Dificultad de acceso y falta de datos, principales fallos de la Ley de Transparencia

Dos años después de la puesta en marcha del Portal de Transparencia estatal y uno de que las comunidades autónomas siguiesen al Gobierno central con sus propios portales, la transparencia en la Administración pública sigue siendo más un objetivo a seguir que una meta conseguida, según reconoce la propia presidenta del Consejo de Transparencia.
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Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia.

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, dos años desde que comenzase a funcionar el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y un año después de que las comunidades autónomas se sumaran con sus propios portales de transparencia en Internet, el balance de España en esta materia ofrece claroscuros. La parte cuantitativa de esta legislación está cumpliéndose, pero no así la cualitativa, a decir de algunos de los principales expertos en materia de transparencia en España.

Obligar por ley a poner a disposición pública la información sobre el patrimonio y las retribuciones de los cargos de la Administración y sobre las empresas contratistas era una necesidad ineludible para garantizar la calidad de la democracia española. Además esta obligación venía impuesta por la legislación de la UE en materia de transparencia. Sin embargo, cumplido este objetivo básico, los expertos echan de menos principalmente dos cosas: calidad o “profundidad” en los datos que se ofrecen y accesibilidad para los usuarios.

Sólo 10 peticiones al día

En dos años, solo 6.000 personas han realizado peticiones al Portal de Transparencia estatal, esto es menos de diez al día, según ha señalado la presidenta del Consejo de Transparencia –que gestiona el portal–, Esther Arizmendi, en una reciente entrevista con Europa Press. Arizmendi achaca la baja demanda de información a la falta de una campaña institucional para difundir el Portal y a los obstáculos que este mismo impone. En concreto, la presidenta de este órgano critica la necesidad de certificados electrónicos.

“Para pedir información hay que tener una firma electrónica avanzada”, explica. Se puede pedir una clave temporal, lo que obliga a desplazarse a una oficina; o una permanente, que se pide en la Plataforma de la Agencia Tributaria y para lo que es obligatorio facilitar una cuenta bancaria, lo que no ofrece “confianza” al usuario. En su lugar, Arizmendi cree que debería bastar un correo electrónico o un correo postal. También quiere más personal en su órgano para tramitar el creciente número de peticiones que se producirían si se facilitasen los trámites.

Esther Arizmendi achaca la baja demanda de información a la falta de una campaña institucional para difundir el Portal y a los obstáculos que este mismo impone.

Por otra parte, la presidenta del Consejo denuncia que tras la entrada en vigor de la Ley no hubo una campaña adecuada para fomentar que los ciudadanos pidan información. “Cuando se aprobó la Ley, por fin después de 40 años de democracia, había que haber puesto lonetas en la Puerta del Sol, en los autobuses… pero hubo una campaña de cuñas en radio entre el 28 y el 31 de diciembre”, recuerda. Arizmendi también lamenta que el lenguaje del portal esté hecho “por y para funcionarios”.

Calidad de la información

Las críticas que hace la propia presidenta del Portal están en la línea de las reticencias planteadas a lo largo de estos dos años por muchos medios de comunicación y algunas plataformas ciudadanas, como Fundación Civio y Access Info Europe. La necesidad de registro y el formato de los datos figuran, de hecho, entre los defectos más mencionados por los informadores, para quienes no poder descargar los indicadores en un Excel y tener que hacerlo, en su lugar, en un PDF, supone un incordio. “No se permite trabajar con los datos como en una hoja de cálculo, por tanto no se puede llegar a un análisis”, explican. Pero a estas reclamaciones, centradas en el canal, se suma además la de mejorar la calidad del mensaje, la propia información que se ofrece.

Los más insatisfechos parecen ser los periodistas. Una de las partes más interesadas. Creyeron ver nuevas posibilidades para el periodismo de datos, pero según denuncian habitualmente algunos medios como El Diario, obtener información jugosa para realizar este tipo de investigaciones periodísticas sigue siendo igual de dificultoso en España que antes de la Ley de la Transparencia. Las pegas son dos para este medio: la información que aparece en el portal es la misma que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a veces carece de profundidad: son meros inventarios u organigramas y no se permiten descargar facturas o contratos.

