Las 10 mejores iniciativas de transparencia y buen gobierno 2015-2016

Como cada año, Compromiso Empresarial, quiere reconocer las buenas iniciativas que han surgido de la mano de un conjunto de personas e instituciones de diferentes sectores –público, privado y tercer sector– en materia de transparencia y buen gobierno.
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Porque son este tipo de acciones voluntarias las que de verdad contribuyen a elevar los estándares de desempeño de los diferentes sectores implicados, Compromiso Empresarial, con la colaboración de Bankia, destaca las 10 mejores iniciativas en este ámbito:

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Registro de Grupos de Interés – CNMC

Por haber creado el primer registro nacional de lobbies con el fin de hacer más transparentes los contactos e intereses de las entidades, grupos y personas que se relacionen con la CNMC

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) juega un papel crítico para garantizar la libre competencia y el correcto funcionamiento de la economía de mercado. Esta legislatura ha sido testigo de fuertes sanciones impuestas por el regulador a distintos sectores empresariales; en numerosas ocasiones esas decisiones se han tomado en contra del parecer de algunos consejeros de la propia entidad reguladora. Para llevarlas a efecto ha habido que vencer fuertes resistencias internas y externas.

En este sentido, todas las medidas que impulsen la transparencia en las relaciones con el regulador hay que celebrarlas y apoyarlas. Como expresa José Maria Marín Quemada, el presidente del organismo: “La intervención de la sociedad civil a través de los grupos de interés es útil para el eficaz funcionamiento de la Comisión, pero a la vez es prudente exigir que ese trato sea suficientemente transparente, y esté dotado de mecanismos de control, de forma que permita a cualquier ciudadano conocer cuál es la relación que mantienen con nosotros, y en qué medida sus actuaciones contribuyen a modificar o conformar nuestras decisiones”.

El registro tiene como finalidad habilitar ese cauce y permitir una relación completamente transparente con los grupos de interés. De esta forma se trata de limitar la posibilidad de influencias improcedentes o, simplemente, contrarias o no alineadas con los intereses generales señalados en la Ley 3/2013 de creación de la CNMC.

La decisión de crear el Registro de Grupos de Interés (vulgarmente conocido como el registro de lobbies) no es una medida inhabitual en este tipo de instituciones. El ejercicio profesional de los grupos de interés ya ha sido regulado en EEUU mediante el Lobbying Disclosure Act  y en la Comisión y en el Parlamento europeos que implantaron un Registro común denominado Transparency Register.

La adhesión al Registro de Grupos de Interés implica la asunción de un Decálogo ético que recoge los principios de actuación en las relaciones con los miembros de la CNMC (presidente, consejeros, directores y técnicos).

Pueden adherirse al Registro empresas y grupos de empresas, asociaciones profesionales, empresariales o sindicales, consultorías profesionales, despachos y bufetes colectivos, asociaciones, plataformas y redes, grupos de análisis y reflexión, e instituciones académicas, etc. Para ello, se han establecido cinco categorías de grupos de interés, que disponen de un procedimiento para mantener actualizados sus datos.

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Sello ONG acreditada – Fundación Lealtad

Por contribuir a impulsar la transparencia y buenas prácticas de gestión en las ONG y mejorar la confianza de los donantes

La Fundación Lealtad lleva impulsando desde el año 2001 la transparencia y las buenas prácticas de gestión en las ONG y, sin duda, es la institución que más ha contribuido a elevar la transparencia en este sector. Su Guía de la Transparencia y las Buenas prácticas es uno de los documentos más consultados por los donantes particulares e institucionales.

Para elaborarla analizan las ONG en función de nueve parámetros o principios de transparencia y buenas prácticas definidos por la propia Fundación y que dan respuesta a diferentes cuestiones: 1) Funcionamiento y regulación del órgano de gobierno; 2) Claridad y publicidad del fin social; 3) Planificación y seguimiento de la actividad; 4) Comunicación e imagen fiel en la información; 5) Transparencia en la financiación; 6) Pluralidad en la financiación; 7) Control en la utilización de los fondos; 8) Presentación de las cuentas anuales y cumplimiento de las obligaciones legales, y 9) Promoción del voluntariado. Los análisis se realizan a partir de la información facilitada voluntariamente por las ONG.

