La unión hace la fuerza contra la opacidad en Latinoamérica

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Cuando existe un enemigo poderoso es necesario aunar esfuerzos para plantar cara y enfrentarse a él. En el caso de la lucha contra la corrupción política y la opacidad en las instituciones de gobierno, esta necesidad se hace aún mayor. Por este motivo, organizaciones civiles de Argentina, Chile, Perú, México y Colombia crearon la Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa.

Su idea original era hacer un seguimiento de la actividad parlamentaria para promover el acceso a la información pública y la transparencia de los congresos latinoamericanos. Sin embargo, hoy en día, sus logros van más allá de las fronteras de América del Sur y sus estudios han permitido que los países de la región se comprometan activamente con la transparencia y la participación ciudadana.

La inquietud por conocer qué nivel de transparencia tenían los parlamentos latinoamericanos comienza en 2006, cuando las organizaciones Participa, de Chile, Poder Ciudadano, de Argentina, y Acción Ciudadana, de Guatemala, realizan el primer Índice de transparencia legislativa.

Esta experiencia inicial sirvió de preámbulo para la unión de los futuros miembros de la Red. Permitió a las diferentes organizaciones tomar conciencia del problema al que se enfrentaban y esbozar las primeras líneas de la metodología.

Más tarde mejorarían este estudio para crear un nuevo índice de transparencia con bases más sólidas, una muestra con mayor número de países y que tuviera más continuidad en el tiempo.

Finalmente, en 2010, la Red toma forma de organización y cada año aumenta el número de solicitudes para adherirse a ella. Actualmente son más de veinte organizaciones procedentes de once países de Latinoamérica y está previsto que siga creciendo, pero de manera controlada.

Agustina de Luca, coordinadora de la Red, explica a Compromiso Empresarial que no quieren «desbordarse» y que se pierda el sentimiento de pertenencia o el alto nivel de participación de las organizaciones miembro. «Todas las decisiones que tomamos son por unanimidad y están muy consensuadas, porque cada uno de nosotros va construyendo la Red; y eso lo queremos mantener por encima de todo», declara.

¿Cómo debe ser un parlamento transparente?

Antes de afrontar un problema, lo primero que se debe hacer es identificarlo. De esta manera, la Red desarrolla su Índice de transparencia parlamentaria, cuya segunda edición se publicará a mediados de septiembre.

Desde la organización, De Luca comenta las novedades del nuevo estudio: «Hemos mejorado la metodología, la nueva medición es bastante más completa y, además, estará disponible en nuestra web con una herramienta interactiva, la cual permitirá comparar los resultados y descargar los datos en diversos formatos reutilizables».

Este índice se compone por cuatro dimensiones para medir la transparencia de los congresos y senados como instituciones separadas:

1. La primera dimensión evalúa la existencia de normas y leyes dentro de los parlamentos destinados a regular la transparencia.

Se acepta que sea una norma general o un reglamento interno del parlamento. A su vez, esta dimensión se divide en catorce indicadores entre los que destacan la existencia de un registro de obsequios, la regulación del lobby o del conflicto de intereses o la ley de acceso a la información pública.

2. La segunda dimensión analiza la labor legislativa o parlamentaria, es decir, mide la transparencia a lo largo de los procesos sancionadores de una ley.

En este aspecto se evalúa el sistema de votaciones; el acceso a las comisiones –grupos de trabajo en los que se dividen los diputados para debatir los proyectos de ley por temática. Existen comisiones de sanidad, de presupuesto, etc.–; la publicación de los textos de los debates y las sesiones plenarias; la retransmisión de dichas sesiones, o el acceso a los proyectos de ley y el formato en el que son publicados.

Desde la Red hacen mucho hincapié en el formato de este tipo de publicaciones, ya que un PDF requiere de un programa específico para reestructurar la información en un formato reutilizable.

