“El gran cambio en la contratación pública está en saber cómo se compra y no cuánto"

El pasado mes de marzo entraba en vigor la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, con la importante misión de mejorar el sector en aspectos tan destacados como la transparencia de los procedimientos, garantizar la igualdad de oportunidades entre los proveedores de la administración y gestionar los recursos públicos de manera más responsable y eficiente.

Revista Haz entrevista a José María Gimeno Feliu, director del Observatorio de Contratación Pública y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, para saber cómo van a afectar los cambios que introduce la ley y cuáles son los retos del sector para seguir avanzando en la buena dirección.

¿Por qué se crea el Observatorio de la Contratación Pública?

El observatorio es el resultado de un proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo objetivo era crear una comunidad de pensamiento de profesionales de la contratación pública. Gracias al mecenazgo de Everis, que da soporte a la página web, llevamos casi siete años aportando conocimiento en materia de contratación pública. No somos una empresa y no cobramos nada; simplemente entendemos que es labor de la universidad ayudar a mejorar la sociedad y, en nuestro caso, el sector de la contratación pública.

¿Era una necesidad de la sociedad?

Sí, porque en este sector se invierte mucho dinero público y nosotros detectamos, como grupo de investigación, que no bastaba solo con indagar para la universidad de puertas hacia dentro, sino que había que salir hacia fuera, hacer una labor de divulgación especializada, con criterio, aportando nuestra opinión sobre los grandes cambios que pueden existir en materia de contratación pública. En otros países había observatorios de este tipo mientras que en España no existía, así que cubrimos ese hueco institucional con un grupo de investigadores.

¿Considera que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos también está influyendo para que esta información sea más transparente?

Sin duda; toda la información que está en las redes y el tratamiento del big data nos ha permitido tener datos y resultados con muchísima información que nos ha hecho ver qué debilidades teníamos y qué otros caminos y soluciones podíamos adoptar. Sin información, difícilmente podríamos haber dado los pasos que estamos dando.

Desde 2011 hasta 2018, ¿cómo ha avanzado la contratación pública en España? 

España ha avanzado bastante bien, porque la contratación pública era muy burocrática y muy opaca. Gracias al movimiento del conocimiento y las opiniones -creo que la labor del observatorio ha ayudado a eso- se han detectado ineficiencias y se ha conseguido que tengamos la Ley 9/2017, que aporta importantes herramientas para hacer una contratación pública más abierta, transparente, íntegra y, sobre todo, que sirva para movilizar e invertir adecuadamente los recursos públicos.

Se puede decir que ha habido un antes y un después en estos últimos años sobre la visión de la contratación pública en España, aunque hay que reconocer que está muy impulsada por el derecho europeo, que ha obligado a España a dar una visión distinta a su contratación pública.

A nivel internacional, ¿qué país sería un ejemplo a seguir en buenas prácticas sobre contratación pública?

La situación es bastante parecida debido al marco normativo europeo, pero los países nórdicos siempre han presumido de comprar mejor que los países latinos. La información que teníamos del big data decía que España no gestionaba suficientemente bien los recursos públicos; esto también lo denunció la Unión Europea por comparación entre países. Sin embargo, ahora empezaremos a cambiar en el ranking y a estar entre los que compran bien de Europa.

¿Podría poner algún ejemplo de compra ineficiente?

Cuando hablamos de “compra ineficiente” nos referimos a utilizar un procedimiento no competitivo, es decir, si voy a hacer una carretera y hago una designación directa y gasto 99 de un presupuesto de 100. Por el contrario, si se hace mediante un procedimiento competitivo, la contratación puede costar 80, lo cual permite ahorrar 19 puntos.

En España teníamos una tendencia a hacer las cosas con bastante opacidad, lo cual generaba mucha ineficiencia, porque había muchos procedimientos por adjudicación directa, cuyo precio de rentabilidad es más elevado que si hubiese sido mediante una licitación bien planificada.

Ahora nos estamos centrando en diseñar bien los procedimientos para conseguir la mejor relación calidad-precio, poniendo el acento en el “valor-dinero” y exigiendo explicaciones cuando se invierten recursos públicos para saber cómo se está rentabilizando la inversión que se ha hecho.

¿Qué cambios aporta la nueva Ley de Contratos en el Sector Público? ¿Cuáles destacaría como más necesarios para transparentar la contratación pública?

La nueva Ley ha introducido reglas de mayor transparencia, como tener una mayor concurrencia; se han eliminado casi todos los procedimientos que permitían la contratación directa que generaba mucha ineficiencia (30.000 o 40.000 millones por no haber presión competitiva); se han reforzado los mecanismos de control preventivo para evitar la posible ostentación de la frase “prácticas irregulares” o “redes clientelares” y, además, se ha cambiado la visión economicista y burocrática de la contratación púbica hacia una visión estratégica.

Esto quiere decir que hay que pensar qué queremos comprar, cómo lo queremos comprar, para qué lo queremos comprar y qué impacto va a tener sobre sectores económicos concretos, a efectos de planificar lo que se va a hacer para posteriormente controlar y vigilar el cumplimiento de lo que se ha decidido comprar. Por lo tanto, ya no se pone tanto el acento en cuánto se compra, sino en cómo se ejecuta el contrato, lo cual me parece un gran cambio en el paradigma de la contratación pública en España.

Desde el Observatorio, ¿qué aspectos consideran que se pueden o deben mejorar para tener una contratación pública más eficiente y transparente?

Se han dado pasos importantes como la nueva ley, pero quedan retos como el de una mejora técnica de las normas, que son complejas y dificultan su aplicación. También se debe revisar la organización de la contratación pública en España, teniendo en cuenta lo importante que es, las administraciones deben dedicar un tiempo a pensar cuál es la mejor forma de organización de las distintas instituciones para gestionar adecuadamente la contratación.

El tercer reto es sobre la recomendación de la Unión Europea de octubre del 2017, acerca de la profesionalización y la capacitación de los responsables que gestionan la contratación pública; este último reto es muy importante porque es una de las grandes herramientas del cambio que necesitamos: tener muy buenos gestores, bien formados, y que no haya contaminación ideológica en determinadas tomas de decisiones.

¿Le gustaría destacar otro aspecto sobre este tema a los lectores de Revista Haz?

Sí, que la nueva ley de contratos es una oportunidad, no solo para que las administraciones compren mejor, sino para que el sector empresarial se adapte a una nueva realidad de la contratación en España, porque sabiendo articular correctamente la contratación pública conseguiremos un crecimiento sostenible, inteligente y de calidad. Ahí está el reto que ofrece esta nueva ley de contratos y que dependerá de cómo la apliquemos.