En un reciente artículo publicado en la Revista Latina de Comunicación Social, los profesores Leonardo La-Rosa y Teresa Sandoval-Martín señalan que, pese a que los periodistas españoles reconocen que la existencia de la Ley es una mejora en la transparencia en relación con la situación anterior, existe un gran consenso entre los profesionales sobre su insuficiencia.

La tesis de este artículo es bastante concluyente: el Portal de Transparencia, a día de hoy, no sirve para hacer periodismo de datos. Todos los periodistas de datos entrevistados por estos dos autores para su investigación, coinciden en que el portal no ofrece toda la información pública que debería, y, sobre todo, no la ofrece a tiempo. La queja de que no se cumplen los tiempos fue unánime. Esto se debe, según los autores, a que la Ley y el Portal van de la mano. “Con una Ley de Transparencia insuficiente no se puede esperar un Portal mejor que la Ley desde la cual nace”, explican.

“Con una Ley de Transparencia insuficiente no se puede esperar un Portal mejor que la Ley desde la cual nace”. Esther Arizmendi

La propia Esther Arizmendi es consciente del problema. Explica que, aunque el Portal tiene muchos datos, “datos no es igual a información”. “El ciudadano no quiere entrar en un marasmo donde hay cantidad de información que no comprende y en el que es difícil navegar, sino respuestas sencillas a problemas sencillos”, reconoce la presidenta del órgano.

Fundación Compromiso y Transparencia ya advirtió en su día sobre el riesgo que corría el portal de convertirse en un cajón de sastre, al reunir una cantidad ingente de datos y documentos. Javier Martín Cavanna, presidente de la fundación, afirmó en su artículo Los siete grandes errores de la nueva Ley de Transparencia, que la creación del portal era una medida “ineficaz”, puesto que la experiencia había demostrado que se necesita “transparencia en todos los portales”, no un “único portal de transparencia”.

Portales de transparencia autonómicos

Dentro de esa multiplicidad de portales, hay que hablar de los 17 portales de transparencia autonómicos. Pese a que no todas las comunidades autónomas han desarrollado normativa propia de transparencia –Madrid o Cantabria no la tienen y País Vasco y Asturias la están tramitando aún–, todas las regiones pusieron en marcha portales propios de transparencia hace algo más de un año.

En muchos casos, como en Castilla-La Mancha, su puesta en marcha coincidió con un cambio de Gobierno autonómico tras las autonómicas de mayo de 2015, lo que ajustó aún más los plazos. El vicepresidente de esta comunidad autónoma, José Luis Martínez Guijarro, reconoce que hubo que trabajar muy deprisa en recopilar la información y ponerla a disposición de los usuarios y que su ejecutivo ya trabaja en un nuevo diseño del Portal de Transparencia “más amigable, intuitivo y completo”.

Las luces y sombras de los 17 portales de transparencia autonómicos son muy semejantes a las que ofrece el estatal, aunque muchos de ellos ofrecen una ventaja que los periodistas y otros investigadores agradecen: los datos económicos pueden descargarse en formato Excel. Una queja muy extendida es la falta de actualización de algunos datos. Por ejemplo, a mediados de este mes de diciembre, el portal canario ofrece todos los datos salariales de los consejeros autonómicos… de la anterior legislatura.

Logros y retos

“La calidad de la transparencia que tiene la Administración General del Estado en este momento es francamente mejorable”, reconoce Arizmendi, quien ha pedido comparecer en el Congreso y en el Senado para presentar la Memoria de la institución. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, Arizmendi subraya como positivo que “toda la Administración está en transparencia” y las instituciones están en marcha.

Para mejorar la situación, espera que se encargue al propio Consejo la redacción del reglamento de la ley, que aún está pendiente, y que se apruebe una excepción a la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, para que no haga falta firma electrónica avanzada para solicitar información pública. Además, Arizmendi confía en que en la nueva legislatura “de negociación, de trabajo conjunto” esté muy presente la transparencia.

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