3. La tercera dimensión trata la gestión presupuestaria. Se analiza la parte administrativa del Parlamento; si existen auditorías externas e internas; la publicación de los salarios tanto de los empleados como de los legisladores; la actualización de dichas publicaciones, o si está disponible alguna rendición de cuentas por parte de las comisiones y los grupos parlamentarios que reciben dinero del Parlamento.

4. Por último, la cuarta dimensión tiene que ver con la participación ciudadana y la rendición de cuentas por parte del Parlamento. En este sentido se evalúa al Parlamento como institución que obliga, o no, a sus legisladores a rendir cuentas; la existencia de un mecanismo para solicitar información, o cómo está establecida la participación ciudadana, ya sea para comentar proyectos de ley o para contactar con los legisladores.

Agustina de Luca explica que estos son los «términos que les exigimos a nuestros congresos mínimamente para que sean transparentes» y que determinan «qué es la transparencia» para las organizaciones miembros de la Red.

Según los resultados de este estudio, los congresos y senados de Chile y México son los mejor valorados en niveles de transparencia. Según explican desde la Red, esto se debe a varios factores positivos que los ponen a la vanguardia de las políticas de transparencia y acceso a la información.

Por una parte, ambos países cuentan con leyes de acceso a la información pública y, por otro, sus instituciones parlamentarias, como el senado de México, trabajan activamente con la sociedad civil desde hace bastante tiempo. En el caso de Chile, además de compartir esfuerzos con la sociedad civil para trabajar por la transparencia, también participa en varios foros internacionales promoviendo el «parlamento abierto» y el acceso a la información pública.

El caso de Perú llama especialmente la atención, porque según comentaba Agustina de Luca, también es un país bien posicionado en el ranking, ya que «publica bastante información y es muy receptivo a las peticiones de la sociedad civil», sin embargo no dan tanta visibilidad a sus logros como hacen otros países. Por el lado contrario, Bolivia y Venezuela tienen los parlamentos peor valorados según el índice y presentan las mayores dificultades para que se acceda a la información pública (Vid. Misión imposible contra la opacidad en Venezuela).

Contagios positivos

El intercambio de buenas prácticas y el apoyo para implementar iniciativas entre los países, es otra de las razones de ser de la Red. Un ejemplo de estas acciones es la plataforma de participación ciudadana Curul 501, de México, cuya misión es poner en contacto a la población mexicana con sus legisladores para comentar proyectos de ley, informar de la actividad parlamentaria o proponer iniciativas al congreso mexicano.

Gracias a la Red, la organización Reflexión Democrática de Perú reprodujo esta plataforma en su país, adaptado el formato al congreso peruano. De esta manera se creó 131 Voces.

Sin embargo, los logros de la Red van más allá de Latinoamérica. En 2012, junto al National Democratic Institute y Sunlight Foundation, la Red estableció la Declaración de transparencia parlamentaria.

Este documento es una llamada de la sociedad civil hacia los parlamentos, cuyo objetivo es generar mayor compromiso con la transparencia y fomentar la participación ciudadana en la actividad parlamentaria. Según explicaba Agustina de Luca, la declaración determina los conceptos generales para que la información parlamentaria sea publicada en formatos reutilizables, exista transparencia activa y, además, se establezcan mecanismos de relación directa con la ciudadanía.

«Es algo muy abstracto», comenta la coordinadora de la Red Latinoamericana, «siempre digo que la Declaración es una herramienta conceptual, mientras que el Índice permite medir específicamente esos conceptos».

Dentro de Latinoamérica, la Declaración de transparencia parlamentaria ya se considera como un eje regulador de las políticas de modernización para los congresos de la región suramericana.

Sin embargo, no es la única zona. Más de cien organizaciones en todo el mundo han adoptado los estándares establecidos por esta Declaración y han sido traducidos a seis idiomas, entre ellos el árabe.

«La Declaración recorrió todo el mundo y ahora hemos recibido bastantes sugerencias de otras organizaciones internacionales para replicar el Índice en sus congresos», comenta Agustina de Luca. «Así que hemos traducido el Índice al inglés, porque una red de transparencia de Europa del Este y otra estadounidense también quieren replicar el Índice en sus respectivos países».