El sello ONG Acreditada es parte de la evolución natural del proyecto de la Fundación que en estos quince años ha analizado a más de 250 ONG y elaborado más de 1.000 informes de transparencia y buenas prácticas. El sello de ONG Acredita persigue contribuir a reforzar la confianza de los donantes en las ONG acreditadas reconociéndolas como organizaciones comprometidas con una serie de principios de gestión.

Este sello facilita a los donantes institucionales que lo necesiten aplicar un filtro en el proceso de selección de las ONG con las que colaborar, tanto en el desarrollo de la estrategia de RSC de las empresas, como en las convocatorias de ayudas económicas de fundaciones privadas y Administraciones Públicas. El sello, que tiene una vigencia de dos años, se otorga a las ONG analizadas que cumplan íntegramente más de 40 indicadores agrupados en los citados nueve principios de transparencia y buenas prácticas.

Desde su lanzamiento en enero de 2015, más de 130 ONG han sido acreditadas. Estas entidades gestionan más de 700 millones de euros,  atienden a 54 millones de beneficiarios y cuentan con más de 900.000 socios.

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Código ético y de buenas prácticas – Museo Guggenheim

Por ser el primer museo en España que ha aprobado un código de conducta que aborda los conflictos éticos relacionados con la gestión de la colección

Como puso de manifiesto la Fundación Compromiso y Transparencia en A través del espejo. Informe de transparencia y buen gobierno de los museos de bellas artes y arte contemporáneo 2014, la falta de Políticas de colecciones es una de las mayores carencias que tienen los museos españoles. Esta Política de colecciones es el documento fundamental que define lo que se colecciona en el museo, cómo se gestionan y cuidan los objetos coleccionados y el uso que se puede hacer de ellos.

El Museo Guggenheim de Bilbao ha sido el primer museo español en suplir esta carencia; su patronato dio un paso adelante en este ejercicio de buen gobierno y rendición de cuentas públicas el pasado 14 de diciembre aprobando un Código ético y de buenas prácticas.

Una de las partes más interesantes del Código es la que hace referencia a las políticas relacionadas con la administración y gestión de la colección, que el documento engloba bajo el capítulo de Sensibilidad y respeto por el arte. En este apartado se fijan criterios de conducta sobre la exposición de las obras, el respeto a las audiencias y el público o la gestión de los posibles conflictos de intereses, entre otros.

Por ejemplo, explica que al exponer obras debe protegerse la autenticidad y por tanto “no se incorporarán en una exposición ni en ningún otro uso similar objetos de procedencia dudosa o desconocida ni se exhibirá ningún objeto sin la certeza de la existencia de un título de propiedad válido, de que no haya sido exportado ilegalmente de su país de origen o de un país en tránsito, y de que no haya motivos razonables para creer que su obtención ha sido posible a costa de la expoliación, violación de derechos humanos, deterioro o destrucción del patrimonio”.

En relación con el respeto al público se afirma que “en caso de exposiciones que incluyan obras con restos humanos u objetos de carácter sagrado, deberán exponerse con sumo tacto”, y que se “estudiará con diligencia, respeto y sensibilidad las sugerencias de la comunidad en torno a los contenidos de las exposiciones”.

Otras de las cuestiones más controvertidas es la referida a los posibles conflictos de intereses que pueden surgir en relación con los contenidos de la exposición, especialmente en los museos de arte moderno. En los últimos años algunos museos han renovado sus patronatos invitando a formar parte de los mismos a grandes coleccionistas que, a cambio de su colaboración, reciben como “compensación” la posibilidad de exponer en el museo. Estas prácticas están prohibidas en la mayoría de los museos del mundo por entender que existe un conflicto entre el interés público de la exposición y el privado del patrono que ve revalorizada su obra al ser expuesta.

Guggenheim aborda esta cuestión en su código al establecer la necesidad de tener “la máxima cautela en aquellos casos en los que terceras personas, que puedan tener una vinculación directa o indirecta con el Museo, ofrezcan obras de arte para su exhibición en el mismo”. El Código también desarrolla y explicita criterios sobre los préstamos, las adquisiciones, la conservación y protección de las obras de arte, la investigación y el archivo, etc.

