organizaciones de salud se trata de conseguir y analizar los recursos que se han aprobado y ejecutado en el área de salud, o la gente de cárceles intenta conseguir datos de los temas de penitenciaría, etc.

«Tenemos muchísimo trabajo; yo siempre les digo a mis compañeros de Transparencia de otros países, que ellos se sientan ante la computadora, la encienden, acceden a la página web de cualquier ministerio y ya comienzan a trabajar. Nosotros no», lamenta Mercedes de Freitas: «Tenemos que brincar, volar, correr, levantar el dato, ir al campo y, más o menos, conseguimos algunas cosas y, con eso, es con lo que después comenzamos a trabajar».

El mundo al revés

Conseguir información pública de un estado que considera «enemigos» a los ciudadanos que le solicitan información, puede resultar peligroso y caro. Espacio Público, otro de los miembros de ProAcceso, solicitó el sueldo del contralor –responsable de la Controlaría, la organización estatal dedicada a proteger los recursos públicos contra la corrupción–, obteniendo la siguiente respuesta: «Esa información es privada».

Entonces ProAcceso se dirigió al Tribunal Supremo para pedir un amparo con el fin de conocer la información solicitada, pero en lugar de obtenerla fueron multados por atreverse a pedir el sueldo de un funcionario.

Otra de las organizaciones miembros, Transparencia Venezuela, tiene abierta una investigación de la Comisión de Controlaría del Parlamento para averiguar el origen de los fondos de financiación que se encuentran publicados en su página web. «El gobierno no dice qué hace con el dinero público, pero nosotros que sí explicamos el destino de nuestro dinero privado somos los que tenemos la investigación abierta», narra la ironía del asunto la coordinadora de ProAcceso.

Ante esta situación, resulta sumamente complicado el simple hecho de destapar la corrupción. «Hasta que el estado no entienda que la información pública es propiedad de los ciudadanos y no un favor o un regalo del poder, porque el poder es de los ciudadanos, esta pelea será infinita», declaran desde la coalición.

Por Beatriz C. Martisi
@Bc_MaRTiSi
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