La moda de la transparencia: nueva directiva europea y portal del gobierno español

Si la semana pasada el Gobierno español lanzaba un portal de transparencia en el que hacía públicos más de 500.000 datos, a nivel europeo se aprobaba apenas un mes antes una Directiva de Transparencia para mejorar la información no financiera de las empresas de más de 500 empleados.
Lidia Soria17 diciembre 2014
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Parece que últimamente está pasando el tren de la transparencia y no se puede dejar escapar. Los ciudadanos cada vez son más exigentes con Gobiernos y empresas y buscan que haya comunicación clara, inequívoca y sin engaños. Hablar de transparencia es sinónimosatisfacer el derecho a saber.

En el caso empresarial, Europa no se conforma con la información que muchas compañías están publicando en sus informes anuales. Principalmente en lo que se refiere a materias como el medio ambiente, la sociedad, los empleados, los derechos humanos o la lucha contra el fraude y la corrupción.

Por lo tanto, el Consejo Europeo, órgano que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países que conforman la UE, aprobó la Directiva 2014/95/UE que obligará a las grandes compañías a mejorar su comunicación pública en este sentido. Según las estimaciones de Bruselas, se espera que 6.000 entidades se vean afectadas.

No se trata de empezar de cero. Europa ya contaba con una Directiva sobre este tema, la conocida como 2013/34/UE, donde se establecían “requisitos legales mínimos” para la responsabilidad social de las empresas, principalmente en cuanto a la información que las compañías tienen que poner a disposición del público y de las autoridades en la Unión Europea.

Cuando se aprueba la modificación de una Directiva como en este caso la aplicación no es inmediata sino que se ofrece a los Estados miembros un periodo para que se puedan ajustar a los nuevos requerimientos europeos. Esta vez los países tendrán dos años para poder adaptar la Directiva europea a sus legislaciones nacionales para que entre en vigor en toda la región en 2017.

La Directiva contempla que son los Estados miembros quienes pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma, “a más tardar el 6 de diciembre de 2016”, informando inmediatamente de ello a la Comisión.

“La divulgación de información no financiera resulta esencial para la gestión de la transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente. En este contexto, la divulgación de esta información contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad”, señala el informe del Consejo.

Transparencia vs LuxLeaks

En el lado de lo público, la nueva Comisión Europea, que asumió responsabilidades el pasado 1 de noviembre, está convencida de que hará de la transparencia su signo de identificación. El programa de trabajo para el año que viene ya se ha publicado. Y entre sus objetivos se recoge la necesidad de mejorar el funcionamiento de la UE, “haciendo sus procesos más transparentes y eficaces”.

A partir del 1 de diciembre, los comisarios, sus gabinetes y los directores generales publican sus reuniones en las páginas web de sus respectivas direcciones con la fecha, el lugar, el nombre de la organización, así como los temas que se debaten en cada reunión bilateral. Una agenda pública y accesible.

“Tenemos que abrir ampliamente las ventanas y ser más transparentes sobre el trabajo que hacemos”, afirmaba el vicepresidente de la CE, Frans Timmermans.

La transparencia llegará hasta las reuniones con los lobbies europeos y a las negociaciones que se están celebrando sobre el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el famoso TTIP.

A pesar de que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se ha visto salpicado por el escándalo LuxLeaks, quiere convencer desde su cargo actual tanto al Parlamento Europeo como al Consejo para hacer del error una virtud y convertir a la UE en un ejemplo de transparencia con el intercambio de información fiscal de los Estados.

Después de que durante su mandato como presidente de Luxemburgo se proporcionaran ventajas fiscales a más de 340 empresas, Juncker está convencido de que esta situación se puede revertir, ya que en mayor o menor medida es una práctica habitual en la mayoría de los países europeos.

La práctica de decidir qué porcentaje de impuestos paga una empresa en el país se lleva a cabo en 22 Estados miembros. Esa es una realidad que afecta casi a la totalidad de la Unión Europea, con lo que conlleva de injusto y poco solidario con el resto de países.

Juncker, lejos de ‘entonar el mea culpa’, ha querido lanzar el mensaje de que no se trata de un caso aislado lo que ocurrió en Luxemburgo. En este sentido, pidió a los europarlamentarios en un discurso ante la Eurocámara su compromiso de influir en sus países para recabar apoyo y que salga adelante su propuesta de compartir información fiscal entre países.

Prevé encontrar la voluntad política necesaria para que los países de la UE se unan en un esfuerzo de compartir información sobre el trato fiscal a las empresas, dando la vuelta al caso LuxLeaks para erigirse como quien lidera desde Europa un proceso de transparencia sin precedentes.

Desde que saltara a la luz el caso, lo único que ha recibido por parte del elenco político europeo ha sido apoyo y confianza salvándole incluso de una moción de censura presentada por la extrema derecha y los euroescépticos.

El portal de transparencia de España decepciona

Cuando se pronuncia la palabra transparencia hay que estar muy seguros de que se podrá demostrar que no se trata de un brindis al sol. Recurrir a su uso puede traer más problemas que beneficios si no se es transparente al 100%. En cuestiones de acceso a la información no valen las medias tintas.

En el caso del portal de transparencia español, Transparencia.gob.es, a pesar de hacer públicos casi medio millón de datos, las limitaciones tanto en el acceso a la información como en el periodo sobre el que se pueden solicitar, ha elevado las críticas de algunas organizaciones. Una de las organizaciones europeas más importantes, AccesInfo, mostraba en un comunicado su “decepción” con la web creada por el Gobierno de España.

“Más que algo para celebrar, ha sido una decepción porque es casi imposible para el público solicitar información”, según señala la organización en un comunicado. Destaca además que nadie del equipo pudo realizar una petición debido al “complicado sistema de registro y de obtención del código de identificación electrónico”.

Acceder al portal con el código electrónico del DNI, que ya de por sí suele dar problemas, hace pensar en la poca visión europea que ha tenido la puesta en marcha del mismo. Para alguien fuera de España, nacional o extranjero, que quiera conocer algún tipo de información es algo imposible. Como denuncia AccesInfo, el sistema se limita a redirigir a la página para obtener el certificado electrónico español. “En un análisis inicial sobre el contenido, falta mucha información”, insisten desde la organización.

No han sido suficientes los 300.000 euros que el Gobierno ha invertido en la página web, ni el personal que ha puesto a disposición del mismo o la cantidad de datos que ha incluido para su publicación.

Pero a pesar de los fallos, los periodistas han podido publicar informaciones tan interesantes como los salarios públicos más altos o el destino de aquellos políticos que dejaban el sillón público para incorporarse al sector privado, lo que ha llevado a la ciudadanía a conocer por primera vez datos que hasta ahora no habían salido a la luz.

Por Lidia Soria
@Sorialid
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