Corrupción y opacidad, los males de Grecia

Desde 2004, el problema de Grecia se fue incubando debido a la mala gestión del gobierno de Costas Caramanlís, que aumentó el gasto público incrementando en más de 100.000 personas la plantilla de empleados públicos y, además, subió sus nóminas en un 70%, según declaró el presidente del Banco Nacional de Grecia, Vasilis Rápanos, en 2010.

Además del gasto incontrolado en el sector público, el Estado griego asumió el sobrecoste de grandes obras, como la celebración de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, cuyo presupuesto final  de 14.000 millones de euros, un 5,9% de su PIB, supuso el doble del coste inicial.

De esta manera, en 2009 el déficit griego alcanzó el 13,6% del PIB, aunque de cara a las instituciones de la UE se maquillaron los datos, para que oficialmente el déficit apareciera por debajo del 7%.

Cuando esto se descubrió y Grecia solicitó ayuda financiera al Eurogrupo y al Fondo Monetario Internacional para evitar la bancarrota, los inversores europeos se mostraron reticentes y ofrecieron un pacto al Estado heleno que incluía importantes reformas de ajustes presupuestarios, entre los que se incluía subida de impuestos, recortes salariales y medidas anticorrupción.

En este sentido, la crisis económica y las medidas impuestas por las instituciones financieras europeas, destapó numerosas tramas de corrupción política. En 2013 se condenó al exministro Akis Tsojatzopoulos a 20 años de prisión, acusado de liderar una organización de blanqueo de ingresos ilegales, procedentes de sobornos de empresas armamentísticas.

Pero no solo los políticos corruptos han tenido efecto sobre las arcas públicas griegas; la burocracia del país, demasiado lenta, tiene enquistado la práctica del soborno por parte de los funcionarios, tanto así que un estudio del Banco Mundial en 2012 reveló que las empresas helenas guardaban el 0’2% de su presupuesto para pagar a los funcionarios de manera que se pudieran agilizar los trámites, evitar inspecciones o ser seleccionados para ser beneficiarios de contratos públicos.

De este modo, el estudio realizado por la ONG Transparencia Internacional reveló que Grecia aparece en el antepenúltimo puesto de los países europeos en su índice de Percepción de la corrupción en 2014, aunque cabe señalar que ha mejorado levemente con respecto a años anteriores.

Lucha contra el fraude y la corrupción, necesaria para el rescate

Cuando el actual presidente Alexis Tsipras ganó las elecciones en enero de 2015, uno de sus compromisos fue la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal. En este sentido, en febrero de 2015, el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, remitió una lista de medidas para combatir el fenómeno y mejorar los mecanismos de transparencia de la administración pública griega.

De esta manera, además de mejorar la recaudación del IVA y los mecanismos para perseguir la evasión fiscal, que anualmente hace perder a la Hacienda pública griega 12.000 millones de euros, también se comprometieron a introducir cambios dentro de la administración helena, según la carta remitida por el Ministro Varoufakis al Eurogrupo, donde se compromete a:

-Mejorar la transparencia y la apertura de la administración.

-Garantizar mayor independencia de la Secretaria General de los Ingresos Públicos.

-Ajustar la legislación de la financiación de los partidos políticos.

-Establecer un máximo de endeudamiento para las instituciones financieras.

-Crear un marco transparente y electrónico que permita ver de manera actualizada las ofertas de contratación pública de las instituciones.

-Mejorar el sistema de nombramiento y contratación pública, basado en la meritocracia y la evaluación personal.

Por su parte, Transparencia Internacional Grecia, advierte que algunos funcionarios públicos “han actuado sin transparencia ni supervisión eficaz durante décadas”, lo cual ha permitido la aceptación de sobornos por parte de un 2% de los empleados públicos, según un informe de la misma organización en 2010.

Ley de transparencia insuficiente

Grecia regula el acceso a la información desde 1986, a través de la Ley número 2690 de Ratificación del Código de Procedimiento Administrativo y otras disposiciones, por la que se establece  que “cualquier parte interesada tiene derecho mediante solicitud por escrito a ser informado de los documentos administrativos”.

Debido a la antigüedad de la norma, no se reconoce como derecho fundamental y presenta importantes carencias, como revela el estudio de leyes internacionales de transparencia, Global Right to Information Rating realizado por las organizaciones Access Info Europe y Centre for Law and Democracy.

Actualmente, la norma griega ocupa el puesto  85 dentro del ranking de 102 leyes sobre transparencia que existen hoy en día; las carencias más señaladas son la no regulación de la publicidad activa, el periodo establecido para responder a las solicitudes, que se extiende hasta los 60 días, la falta de una institución que vigile y garantice el cumplimiento del acceso a la información, y la ausencia de un sistema de sanciones para las entidades de la administración que incumplan con la norma.

Debido a que la regulación sobre el acceso a la información que existía no ha servido para frenar la corrupción en Grecia, en octubre de 2010 el gobierno heleno puso en marcha la iniciativa Programa de Transparencia por el cual se obligó a las instituciones gubernamentales a publicar sus actuaciones y decisiones a través del Porta de la Transparencia griego.

Asimismo, en 2013 se aprobó una nueva regulación, la Ley 4210/2013 de la Secretaría de la Reforma Administrativa y e-Governance que determinó que las decisiones administrativas solo eran válidas una vez que estaban publicadas digitalmente.

El objetivo de este programa era implementar prácticas de transparencia en las acciones del Gobierno, dotar de derechos constitucionales que reforzaran la confianza de los ciudadanos en el Estado a través de la participación y mejorar los sistemas de publicación para que la documentación administrativa estuviera disponible en formatos accesibles.

A pesar de la aprobación de estas medidas en materia de transparencia y gobierno abierto, Grecia sigue presentando un importante déficit de transparencia y rendición de cuentas por parte de las entidades del gobierno y del sector privado, un hecho que ha continuado agravando  su crisis económica e institucional.

Transparencia Internacional en su capítulo del país heleno, recomienda establecer estándares de transparencia más exigentes con respecto a la responsabilidad fiscal del sector privado y empresarial, hacer públicos los conflictos de intereses de políticos y funcionarios públicos, así como crear un registro de los grupos de presión y un código de conducta para el Parlamento griego.

El compromiso de los nuevos gobernantes para actualizar y dotar de nuevas herramientas a la sociedad y al sector público heleno en favor de la transparencia, tienen pendiente desarrollar una nueva voluntad política y ciudadana para cambiar las prácticas corruptas, realizadas durante décadas por todos los sectores de la sociedad, por los nuevos parámetros del Programa de Transparencia griego, un proceso largo y costoso que prácticamente acaba de empezar y que tardará en dar resultados positivos.

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