Las comunidades autónomas se sitúan en el mapa de la transparencia

Aunque solo algunas comunidades autónomas han desarrollado su propia normativa en materia de transparencia, todas ellas cuenta ya con un portal que da acceso a gran cantidad de datos públicos, tal y como establece la Ley de Transparencia de 2013. Aunque el mapa de la transparencia en España está aún incompleto, parece que los ciudadanos ya pueden encontrar en él una buena parte de la información que les pertenece.
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El pasado 14 de diciembre terminaba el plazo para que todas las administraciones públicas se adecuaran a la Ley de la Transparencia y publicasen en Internet, de manera accesible y sencilla, toda la información relevante para los ciudadanos. Desde esa fecha, se ha generalizado el concepto de “portal de transparencia”.

El Estado y cada una de las 17 comunidades autónomas tienen uno, aunque su funcionamiento y el nivel de información que cada una de ellas ofrece a través de éste no es homogéneo.

El concepto de Administración pública transparente que impulsa la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene dos vertientes. Uno es el de “publicidad activa”, es decir, la obligación de las administraciones de mostrar su información, utilizando Internet como escaparate. El segundo aspecto es la “publicidad pasiva”: la nueva norma permite a los ciudadanos solicitar información a los Gobiernos central y autonómicos y fija en qué casos se debe responder y con qué plazo.

Desafíos técnicos y humanos

El primer aspecto, el lado activo de la Ley de Transparencia, ha supuesto un auténtico desafío para numerosas administraciones públicas, que han tenido que poner a su personal y sus equipos informáticos al servicio de la nueva normativa en un tiempo récord. En muchos casos, ese proceso de adaptación ha coincidido con un cambio de Gobierno autonómico, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Los cambios en los equipos y los periodos de transición no han facilitado las cosas en regiones como, por ejemplo, Castilla-La Mancha.

“Nos hemos encontrado con varios problemas a la hora de comenzar con el proceso”, señala a Compromiso Empresarial José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, quien explica que, en primer lugar fue necesario realizar un esfuerzo de búsqueda de la información requerida, pues gran parte de la misma (subvenciones, convenios, contratos menores, encomiendas de gestión…) estaba “dispersa” y no estaba organizada y estructurada para su publicación en la web. El alto cargo achaca falta de previsión al anterior equipo al frente del Gobierno autonómico.

“Recopilar la información y organizarla fue la tarea más compleja y la colaboración de las diferentes unidades administrativas implicadas fue determinante”, detalla Martínez Guijarro.

El segundo paso fue alojar esta información en la web institucional, para poder posteriormente enlazar la información al Portal de Transparencia. “Aquí tuvimos que jugar con plazos muy reducidos”, detalla el vicepresidente castellanomanchego, quien pone de relieve que, pese a que el portal actual, puesto en funcionamiento “con el escaso tiempo que tuvimos”, sirve para cumplir con las obligaciones establecidas por la ley estatal, el Gobierno regional ya está trabajando en el diseño de una nuevo portal, “más amigable, intuitivo y completo”.

Leyes de Transparencia autonómicas

Martínez Guijarro vincula la puesta en marcha de ese nuevo portal de transparencia mejorado a la aprobación de una Ley autonómica de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo de Gobierno autonómico aprobó el anteproyecto de esa norma a principios de año, posteriormente ha estado durante mes y medio en proceso de información pública. Ahora el próximo proceso será remitirlo al Consejo Consultivo y lo siguiente será que llegue a la Cortes Regionales, algo que está previsto que sea en este periodo de sesiones.

¿Por qué una Ley Autonómica? Según el vicepresidente castellanomanchego, la intención de su norma es ir “más allá” de la estatal. “Creemos que los ciudadanos deben conocer en qué se gasta la administración el dinero. Esta normativa ahondará en temas como la participación ciudadana o la regulación de los lobbies”, explica Martínez Guijarro.

Castilla-La Mancha es junto con Asturias, Cantabria, Madrid e Islas Baleares, una de las comunidades autónomas donde aún no se ha aprobado una Ley de transparencia propia que complemente a la estatal. Todas ellas tienen, sin embargo, un proyecto de Ley en elaboración.

Una de las primeras comunidades autónoma en contar con su propia Ley de Administración y Transparencia fue el País Vasco. La norma fue presentada en septiembre de 2014 y, como novedades, planteaba la creación de la Agencia Vasca de Transparencia (Gardena) y la creación de una fórmula para que los ciudadanos registrasen de forma oficial iniciativas para elevar propuestas políticas al Gobierno. Asimismo, transponía la normativa básica de Transparencia aprobada por Mariano Rajoy.

A la hora de valorar su efectividad, las autoridades vascas ponen de relieve que la comunidad autónoma ha pasado de ocupar la décima posición en el índice que cada dos años elabora Transparencia Internacional a quedar en primer lugar, desde que la norma está en vigor.