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Lenguaje claro – DKV

Por su compromiso de informar de manera sencilla a los asegurados sobre las condiciones de los contratos y su decisión de someter ese compromiso a la verificación de un tercero

Si hay algún sector, aparte del eléctrico, en el que el consumidor se encuentre perdido a la hora de comprender qué contrata y por qué conceptos paga es el sector de los seguros. Los contratos de seguros se han convertido en el paradigma de la “letra pequeña”, formularios escritos en un lenguaje técnico que esconden cláusulas y salvedades. Para los asegurados muchas veces constituye un misterio descifrar qué cobertura real tiene el seguro, cuál es el límite económico  y qué riesgos no están cubiertos.

DKV Habla claro es una iniciativa lanzada por la compañía de seguros alemana que busca hacer más sencillo y comprensible el lenguaje asegurador. La empresa declara en esta iniciativa que “no les gusta la ‘letra pequeña’. La falta de transparencia produce desconfianza y sin confianza no puede darse una relación satisfactoria asegurado-aseguradora”.

DKV Habla Claro es una herramienta para entender más y mejor los seguros, clarificar conceptos y procedimientos y resolver así las dudas. Esta iniciativa incluye desde una Guía de Buenas Prácticas de Unespa, hasta Habla Claro TV, pasando por talleres Habla Claro, folletos con decálogo de principios, etc.

Además, este año DKV ha querido dar un paso más allá y ha sometido este proyecto a una auditoría externa que le ha permitido diseñar un protocolo en el que establece los requisitos que deben cumplirse para considerarse que un documento está elaborado en conformidad con estos principios.

Así, la consultora DNV GL–Busines Assurance, en base a este Protocolo de Lenguaje Claro, alineado con los principios de SGE 21 (entre otras normas/iniciativas) creó el estándar bajo el cual la se realizó esta actividad de verificación.

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La gestión de lo público en público – Ayuntamiento de Madrid

Por hacer públicas las agendas de los concejales, directivos y personal eventual del Ayuntamiento para hacer transparentes los contactos e intereses de las entidades, grupos y personas que se relacionen con los cargos públicos

El informe del Grupo de Estados  Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa evaluando al sistema español (“Prevención de la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales”) viene insistiendo desde hace años en la conveniencia de hacer públicas las agendas de los parlamentarios y sus reuniones con terceras partes.

La Fundación Civio, por su parte, también ha estado realizando evaluaciones de la información que comparten los grupos parlamentarios sobre las reuniones que sus diputados mantienen con grupos de interés, desde empresas y asociaciones sectoriales a plataformas ciudadanas y grupos de la sociedad civil.

La OCDE, por último, demanda desde hace años la necesidad de mejorar la transparencia en las relaciones entre los cargos públicos y terceros (Cfr. 10 Principles for Transparency and Integrity in Lobbying, OCDE, 2010).

La publicación de las agendas es fundamental para que el público pueda tener una idea clara de quiénes participan en el proceso de toma de decisiones; de qué trabajo realizan los cargos públicos, y para que exista una trazabilidad de las decisiones que se toman.

Las reuniones entre los cargos públicos y lobbistas es una de las principales vías por las cuales se puede influenciar la toma de decisiones; por ello, es esencial que el público sepa qué reuniones han tenido lugar, entre quiénes, qué se discutió y si se alcanzó algún tipo de acuerdo en el transcurso de éstas.

Por todo esto, es relevante el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid para visibilizar las agendas de los cargos municipales, bajo el lema ‘La gestión de lo público en público’.

Los ciudadanos relacionan la opacidad de esta información con la falta de control de la actividad de los cargos públicos. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de Madrid ha decidido hacer públicas las agendas de los concejales, directivos y del personal eventual.

La materialización de este compromiso se ha logrado con un sencillo aplicativo en el que se graba la información relativa a todos aquellos eventos y reuniones que mantengan aquellas personas, que puedan tener repercusión en la ciudadanía y se celebren tanto en dependencias municipales como fuera de ellas.

