Los Parlamentos opacos de los Gobiernos transparentes

El gobierno de Mariano Rajoy necesita más tiempo para terminar con las tareas pendientes de su agenda de trabajo, por este motivo el verano de 2015 será el primero de la historia de la democracia en que los diputados pasen el mes de agosto en sus sillones del Congreso. Sin embargo poco se sabe de este cambio puesto que en la agenda del Congreso no aparece reflejada y en su página web tampoco se dan a conocer los detalles.
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La entrada en vigor de la Ley de transparencia y el estreno del Portal de la transparencia son las nuevas herramientas que los ciudadanos tienen para promover la rendición de cuentas de las principales instituciones del Estado.

No obstante, la publicidad activa, es decir, la publicación de información sin solicitud previa, es un principio complicado de cumplir para una Administración poco acostumbrada a dar explicaciones de sus actos.

De esta manera, en 2012 se creó la organización internacional Opening Parliament, autodefinida como un “foro” de encuentro para las ONG de la sociedad civil que promueven y exigen en sus países de origen la apertura y la transparencia de sus instituciones parlamentarias.

La suma de voluntades de Sunlight Foundation (EEUU), la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (Vid. La unión hace la fuerza contra la opacidad en Latinoamérica) y el National Democratic Institute dio como primer fruto la Declaración de Parlamento Abierto, donde se establecen los principios que deben cumplir las instituciones parlamentarias para alcanzar la transparencia en su más alto nivel, permitiendo la apertura y la accesibilidad a la información relevante.

Actualmente esta declaración está apoyada por más de 140 organizaciones procedentes de más de 75 países en todo en el mundo. El auge de la transparencia a nivel internacional ha provocado que esta cifra vaya en aumento y que cada vez más países luchen por la apertura de todas sus instituciones y no se limiten a ‘transparentar’ la gestión administrativa.

En este sentido, las acciones de Opening Parliament actualmente están centradas en incluir a los parlamentos de los países dentro de las políticas de gobierno abierto de la organización internacional Open Government Partnetship, debido a que las políticas de trasparencia y acceso a la información están siendo implementadas en las entidades de los gobiernos, mientras que los parlamentos están más atrasados en la implementación de este tipo de medidas.

María Jaraquemada, representante de Opening Parliament y directora de investigación e incidencia de Fundación Ciudadano Inteligente en Chile, explica a Compromiso Empresarial que: “Lo ideal es que los parlamentos se comprometan con las políticas de transparencia y apertura al mismo nivel que están haciendo los gobiernos”.

Desde la perspectiva de esta organización, los parlamentos deberían ser los órganos más transparentes puesto que son los representantes directos de la ciudadanía, sin embargo  a nivel mundial se da el mismo fenómeno: Los gobiernos centrales demuestran mayor transparencia que sus instituciones parlamentarias.

Este hecho se debe en parte a la propia legislación, como sucede en Chile, donde la Ley de transparencia exige mayores estándares a la administración central que al resto de instituciones legislativas y judiciales.

El Congreso y el Senado español

En el caso de España la Ley de Transparencia 19/2013 exige unos requisitos mínimos de transparencia al Congreso y el Senado, mientras que las leyes autonómicas establecen más obligaciones a sus respectivos parlamentos en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana.

Transparencia Internacional España presentó en 2014 los resultados de su  evaluación de la transparencia de los 17 parlamentos autonómicos y de las Cortes Generales en su Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR).

En este estudio, la ONG destacó el alto grado de transparencia que habían demostrado las entidades legislativas, quienes aprobaban mayoritariamente.

Sobre la información requerida, Transparencia Internacional señaló que la económica era la única donde suspendían los parlamentos (49,2 puntos sobre un total de 100), mientas que las áreas de información sobre la propia entidad (73,2) y sobre el funcionamiento y la actividad parlamentaria (81,4) alcanzaban las notas más alta.

