El Consejo de Transparencia supera las mil reclamaciones

De las 1.874 iniciativas ciudadanas recibidas hasta agosto, 1.082 (57,7%) son reclamaciones, 503 (26,8%) informaciones al ciudadano, 196 (10,5%) consultas sobre la Ley y 55 (2,9%) denuncias sobre su incumplimiento.
CE9 septiembre 2016
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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido en sus primeros 20 meses de funcionamiento, es decir, desde que comenzó su actividad -enero de 2015 a agosto de 2016- un total de 1.874 iniciativas ciudadanas, entre las que destacan 1.082 (57,7%) reclamaciones, 503 (26,8%) informaciones al ciudadano, 196 (10,5%) consultas sobre aplicación de la Ley y 55 (2,8%) denuncias por su incumplimiento.

De las 1.082 reclamaciones presentadas ante el Consejo, 911 (84,2%) corresponden a la Administración General del Estado y 171 (15,8%) a las CCAA.

Han suscrito convenio para que el Consejo de Transparencia estatal atienda sus reclamaciones: Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria -incluyendo sus entidades locales- y Ceuta y Melilla.

El Consejo de Transparencia, por tanto, suma a las reclamaciones de la Administración General del Estado las que presentan los ciudadanos de estos territorios, relativas a sus AAPP, que afectan a 5.275.496 ciudadanos y 1.661 municipios, 260 mancomunidades y 630 entidades locales menores.

Reclamaciones ciudadanas

De las 1.874 iniciativas ciudadanas tramitadas por el Consejo, 1.082 han sido reclamaciones de ciudadanos, con un incremento en los meses de julio y agosto, con respecto a las acumuladas hasta junio, del 16,8%

Hasta el 31 de agosto, los ciudadanos que no están conformes con la respuesta recibida de la Administración General del Estado o no han obtenido respuesta, han presentado 911 reclamaciones.

Las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia en los meses de verano -julio y agosto- y favorables a los ciudadanos, se refieren, entre otros asuntos, a retribuciones de empleados públicos y  personal eventual, licitación de trenes AVE, contratos licitados para las líneas AVE.

Asimismo, se han resuelto a favor de los ciudadanos reclamaciones sobre licitación de contratos para concesión de autopistas de peaje, retribuciones fijas y variables del personal, incidentes en centros penitenciarios, fallecimiento de internos que dan derecho a indemnización para sus familiares, efectivos de la Guardia Civil en las prisiones y gastos en vigilantes de seguridad, retribuciones a los directivos de Ineco, funcionarios jubilados por incapacidad permanente, puestos de funcionarios creados entre 2010 y 2016 y relación de puestos de funcionarios amortizados en el mismo período o instalaciones del CSIC cedidas a terceras empresas.

A lo largo de sus primeros veinte meses, el Consejo ha resuelto a favor de los ciudadanos reclamaciones que han permitido conocer asuntos importantes como los gastos de las embajadas en el exterior, la declaración de intereses de los miembros del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C, el informe  sobre restricción a uso hospitalario de la vacuna de la varicela, reuniones con empresas del sector tabaquero, fondos recibidos por la Iglesia Católica, abogados del Estado en excedencia o criterios para la adjudicación del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas.

Por otro lado, hasta hoy, se han interpuesto veintidós recursos contencioso-administrativos, que representan el 2% de todas las reclamaciones registradas, frente a resoluciones del Consejo de Transparencia y presentados, en su mayoría, por organismos públicos.

Por comunidades autónomas

De las 171 reclamaciones recibidas hasta junio, se han admitido a trámite  99, que son las procedentes de CCAA que han firmado convenio con el Consejo de Transparencia, correspondiendo el mayor número a Castilla-La Mancha (30), Cantabria (24) y Asturias (19). Los ciudadanos del resto de CCAA han reclamado menos, Extremadura (12), La Rioja (7), Ceuta (5) y Melilla (2).

Entre las resoluciones correspondientes a las administraciones territoriales, destacan las que dan la razón a las presentadas por ciudadanos y relativas a datos sobre tasa de reposición de empleados públicos, contratos y concesión de licencias de vallas publicitarias o licencias municipales para centros de tratamiento de residuos.

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