La ley sobre información no financiera: oportunidad para todos

El texto de la Directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad dice que “ha sido redactada con la finalidad de aumentar la divulgación de información no financiera, entre otros, de los factores sociales y medioambientales, con el objetivo de identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la colectividad en general”.
Begoña Morales27 septiembre 2017
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Las empresas pueden responder a esta Directiva de diferentes maneras. Pueden quedarse en la primera parte y simplemente “aumentar la divulgación de información no financiera” solo con el fin de cumplir la ley. O pueden intentar cumplir el espíritu de la ley e “identificar y gestionar riesgos para la sostenibilidad”.

Siguiendo este criterio de respuesta, podríamos encontrar tres grupos de empresas.

En el primer grupo estarán compañías que, bien por su tamaño, bien por su grado de madurez o por las decisiones de sus órganos de gobierno, nunca han dado importancia a la información no financiera. Estas empresas se quedarán en el hecho básico de reportar la información no financiera requerida. Esta ley supondrá para ellas un nuevo “tic” en la lista de compliance legal.

Pero sólo esto ya tiene algo positivo. Dos son los motivos: El primero es que para algunas empresas estos indicadores, o algunos de ellos, son nuevos y, por tanto, el simple hecho de identificarlos generará un nuevo debate interno sobre impactos sociales y ambientales que involucrará a diferentes áreas: compras, recursos humanos, operaciones, etc.

Además como la ley no se queda solo en pedir indicadores, sino que requiere que se expliquen las políticas que aplican en relación con dichas cuestiones y adopción de medidas, aunque solo sea para el reporte, las empresas deberán hacer un análisis de los aspectos sociales y ambientales que se quieren regular (el uso de energía renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad, el diálogo con las comunidades locales, las cuestiones sobre los derechos humanos y  la lucha contra la corrupción y el soborno). Del debate interno generado por este análisis podrían surgir iniciativas que a futuro generen el cambio que pretende la directiva.

En el segundo grupo, están empresas que tienen el discurso de responsabilidad corporativa muy bien articulado, indicadores bien identificados y traza de varios años de reporte de los mismos en informes de RSC o de sostenibilidad. El problema de muchas de estas empresas es que el debate se queda en las direcciones corporativas e incluso operativas, pero no llega a los órganos de gobierno.

La información no financiera no tiene la madurez ni el interés que tiene la financiera y no pueden convivir en un informe único que va al Consejo.

El debate sobre el informe integrado que hemos vivido en los últimos años ha aflorado esta realidad. La información no financiera, extrafinanciera, ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno), o cómo finalmente decida llamarse, no tiene la madurez ni el interés que tiene la financiera y no pueden convivir en un informe único que va al Consejo. Por tanto, que la Directiva implique elevar la información no financiera al Consejo de Administración, es un gran paso ya que, por una parte, obligará a incrementar la madurez de esta información y por otra, elevará el debate de la sostenibilidad al órgano de decisión.

En el tercer grupo están las empresas que quieran ir al espíritu de la ley e “identificar y gestionar riesgos para la sostenibilidad”. Estas empresas en general son compañías que creen, desde el más alto nivel de dirección, en la gestión de los aspectos sociales y ambientales como elementos generadores de valor. Llevan años comprobando esta realidad. Por ejemplo, cómo la gestión responsable de su cadena de suministro consigue proveedores mejor formados, más comprometidos y con menos incidentes sociales o cómo la gestión eficiente de sus recursos naturales genera procesos más sostenibles y con menores costes.

Para estas empresas la ley cambia poco sus motivaciones y sus procesos en relación a los aspectos sociales y ambientales. Pero lo que puede provocar es una mayor profundidad y rigor en la gestión y transparencia en asuntos que no eran reportados, como quizás la identificación de riesgos relacionados con los derechos humanos en un proceso de debida diligencia.

Hacer más transparente esta información y reportar de un modo más integrado la información financiera y la no financiera, permitirá a los grupos de interés entender mejor el impacto de la gestión de aspectos sociales y ambientales en los indicadores económicos. Por otra parte, la constatación de que la buena gestión de aspectos sociales y ambientales impacta de manera positiva en los resultados económicos incentivará a las empresas menos maduras a ir más allá del cumplimiento legal e intentar llevar estos temas a los procesos de negocio.

Por tanto, en mi opinión, esta ley puede ser beneficiosa para todas las empresas independientemente de su grado de madurez y del cumplimiento más o menos riguroso que quieran hacer de la misma. Espero poder mantener este optimismo cuando veamos los resultados dentro de unos años.

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