Este proyecto supera las pocas experiencias existentes en España en esta materia, ya que incluye la publicación de los asistentes a las reuniones, permite describir los asuntos a tratar e incorporar los documentos sobre los que versa la reunión.

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Decálogo del Programa Electoral – Fundación Transforma

Por concretar, mediante su ‘Decálogo del Programa Electoral’, la responsabilidad de los partidos políticos de ser más transparentes y rigurosos en las propuestas de sus programas  

El 93,4% de los ciudadanos opina que el incumplimiento de los programas electorales genera desconfianza en el sistema político y sólo el 9,1% de los electores considera que los partidos que gobiernan cumplen gran parte de su programa electoral (Cfr. Encuesta de Sigma Dos, desarrollada por encargo de la Fundación Transforma España).

Pero lo cierto es que los programas electorales, hoy por hoy, apenas juegan un papel en la decisión del voto y en las prioridades de los partidos políticos. Son escasísimos los ciudadanos que manifiestan haber leído un programa político y constituyen una minoría los que están en condiciones de opinar con fundamento sobre la consistencia de las propuestas y fiabilidad de las promesas electorales.

Esta realidad no contribuye a fortalecer la salud democrática ni a mejorar la credibilidad de las instituciones políticas. Los programas electorales son un elemento que desarrolla los compromisos futuros de las fuerzas políticas si llegan al poder y el fundamento en el que se basa la confianza de los ciudadanos en los partidos.

“Los programas electorales –como señala la Fundación Transforma España- ostentan una legitimidad social única al haber sido respaldados por la voluntad popular en el marco de unas elecciones democráticas y, por lo tanto, son un elemento facilitador para afrontar reformas e implantar las medidas propuestas en fase de gobierno”.

En algunos países con gran tradición democrática, como Holanda, los programas de los partidos políticos se someten a una suerte de auditoría examinando las consecuencias económicas de las propuestas electorales. Ese es el papel que cumple el CPB, las siglas en neerlandés de la Oficina Central de Planificación, que desde al año 1986 analiza los programas electorales y hace público los resultados de su examen.

La Fundación Transforma España considera que el programa electoral debe ser un instrumento de gran relevancia, tanto para la ciudadanía como para los partidos políticos, y por ello ha elaborado un Decálogo que pretende explicitar todos los elementos que un programa político debería incluir.

Entre los principios del decálogo se recoge: la obligación de “explicar de manera clara y sencilla la visión ideológica”; la necesidad de que el programa incluya una cuantificación económica de las principales medidas electorales; la identificación de las principales reformas constitucionales, institucionales y legales necesarias para implementar las propuestas; la política de rendición de cuentas a la ciudadanía, o la mención de los canales para facilitar la participación ciudadana.

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Código de buenas prácticas farmacéuticas – Farmaindustria

Por el compromiso de publicar los pagos y transferencias de valor que realicen las empresas farmacéuticas a los profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias

La industria farmacéutica se dotó de un Código de Buenas Prácticas en el año 1991 que ha venido actualizando desde entonces. La última versión del Código fue aprobada en el año 2014. En este documento se recogen los nuevos compromisos de transparencia incorporados en el año 2013 por la Federación Europea de las Asociaciones e Industria Farmacéutica (EFPIA).

Entre los compromisos adquiridos más relevantes de los laboratorios adheridos a Farmaindustria se encuentra la obligación de publicar todos los pagos y transferencias de valor a los profesionales sanitarios y sociedades sanitarias (Code on Disclosures of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations; EFPIA).

Una de las áreas más conflictivas en la industria farmacéutica es la que tiene que ver con la promoción de los medicamentos. A diferencia de otros sectores, el farmacéutico no siempre puede dirigirse directamente a los clientes (pacientes) y solo puede hacerlo cuando promociona un medicamento de venta libre o sin receta.

Los médicos son, en muchas ocasiones, los únicos profesionales con capacidad para prescribir y dispensar medicamentos. Este hecho que, en sí mismo, no es negativo puede dar lugar a conflictos de intereses cuando la empresa farmacéutica realiza pagos a los médicos en concepto de formación, prestación de servicios o actividades de investigación.