En cuanto a los indicadores de información exigidos por la Ley de Transparencia los parlamentos solo alcanzaban un “aprobado alto” con 58,6 sobre 100.

Sobre el método utilizado para el estudio, la ONG destacó que el Índice “no evalúa la calidad de la información ni tampoco la calidad de la gestión”, solo si la información requerida estaba o no disponible.

En el ranking de resultados finales, los parlamentos de Cantabria y Navarra ocupaban los puestos primero y segundo respectivamente, el Senado alcanzó la tercera nota más alta, con 83,8 puntos de 100, mientras que el Congreso de los Diputados se quedaba en la décima posición con 65.

¿Qué caracteriza a un parlamento abierto y transparente?

La Declaración sobre transparencia parlamentaria establece 44 puntos de actuación divididos en cuatro objetivos muy concretos:

– Promoción de una cultura de transparencia

– Transparentar la información parlamentaria

– Facilitar el acceso a la información parlamentaria

– Permitir el acceso electrónico y de análisis de la información parlamentaria

María Jaraquemada destaca que primero es necesario alcanzar un alto nivel de transparencia y acceso a la información en la medida en que las instituciones deben facilitar “proactivamente” información de sus acciones. De este modo, los parlamentos pueden avanzar hacia la cultura de la transparencia permitiendo la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el ofrecimiento de datos abiertos.

El principal problema que ha detectado Opening Parliament a nivel global es que dentro de las instituciones parlamentarias únicamente uno o dos miembros son impulsores de prácticas de transparencia y códigos éticos. Esta situación limita mucho la reacción de las entidades legislativas a la hora de comprometerse con los principios y las medidas propuestas de la sociedad civil.

Por otra parte, se aprecian importantes diferencias en el modo de proceder de los parlamentos dependiendo de las regiones y, por lo tanto, se precisan medidas adecuadas a cada país para alcanzar los más altos estándares de transparencia.

“En Europa el sistema parlamentario es muy distinto al de Sudamérica. En Finlandia, por ejemplo, los ciudadanos pueden votar iniciativas parlamentarias, mientras que en Venezuela no hay prácticamente información”, comenta María Jaraquemada.

Los estándares son tan diversos que es difícil definir cómo avanzar de manera global, aunque desde Opening Parliament consideran como base de partida que los países cuenten con una Ley de transparencia y acceso a la información pública que sea aplicable a los congresos y, además, que exista un órgano independiente al cual los ciudadanos puedan dirigirse en el caso de que consideren vulnerados sus derechos.

La evolución hacia el parlamento abierto es muy lenta, sobre todo en comparación con los gobiernos centrales que han registrado una mayor implementación de medidas para su apertura. “Abrir la información de qué están haciendo nuestros representantes políticos es un desafío bastante grande y estrictamente necesario”, declara María Jaraquemada.

En el caso de Chile, la representante de Opening Parliament explicaba que desde el gobierno una vez que se aprobó la ley de transparencia en el país andino el sector político consideró que habían cumplido con su objetivo.

Sin embargo, los casos de corrupción y tráfico de influencia que tuvieron lugar posteriormente iniciaron de nuevo el diálogo con la sociedad civil para dar impulso a la nueva agenda anticorrupción que presentó el gobierno de Michelle Bachelet.

“Cuando fuerzas la discusión nadie vota contra la transparencia, porque es demasiado impopular, pero hay reticencias a la hora de implementar las medidas porque la transparencia y la participación ciudadana significa menos poder para los gobiernos; y la transparencia en el Congreso es donde más cuesta, porque son varias voluntades donde hay que aunarlas todas para avanzar”, concluye la directora de investigación de Ciudadano Inteligente.

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Comentarios

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  1. Domingo Sanz

    Sobre todo tienen problemas de transparencia los organismos representativos cuestionados por su inoperancia y coste, como es el caso del Senado en España. Por eso estamos pidiendo a los partidos que nos den la ocasión a los ciudadanos de decidir en http://sinvoznovotoalsenado.blogspot.com.es