Cuestión de transparencia más que de factura fiscal

La cuestión sobre la “factura fiscal de las grandes empresas”, es decir, el debate sobre si estas pagan la “cuota equitativa de impuestos” en los países en donde operan, cada vez acapara más atención por parte de los ciudadanos, medios de comunicación y políticos.
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Los asuntos fiscales también se han convertido en una de las principales preocupaciones de los altos directivos de las grandes empresas, que son conscientes del impacto económico y reputacional que puede tener el hecho de ser percibidas como “malas ciudadanas”. Se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que el debate sobre la responsabilidad fiscal corporativa está plenamente integrado en el discurso internacional.

En este contexto, las demandas de mayor transparencia encajan perfectamente con la afirmación de que este es un pilar esencial para restaurar la confianza en las empresas y un elemento fundamental para garantizar una fiscalidad más justa. De hecho, en algunos ámbitos internacionales se habla incluso de “nueva era de transparencia fiscal”.

A las iniciativas de la OCDE y el G-20 –especialmente la Acción 13 del Proyecto BEPS– y de la UE –Paquete sobre Transparencia fiscal de marzo de 2015– se suman las demandas de muchas organizaciones sociales que pueden resumirse en la declaración de que “las prácticas corporativas fiscales responsables exigen mayor transparencia”.

España no es ajena a este debate sobre la fiscalidad empresarial, siempre lleno de desencuentros y que requiere de un esfuerzo de todas las partes involucradas por centrar la discusión en sus justos términos, lejos de declaraciones interesadas y burdas simplificaciones. Muy recientemente la factura fiscal de las grandes empresas ha generado una agria polémica en la que han entrado tanto las autoridades públicas como las organizaciones sectoriales. La CEOE y la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) han refutado las cuestionables cifras presentadas por Hacienda en relación a la “tributación efectiva de las grandes empresas” basándose en el ajuste que hay que hacer a las bases imponibles con los impuestos pagados en el extranjero.

Al margen de cifras y porcentajes, hay que destacar un elemento que puede ayudar a centrar el debate y que justifica plenamente la pertinencia del informe que acaba de publicar la Fundación Compromiso y Transparencia (Contribución y transparencia 2016. Informe de transparencia de la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35), del que soy coautora: la necesidad de mayor transparencia y desglose de la información fiscal por parte de las empresas (de todas en general y de las analizadas en el documento en particular por su relevancia y liderazgo).

Si la justificación que se hace de las diferencias en los porcentajes de tipos efectivos de tributación del Impuesto de Sociedades se basa, fundamentalmente, en los beneficios generados y los tributos pagados por nuestras empresas en el exterior, urge que esa información sea dada a conocer por las empresas y conocida por todos los grupos de interés para desactivar cualquier discurso populista y evitar la innecesaria “estigmatización social” de las grandes empresas españolas.

 

Según los datos del último 'Barómetro fiscal', el 74% de los encuestados opina que el grado de cumplimiento fiscal ha empeorado en la última década.

Lamentablemente esta controversia se está desarrollando en un contexto caracterizado por una percepción social sobre la fiscalidad muy negativa. Según los datos que arroja el último Barómetro fiscal, el 74% de los encuestados opina que el grado de cumplimiento fiscal ha empeorado en la última década, el 91% sostiene que las conductas defraudadoras han aumentado y el 44% considera que el colectivo más defraudador (después de los políticos y los bancos) son los empresarios.

Esta demanda que hace el informe de mayor transparencia no solo se ajusta a las dinámicas internacionales más recientes sino a la de la propia administración española. La AEAT ha publicado un documento en el que destaca el papel de la transparencia fiscal como elemento de mejora reputacional y de construcción de una relación cooperativa útil, y propone la elaboración por parte de las empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas tributarias de un Informe Anual de Transparencia Fiscal como elemento para reforzar la confianza mutua.

Ahora bien, como resultaría poco equitativo que esta demanda de mayor transparencia se limitase a las grandes empresas españolas, en el informe de este año hemos incluido el análisis de una muestra similar de 35 empresas extranjeras, la mayoría de ellas grandes contribuyentes. El análisis, en este caso mucho más modesto, se ha centrado en examinar la transparencia en la información sobre el compromiso y la contribución social (empleo, inversiones, desarrollo de proveedores locales y pago de impuestos) que esas empresas extranjeras realizan en España.

Confiamos que esta demanda de mayor transparencia a las empresas extranjeras, como ha ocurrido con las empresas españolas, sirva de catalizador para impulsar la mejora de la rendición de cuentas sobre su contribución social en España. Estamos convencidos que esta demanda de información contribuirá a mejorar su compromiso y reputación en el país donde están operando.

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