En todos estos casos existe el riesgo de que el médico prescriba un determinado fármaco no en función de su eficacia terapéutica sino motivado por la prestación económica que recibe del laboratorio.

Con el fin de que las decisiones vinculadas con la prescripción de los medicamentos se lleven a cabo basándose en la mejor calidad asistencial para los pacientes y para garantizar que la promoción comercial de los mismos se rijan por el rigor científico y la ética en la práctica de estas actividades la industria ha asumido un nuevo compromiso con la transparencia.

A partir de 2015, los laboratorios farmacéuticos españoles registrarán todos los pagos, en efectivo o en especie, que realicen directa o indirectamente a profesionales y organizaciones sanitarias, que se encuentren relacionados con: la investigación y desarrollo; las donaciones a organizaciones sanitarias; las actividades formativas y reuniones científico-profesionales; y la prestación de servicios.

En el primer semestre del año cada compañía publicará en su página web los datos relativos al ejercicio anterior. La primera publicación será en el segundo semestre de 2016, con los datos relativos al año 2015.

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Proyecto Integridad – Transparencia Internacional

Por el enfoque integral del proyecto que incluye acciones de sensibilización y formación en el ámbito de la transparencia, dirigidas tanto al sector público como al sector privado

Transparencia Internacional España (TI-España) viene impulsando desde el año 2006 la transparencia a través de distintas iniciativas. Probablemente su labor más conocida sean sus cinco índices de transparencia: Índice de Transparencia de los Ayuntamientos; Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas; Índice de Transparencia de la Gestión del Agua; Índice de Transparencia de las Diputaciones, e Índice de Transparencia de los Parlamentos.

Este año ha querido dar un paso más con el Proyecto Integridad, financiado por el programa Siemen Integrity Initiative, que busca fomentar la integridad en la gestión pública y de las empresas, a través de un trabajo transversal de investigación, formación e incidencia en tres grandes ámbitos: el gobierno corporativo, la contratación pública y la transparencia en las organizaciones públicas y privadas. La iniciativa se ejecutará durante el periodo 2015-2018 y será auditada por el Banco Mundial.

El proyecto tendrá tres áreas principales de actuación: En el ámbito del gobierno corporativo se busca mejorar su calidad en cuatro sectores estratégicos: sanitario/farmacéutico, construcción e infraestructuras, energía e industria.

En el área de la contratación pública TI-España se ha fijado como objetivo contribuir a mejorar la integridad a través de la adaptación e implementación de Pactos de Integridad. Esta herramienta tiene como finalidad reforzar la transparencia de los procesos de contrataciones, a través de un monitoreo por parte de organizaciones y expertos de la sociedad civil, acompañando el control que realizan las autoridades públicas.

Los Pactos de Integridad responden a la preocupación por consolidar sistemas de contratación pública eficientes y eficaces y que respeten los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de trato para prevenir los riesgos de corrupción.

Además, contribuyen a mejorar la imagen de las instituciones y afianzar la confianza de la ciudadanía en los gobiernos y en las decisiones políticas. Para las empresas licitantes, supondrán una garantía de que compiten en igualdad de condiciones, sin que entren en juego comisiones ilícitas o acuerdos colusorios.

Por último, el área de transparencia en las organizaciones públicas y privadas se centrará en promover y monitorear la implementación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno por parte de las entidades sujetas a la ley.

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Código de Gobierno Corporativo – F. Microfinanzas BBVA

Por desarrollar un Código de Gobierno Global que contribuye a fortalecer la gobernanza de las instituciones microfinancieras y a reforzar la transparencia en la relación con los clientes

En los últimos años el sector financiero se ha visto salpicado por distintos escándalos (hipotecas subprime, consejos politizados en las cajas, preferentes, cláusulas suelo, etc.) que han puesto en cuestión sus sistemas de gobernanza y su compromiso con la transparencia.

Pues bien, si cualquier banco debe hacer un esfuerzo por ser transparente con sus clientes y preocuparse por su educación financiera, estas tareas adquieren una especial relevancia cuando se atiende a los más vulnerables, como ocurre con las Instituciones Microfinancieras (IMF).

