Registro de ‘lobbies’, contratación pública y protección al denunciante, los cabos sueltos de la Ley de transparencia

La aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se acerca a su cuarto aniversario y durante este tiempo se han conseguido importantes avances en la transparencia de la actividad pública. Pero quedan otros tantos temas por resolver.
14

En el año de la aprobación de la ley solo el 22% de los partidos políticos con representantes parlamentarios publicaban sus estados contables, mientras que actualmente hacen pública esta información el 56%, según el último informe de Transparencia, el mejor eslogan. La mayoría de comunidades autónomas cuentan también con leyes propias de transparencia, ampliando ámbitos y alcances que la ley estatal no regula y estableciendo un órgano garante del derecho de acceso a la información.

Asimismo, los ciudadanos españoles poco a poco se van acostumbrando a preguntar a las instituciones públicas. Desde que entró en vigor la Ley en diciembre de 2013 hasta septiembre de 2017 se han realizado más de 10.300 peticiones de acceso a la información al Portal de transparencia.

Además de estos datos, es relevante la declaración de la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, afirmando que los órganos constitucionales del Estado español -en referencia al Tribunal de Cuentas, el Banco de España, el Congreso y el Senado- se han convertido en ejemplos muy importante para el resto de la Administración pública por su “excelente transparencia”. Este hecho sirve de empuje para que el resto de la Administración avance siguiendo la estela de estas instituciones.

Sin embargo, la cultura de la transparencia requiere de evolución y esfuerzo constantes por mejorar. La Ley 19/2013 fue un primer paso y recibió bastantes críticas negativas por considerarse una “ley de mínimos”. Actualmente se están desarrollando nuevas normas que tratan con mayor profundidad algunos aspectos que no se incluyeron en la Ley de transparencia, y ahora se pretenden corregir para continuar mejorando el funcionamiento de la Administración pública en términos de transparencia y buen gobierno.

Los ‘lobbies’ y las agendas institucionales

Entre los temas más criticados por quedarse fuera de la regulación sobre transparencia, a pesar de las reiteradas indicaciones de expertos y organizaciones de la sociedad civil, está la creación de un registro oficial de lobbies.

Los grupos de presión ejercen una importante influencia en la toma de decisiones, por este motivo, algunas instituciones han dado un paso adelante y transparentan por sí mismas esta actividad. Éste es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que desde marzo de 2016 cuenta con un registro “voluntario” de lobbies españoles. Según expresa la propia CNMC en su web, el motivo principal para crear el Registro de Grupos de Interés es para responder sobre “qué intereses se persiguen y quién los defiende”. De este modo, la CNMC aspira a transparentar la toma de decisiones dentro de sus posibilidades y señala a la transparencia como elemento “clave” para fomentar la participación activa de los ciudadanos en defensa de la competencia y de una regulación económica eficiente.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuenta desde marzo de 2016 con un registro “voluntario” de 'lobbies' españoles.

El Ayuntamiento de Madrid es otra de las instituciones que también cuenta con esta herramienta para fomentar la transparencia de su actividad más allá de la normativa estatal. En agosto de 2016 entró en vigor la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, en cuyo capítulo VI se recoge la obligación de los lobbies de inscribirse previamente en el registro del consistorio para poder concertar reuniones con los cargos públicos locales.

Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó este año una propuesta para modificar su reglamento, de modo que los grupos de interés que deseen reunirse con los parlamentarios deberán inscribirse previamente en un registro público como requisito indispensable para permitir dicho encuentro.

Además de los registros de lobbies, también se quiere dar a conocer las relaciones que mantienen los cargos públicos a través de la publicación de las agendas institucionales. La Ley 19/2013 no obliga a esta acción, pero cada vez son más instituciones y organismos quienes han decidido comprometerse con la transparencia y están adoptando esta iniciativa, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid y las comunidades que han incluido dentro de sus leyes autonómicas esta premisa, como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Región de Murcia.

Por su parte, el Gobierno español también permite el acceso a la agenda del presidente y los ministros desde el Portal de transparencia. Sin embargo, el Consejo de Transparencia ha recomendado recientemente que se amplíe esta publicación a la agenda de los altos cargos de la Administración pública, debido a las numerosas solicitudes de información y reclamaciones que recibe de los ciudadanos para conocer estos datos.

Una contratación pública más transparente

Otro ámbito que demanda más transparencia es el sector de la contratación pública, debido a las irregularidades y casos de corrupción que se han dado en él. Por este motivo, se ha aprobado reciente la nueva Ley de reforma de la contratación en el sector público, siendo una de las principales características de la norma las nuevas obligaciones de transparencia.

Entre las novedades de la normativa destaca la obligación de que las contrataciones que realicen a partir de ahora los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales deberán estar sujetas a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación, como el resto de contratos de la Administración Pública.

Una de las principales características de la nueva Ley de reforma de la contratación en el sector público es la obligación de transparencia.

Por otra parte, se gana transparencia en la contratación pública al limitarse el procedimiento del llamado “negociado”, que se caracteriza por que el órgano de contratación consulta y negocia las condiciones directamente con los candidatos, tras lo cual adjudica el contrato sin necesidad de publicidad, en beneficio del procedimiento “abierto simplificado”, cuyos plazos se han mejorado haciéndolos más cortos, sencillos y con obligación de hacerlos públicos.

La nueva norma también obliga a que los contratos públicos incluyan la información que permite modificaciones en el contrato o justifique la baja temeraria, junto con los nombres de los licitadores participantes, los informes previos o la composición de las UTE (Unión Temporal de Empresas) que consigan contratos públicos. Además, toda la información deberá publicarse en el perfil del contratante de las sedes electrónica de las entidades y en la Plataforma de Contratos del Sector Público de manera abierta, en formatos reutilizables y durante un periodo de cinco años.

Metas en el horizonte

Otra de las novedades normativas para este año es la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, cuya proposición se encuentra en proceso de enmienda en Congreso de los Diputados.

Esta ley es un paso muy importante para la lucha contra la corrupción dentro de la Administración, pues garantizará la protección de los testigos que denuncien malas praxis sin que tengan que tener miedo a represalias.

De momento, la normativa solo sirve de protección a los funcionarios y trabajadores dentro de la Administración, puesto que no está previsto que se añadan garantías para los denunciantes de corrupción en el sector privado. Para estos casos, se puede acudir a algunas plataformas que sirven de “buzón para anónimos”, como Filtrala.org o XNET, donde se pueden dejar evidencias y testimonios de casos de corrupción que permiten a los medios de comunicación investigar y difundir los hechos delictivos.

Por su parte, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es una de las instituciones que más lucha por la implantación de la transparencia en España, como han reconocido las principales organizaciones de la sociedad civil (Vid. ¿Cuáles son las instituciones que más trabajan por la transparencia?), sin embargo, el propio Consejo ha declarado en diversas ocasiones que quiere “ser más fuerte”, exigiendo tener facultades para inspeccionar y, sobre todo, “sancionar las infracciones al derecho de acceso a la información”, con el objetivo de ser más contundente en la lucha por la transparencia.

14
Comentarios