Cada vez son más voces alrededor del planeta proclamando transparencia y participación en los asuntos públicos.

En la era de la comunicación, de las redes sociales, de la información automática y rápida, ya no queda espacio para rincones oscuros y ocultos de la mirada crítica de los ciudadanos. Y los que quedan, están en periodo de extinción.

Claroscuro en Latinoamérica

¿Cuál es el miedo de los gobiernos a ser transparentes? Países como Venezuela y Bolivia ponen muchos problemas a la hora de atender peticiones de acceso a la información, sobre todo si se trata de ofrecer datos en términos presupuestarios. Sin embargo, según explican organizaciones no lucrativas de Latinoamérica, el conflicto comienza desde la base, cuando se establecen los términos de qué es transparencia.

Mientras que para las organizaciones ciudadanas significa acceso a la información, rendición de cuentas y datos abiertos, entre otras acepciones, por parte de los administradores y los gobiernos la transparencia es publicar cuánto cobra un diputado, simplemente. Obviando otras informaciones como el salario de un empleado administrativo; cuántas categorías de salario administrativo existen; cuál es el procedimiento para aumentarlos; cómo es el criterio, etc.

El mismo conflicto se establece con el concepto de acceso a la información, ya que desde la parte administrativa es «acceder a un proyecto de ley», sin incluir el formato reutilizable, la actualización de la información o permitir a los ciudadanos comentar el proyecto y publicar dichos comentarios.

Según explica la organización argentina Directorio Legislativo, en su país el congreso prefiere no publicar la información presupuestaria para mantener la «armonía» entre los grupos parlamentarios, es decir, el administrador «no tiene problema» en publicar las partidas de presupuesto, pero los bloques políticos utilizan esa información para acusarse mutuamente de derrochar el dinero. Por lo tanto, deciden no publicar las partidas de gasto para mantener la convivencia pacífica.

Libertad de expresión vs acceso a la información

La información que llega desde Latinoamérica a Europa no siempre es rigurosa y realista. En este sentido, desde la Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa afirman que sí existe la libertad de expresión en la mayoría de los países de la región, entendida como la libertad de que cada uno puede decir lo que piensa.

Ponen como ejemplo el hecho de que algunos periodistas de Argentina piden «la muerte de la presidenta», o que en Venezuela algunos medios exigen la renuncia del presidente Maduro porque consideran que «está mal psíquicamente».

Por lo tanto, la libertad de expresión se da porque se permiten este tipo de hechos. Además, desde la Red destacan la polarización de los medios de comunicación en algunos países como Argentina, Bolivia y Venezuela en los últimos años. En este punto, cabe destacar que los tres países presentan los niveles más bajo de transparencia en sus parlamentos, según el Índice de transparencia legislativa realizado por la Red Latinoamericana.

Lo que sí existe, y puede llegar a confundirse con la falta de libertad de expresión, es el limitado acceso a la información. Esta práctica provoca que algunos medios publiquen «información errónea», porque carecen de una parte de la información y por lo tanto se tergiversan los datos.

Según fuentes de la Red, esta situación es más frecuente de lo esperado, porque los «medios oficialistas» poseen un tipo de información que los medios de la oposición no y cada uno termina hablando de temas opuestos porque es la información que tienen.

Esta situación podría evitarse con la publicidad activa de todo tipo de información. Desde la organización latinoamericana denuncian que muchas veces los administrativos y los legisladores desisten de informar a los medios por miedo a la «mala prensa».

«Nosotros les decimos que publiquen la información bien, entera, completa, de forma oportuna para que no tengan con qué criticarte, porque muchas veces se critica debido a que la información está mal explicada o está incompleta», aclaran desde la Red a Compromiso Empresarial.

Por Beatriz C. Martisi
@BC_Martisi
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