De acuerdo con los indicadores de esta ONG, aunque en distinto grado, todas las comunidades autónomas han mejorado en acceso del público a la información después de la aprobación de la norma estatal.

“Se han dado cuenta de que la sociedad demanda más transparencia de las instituciones públicas, aunque también es verdad que, cuando se acercan elecciones, se animan a ser transparentes”, explica Jesús Lizcano, director para España de Transparencia Internacional, quien pone de relieve que “la información económico-financiera suele ser la más opaca de todas”.

La última edición del informe de Transparencia Internacional es de finales de 2014 y arrojaba una media a nivel estatal de 88 puntos sobre 100. Junto con País Vasco, Castilla y León y Cataluña eran las regiones más transparentes, mientras que la Comunidad de Madrid (65), la Región de Murcia (79) y las Islas Canarias (80), salían peor paradas. Habrá que esperar a finales de este año a un nuevo informe de la ONG para ver cómo los diferentes desarrollos normativos inciden en los datos sobre transparencia de estas regiones.

En el caso de Madrid, la futura Ley de Gobierno Abierto se ha situado en el centro del debate político. Hace un mes, el Gobierno regional rechazaba tramitar la Ley de Transparencia presentada por el PSOE y aprobada en la Asamblea regional con los votos de Ciudadanos y Podemos. El argumento era la falta de dinero en el presupuesto de 2016 y el hecho de que el Ejecutivo regional ya impulsa en la cámara regional el desarrollo de una norma que considera equivalente: la Ley de buen gobierno. Madrid fue la última región en tener un portal de transparencia y también va rezagada en el desarrollo de una legislación propia.

Consejo de Transparencia

A nivel estatal, el portal de transparencia nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia es una especie de “hermano mayor” de sus homólogos regionales, ya que se puso en marcha con un año de adelanto con respecto a la mayoría de estos. Ha colgado desde su puesta en marcha, el 1 de enero de 2015, más de un millón de datos, ha registrado 4.756.777 visitas y ha recibido 4.275 solicitudes de información, según datos de marzo de este año.

Su puesta en marcha vino unida a la creación de un Consejo de la Transparencia. Este Consejo tiene que ver con la información pasiva de la que se hablaba al comienzo de este artículo, es decir, con aquella información que es solicitada al Gobierno. Garantiza el derecho a saber de los ciudadanos cuando la Administración pasa por alto publicar determinada información y asegura el cumplimiento de las normas de buen gobierno por parte de los altos responsables de la actividad pública.

En lenguaje administrativo se dice que está encargado de velar por el cumplimiento de la Ley, el rigor de la publicidad activa, aquélla que de oficio tiene servir la Administración.

Su trabajo se materializa sobre todo a través de reclamaciones. En poco más de un año de funcionamiento, este Consejo ha recibido 1.306 iniciativas ciudadanas, de las que 690 (53,8%) han sido reclamaciones, 398 (30,5%) informaciones al ciudadano, 148 (11,3%) consultas sobre aplicación de la Ley y 39 (3%) denuncias por su incumplimiento.

El intenso trabajo que han llevado a cabo las comunidades autónomas para poner en marcha sus portales de transparencia les ha dejado en muchos casos sin tiempo ni recursos para ocuparse del desarrollo normativo propio ni para poner en marcha un consejo propio de Transparencia.

De esa manera, el Consejo de la Transparencia estatal se ocupa también de las reclamaciones de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, Principado de Asturias, La Rioja, Extremadura y Cantabria.

Según explica Esther Arizmendi, presidenta del Consejo, la demanda de una mayor transparencia nació en España en un entorno de debate social, “donde los ciudadanos reclamaban que las decisiones no se tomaran a sus espaldas y no participar sólo votando cada cuatro años”. “El origen de las grandes transformaciones está en la sociedad, en la ciudadanía”, añade.

Arizmendi piensa que “la demanda ciudadana que originó la transparencia debe ser ahora fuerte y favorecer su crecimiento”. El Consejo estatal cuenta con una estructura de aproximadamente 2.000 empleados públicos formados y un presupuesto anual de algo más de dos millones de euros.

Según Arizmendi, esta institución “hace posible que la transparencia llegue a los ciudadanos, para que la democracia pueda ser más participativa, para avanzar en el progreso de nuestra sociedad”.

La transparencia en la información pública es clave para evitar que se puedan producir malas prácticas amparadas en la opacidad. Los datos que recopila la administración le pertenecen a toda la sociedad y ponerlos a disposición del público supone garantizar que se manejarán en favor de ésta y no al servicio de unos pocos y de manera fraudulenta.

Dicho de una manera sencilla, corrupción y transparencia están cada una a un extremo de un camino y cuanto más nos acerquemos a esta última nos alejaremos de la primera. Parece que las administraciones públicas españolas han encontrado el norte en el mapa del buen gobierno y solo queda esperar que sigan en la misma dirección.

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