Las exigencias de transparencia deben extremarse en el caso de las IMF cuyos clientes se cuentan entre los más pobres y, por tanto, no suelen contar ni con la educación ni con la experiencia para comprender las complejidades de los productos financieros.

Probablemente en ningún otro sector como en el de las microfinanzas son tan intensas las tensiones entre el compromiso social y la rentabilidad. Si bien nadie discute la necesidad de que las IMF sean sostenibles, y no dependan de los subsidios o donaciones, el problema está en determinar el grado de equilibrio que se considera adecuado para unas organizaciones que tienen que hacer compatible su rentabilidad económica y su fin social. La principal instancia responsable para abordar este reto son los consejos y las juntas directivas de las IMF que deben velar por el cumplimiento de la misión de éstas. Son ellos, por tanto, los principales responsables de las desviaciones que puedan surgir. Reforzar el gobierno corporativo de las IMF constituye, en este sentido, una tarea de primer orden.

La Fundación Microfinanzas del BBVA (FMBBVA) parece haberlo entendido así y en diciembre del pasado año aprobó un Código de Gobierno Corporativo para todas las IMF que forman parte de su red en Latinoamérica.

La FMBBVA opera como un holding financiero que gestiona activamente las IMF en las que cuenta con una participación mayoritaria, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social sostenible e inclusivo de las personas más desfavorecidas en América Latina a través de las Finanzas Productivas Responsables, especialidad y metodología propia.

En la actualidad el Grupo está conformado por ocho IMF en siete países -Colombia, Perú, República Dominicana, Chile, Argentina, Panamá y Puerto Rico-, que proporcionan servicios a más de 1.700.000 clientes de bajos recursos.

El Código está estructurado en cinco capítulos. El primero de ellos describe el Grupo de FMBBVA. El segundo informa sobre la misión y visión e identifica a los grupos de interés. La transparencia y la gestión de conflictos constituyen la materia del tercer capítulo. El cuarto y último capítulo, el más extenso de todos, regula el funcionamiento de los órganos sociales (asamblea y junta de accionistas, junta directiva y consejos de administración, comités, presidente y gerente general) y las funciones de control (gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna).

Infoparticipa

Mapa Infoparticipa – Universidad Autónoma de Barcelona

Por contribuir a desarrollar la rendición de cuentas de los ayuntamientos mediante el análisis y publicación de la información básica que proporcionan en la web

El Mapa Infoparticipa es una plataforma desarrollada por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona para publicar los resultados del análisis de la información de las webs de las administraciones públicas.

Se trata de un mapa interactivo de España vinculado a una base de datos y otros recursos gráficos que actualmente incorpora datos de 16 comunidades autónomas.

El mapa ofrece los datos en unas fichas georeferenciadas para que el visitante pueda localizar la corporación que le interesa, ver el resultado y, de acuerdo con los criterios que se exponen en la Guía, contrastar los resultados.

El análisis del información de la webs de los ayuntamientos se realiza a partir de 52 indicadores derivados de cinco preguntas básicas sobre las que los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta: quiénes son los representantes políticos; cómo gestionan los recursos colectivos; cómo informan de la gestión de los recursos económicos; qué información proporcionan sobre el municipio y la gestión de recursos económicos, y, finalmente, qué herramientas ofrecen para la participación ciudadana en el control democrático.

Los resultados se publican en el Mapa Infoparticipa y se representan de acuerdo con un infómetro que traduce la puntuación que ha obtenido cada web en un color: blanco, si no ha logrado el 25% de indicadores positivos; amarillo, si ha conseguido entre el 25% y el 50%; y verde, si supera este porcentaje.

De este modo, cualquier persona puede contrastar los datos, hacer aportaciones al equipo de investigación y reclamar a los responsables políticos de su municipio las mejoras que considere oportunas.

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Comentarios
  1. MANUEL CAMARILLAS

    Deseo presentar una demanda contra el BBVA, por incumplimiento de las buenas practicas y buen gobierno, por incumplir el articulo 656 de la LEC y. El Real Decreto-Ley 27/2012, de 5 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social