Congreso y Senado incumplen la normativa sobre la publicación de contratos

Transparencia Internacional España ha presentado el cuarto Informe sobre el grado de cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre contratos, elaborado con la colaboración del Observatorio de Contratación Pública.
CE6 noviembre 2017
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Transparencia Internacional España realizó a lo largo de enero y julio de 2016, así como en marzo de 2017, en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP), tres análisis del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP – lugar común de publicidad de los contratos a nivel nacional), en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado.

Estos análisis vinieron a poner de manifiesto el importante nivel de incumplimiento de esta normativa legal por una gran parte de las instituciones públicas españolas, tanto ayuntamientos, como comunidades autónomas, parlamentos, diputaciones provinciales y universidades públicas.

Este mes de octubre, TI-España y el OCP han realizado un cuarto análisis de este nivel de cumplimiento, en el cual se pone de manifiesto una cierta mejora a este respecto en algunas de estas instituciones, si bien sigue siendo demasiado alto y preocupante el nivel de incumplimiento legal por las entidades públicas de este país.

De los 110 grandes ayuntamientos españoles analizados, eran solo 29 en enero y 33 en julio de 2016, y de 56 en mayo de 2017, los que cumplían esta obligación legal. En octubre de 2017 ha aumentado algo este número, pasando a ser 61 las corporaciones locales que publican en la PCSP, lo que indica que el 45% de los 110 grandes ayuntamientos siguen incumpliendo esta obligación legal.

Por otra parte, en relación con las comunidades autónomas, eran tres en enero y seis en julio de 2016 las que cumplían la normativa legal, y diez en marzo de 2017. En octubre de 2017 han pasado a ser 13 (de las 17 totales), esto es, un 76% las comunidades, las que la cumplen, pero sigue siendo alta la proporción, el 24%, las que siguen sin cumplir esta normativa legal.

En lo que se refiere a los 19 parlamentos (Congreso, Senado y 17 parlamentos autonómicos), tanto en enero como en julio de 2016 eran cinco parlamentos los que cumplían la norma; en mayo de 2017 pasaron a ser nueve, los mismos que en la actualidad. Son por tanto menos de la mitad (un 47%) los parlamentos que cumplen esta norma y publican sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El Congreso de los Diputados y el Senado continúen incumpliendo esta normativa.

En lo que se refiere a las diputaciones provinciales, eran 18 en enero y 27 en julio de 2016 las diputaciones que cumplían la normativa (de las 45 diputaciones totales), en mayo de 2017 se amplió este número a 32, aumentando a 33 esta cifra en octubre, lo que equivale al 73% del total; ello implica que más de la cuarta parte de las diputaciones siguen incumpliendo este mandato legal.

En lo que se refiere a universidades públicas, eran 30 en enero y 33 en julio de 2016 los centros que cumplían esta normativa; en mayo de 2017 eran 36 los que la cumplían, pasando a ser 40 actualmente los que lo hacen, lo cual significa que el 78% de las universidades públicas españolas cumplen ahora con esta obligación legal, el porcentaje más alto en cuanto a nivel de cumplimiento entre los cinco colectivos de instituciones públicas analizadas por TI-España.

Dado el todavía abultado nivel de incumplimiento legal por las entidades públicas españolas, Transparencia Internacional España continúa instando a que todas las instituciones públicas cumplan en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país, de cara a un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, y posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y por tanto, de la eficiencia económica global.

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