Esther Arizmendi: “El Consejo de Transparencia no habla de política y trabaja con independencia"

El Consejo ha recibido en lo que va de año 587 peticiones de los ciudadanos, entre reclamaciones, denuncias y consultas. La presidenta destaca cómo de la nada, sin sede, sin estructura, sin personal, el organismo empezó a funcionar plenamente y atendió a los ciudadanos desde el primer mes.
CE28 septiembre 2015
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La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha declarado que “en el Consejo no se habla de política, sino de transparencia, y se trabaja con espíritu de colaboración con todas las administraciones públicas, con austeridad y con independencia”.

Esther Arizmendi, que ha comparecido a petición propia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, ha expuesto la actividad del Consejo de Transparencia desde sus comienzos, a principios de año. “Construir de la nada un organismo público es el desafío más complejo que me he encontrado en mi trayectoria profesional -ha destacado- y la experiencia de 34 en la Administración ha sido clave para poder hacerlo”.

En cifras, el Consejo de Transparencia ha tramitado 587 iniciativas de los ciudadanos este año. De esta cifra, destacan 280 reclamaciones al Consejo, 203 informaciones al ciudadano y 67 consultas sobre la aplicación de la Ley.

La presidenta del Consejo de Transparencia ha recordado cómo empezó al ser nombrada, “me encontré sola, sin sede, sin medios, sin una cuenta bancaria, sin estructura y sin recursos humanos para echar a andar”, y cómo a lo largo de pocos meses, y sin coste añadido alguno, “se han cubierto 19 puestos de trabajo en concurso público con personal ya existente en la Administración, contamos con una sede de propiedad de Patrimonio del Estado, hemos buscado muebles en organismos oficiales y funcionamos plenamente. Además, hemos creado una web sin coste alguno, estamos en las redes sociales y hemos ido cobrando presencia en poco tiempo”.

Desde el primer mes, el Consejo de Transparencia ya funcionaba “convirtiéndose en guardián de la Ley e impulsor de la transparencia”, en torno a un Plan Estratégico, elaborado por el propio Consejo en los primeros días y aprobado definitivamente meses después, tras recoger las sugerencias de organismos públicos y las aportaciones de organizaciones y ciudadanos.

El Plan Estratégico, ha añadido Arizmendi, “regula los ejes de nuestra actividad, como organismo regulador y garante del cumplimiento de la ley, que empezó desde el primer momento a resolver reclamaciones, consultas y peticiones de criterios de interpretación”.

Fomentar la cultura de la transparencia

Además de resolver reclamaciones y quejas de los ciudadanos, en el Consejo, “impulsamos la transparencia y, en este empeño, nos hemos reunido con las autonomías y ayuntamientos, con organismos públicos y organizaciones internacionales”, ha afirmado la presidenta, “en octubre habrá nueva reunión con las CCAA y la FEMP, una vez asentados los nuevos gobiernos municipales y autonómicos y, en el ámbito internacional, seguiremos colaborando con la red de comisionados europeos de transparencia, además de intensificar nuestra relación con el continente latinoamericano, tras adherirnos en abril a la Red de transparencia y acceso a la información (RTA)”.

El Consejo de Transparencia también colabora con la UNED, para realizar estudios de impacto en el mundo universitario, con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), para la formación, con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), como termómetro sobre la percepción ciudadana de la implantación de la Ley de Transparencia.

“Hemos participado en 140 actos públicos, entre reuniones, conferencias, cursos, jornadas, foros y firma de convenios e integración en organismos internacionales. De esta cifra destacan 95 reuniones con CCAA, ayuntamientos, organismos y organizaciones y la presencia en 20 jornadas, cursos y eventos”.

Interpretar la ley es otra labor del Consejo, “hay ya nueve criterios interpretativos en trámite de publicación y comunicación a la Administración, para hacer más clara la Ley ante las dudas de acceso a la información que se plantean”.

Asimismo, al ser un organismo regulador, “estableceremos sistemas de evaluación sobre el cumplimiento de la ley por los organismos de la AGE, y para ello firmaremos un convenio con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)”.

Por último, entre los ejes del Plan Estratégico del Consejo de Transparencia, la presidenta ha destacado la formación, con universidades, institutos y centros de formación de empleados públicos, y la comunicación, con presencia en los medios, redes sociales, foros y encuentros para difundir la transparencia.

Reglamento de la Ley de Transparencia y Presupuestos del Consejo

Esther Arizmendi ha explicado también que el Consejo de Transparencia ha elaborado un informe sobre el proyecto de reglamento, que debe desarrollar la Ley de Transparencia, donde introduce aspectos que pueden mejorar la relación del ciudadano con el portal de transparencia, facilitándole su acceso.

Asimismo, ha detallado el presupuesto del Consejo, que asciende en 2016 a 2,97 millones de euros, del que los gastos de personal representan el 42,4%, personal que antes dependía de otros organismos de la Administración General del Estado.

Casi un 80% del presupuesto corresponde a gastos de funcionamiento del organismo. El porcentaje restante es lo que se puede destinar a todos los instrumentos y desarrollos dirigidos a resolución, seguimiento y control, actividades, encuestas de implantación, estudios, publicaciones y participación en organismos internacionales.

Según la presidenta, “no puede decirse en modo alguno que el Consejo cuente con un presupuesto desproporcionado para sus fines, más bien, se trata de un presupuesto austero y ajustado”.

El incremento en un 15% para 2016 lo justifica, entre otras cosas, en “la adaptación de las retribuciones por productividad de los empleados del Consejo, ya que cuando se elaboró el presupuesto anterior no había empleados y difícilmente se podía calcular y a la acción social que se incorpora para el personal”.

Esther Arizmendi ha insistido en que es un presupuesto ajustado que tendrá que crecer si la actividad es mayor, “por ejemplo, cuatro comunidades autónomas han solicitado ya que nos hagamos cargo de sus reclamaciones, evidentemente, con mayor carga de trabajo y actividad, el Consejo de Transparencia necesariamente tendrá que crecer en beneficio de los ciudadanos, como órgano a su servicio”.

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