La Comisión Europea establece nuevas normas para la protección del denunciante

Los escándalos recientes como Dieselgate, Luxleaks, Panama Papers o las revelaciones en curso de Cambridge Analytica muestran que los denunciantes pueden desempeñar un papel importante en el descubrimiento de actividades ilícitas que dañan el interés público y el bienestar de los ciudadanos y la sociedad.
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La propuesta de la Comisión Europea garantizará un alto nivel de protección para los informantes que denuncien infracciones de la legislación de la UE al establecer nuevos estándares a nivel europeo. La nueva ley creará canales seguros para informar tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas.

También protegerá a los denunciantes contra el despido, la degradación y otras formas de represalias; el 36% de los trabajadores que informaron de una mala conducta sufrieron represalias (Encuesta Global de Ética Empresarial 2016). Además exigirá a las autoridades nacionales que informen a los ciudadanos y proporcionen capacitación a las autoridades públicas sobre cómo tratar con los denunciantes.

El primer vicepresidente, Frans Timmermans, dijo: «Es probable que muchos escándalos recientes no hubieran salido a la luz si las personas con información privilegiada no hubieran tenido el coraje de hablar claro. Pero quienes lo hicieron corrieron enormes riesgos. Por lo tanto, si protegemos mejor a los denunciantes, podemos detectar mejor y evitar daños al interés público como fraude, corrupción, evasión de impuestos corporativos o daños a la salud de las personas y el medio ambiente. No debería haber castigo por hacer lo correcto. Además, las propuestas de hoy también protegen a quienes actúan como fuentes de periodistas de investigación, ayudando a garantizar que la libertad de expresión y la libertad de los medios se defiendan en Europa».

Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género agregó: «Las nuevas normas de protección de informantes cambiarán las reglas del juego. En el mundo globalizado donde la tentación de maximizar los beneficios a veces a expensas de la ley es real, debemos apoyar a las personas que están dispuestos a correr el riesgo de descubrir violaciones graves de la legislación de la UE. Se lo debemos a la gente honesta de Europa».

Infracciones de la legislación de la UE

La propuesta de la CE garantiza la protección de toda la UE para hacer sonar el silbido de las infracciones de la legislación europea en los ámbitos de la contratación pública; servicios financieros, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; seguridad del producto; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y piensos, salud y bienestar animal; salud pública; protección al consumidor, y privacidad, protección de datos y seguridad de redes y sistemas de información.

También se aplica a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las violaciones y el abuso de las normas fiscales corporativas y el daño a los intereses financieros de la UE. La Comisión alienta a los Estados miembros a ir más allá de esta norma mínima y establecer marcos integrales para la protección de denunciantes basados ​​en los mismos principios.

Implicaciones de la norma

Todas las empresas con más de 50 empleados o con una facturación anual de más de 10 millones de euros tendrán que establecer un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes. Todas las administraciones estatales y regionales y los municipios con más de 10.000 habitantes también estarán cubiertos por la nueva ley.

Los mecanismos de protección deben incluir:

  • Borrar los canales de información, dentro y fuera de la organización, asegurando la confidencialidad.
  • Un sistema de informes de tres niveles:
    • Canales internos de información;
    • Informar a las autoridades competentes: si los canales internos no funcionan o no se puede esperar razonablemente que funcionen (por ejemplo, cuando el uso de canales internos pueda poner en peligro la efectividad de las acciones de investigación por parte de las autoridades responsables);
    • Informes públicos/de medios: si no se toman las medidas adecuadas después de informar a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o claro para el interés público o daño irreversible.
  • Obligaciones de retroalimentación para las autoridades y las empresas, que deberán responder y dar seguimiento a los informes de los denunciantes en un plazo de tres meses para los canales internos de información.
  • Prevención de represalias y protección efectiva: todas las formas de represalia están prohibidas y deben ser sancionadas. Si un informante sufre represalias, debe tener acceso a asesoramiento gratuito y recursos adecuados (por ejemplo, medidas para detener el acoso en el lugar de trabajo o evitar el despido). La carga de la prueba se revertirá en tales casos, de modo que la persona u organización debe demostrar que no están actuando en represalia contra el denunciante. Los denunciantes también estarán protegidos en los procedimientos judiciales, en particular a través de una exención de responsabilidad por la divulgación de la información.

La propuesta protege las denuncias responsables genuinamente destinadas a salvaguardar el interés público. Por lo tanto, incluye salvaguardas para desalentar los informes maliciosos o abusivos y prevenir el daño reputacional injustificado. Aquellos afectados por el informe de un denunciante disfrutarán plenamente de la presunción de inocencia, el derecho a un recurso efectivo, un juicio justo y el derecho de defensa.

Las normas actuales

La protección otorgada a los denunciantes en toda la UE actualmente está fragmentada y es desigual. Solo diez Estados miembros de la UE garantizan que los denunciantes estén totalmente protegidos. En los países restantes, la protección otorgada es parcial y solo se aplica a sectores específicos o categorías de empleados.

La propuesta de la Comisión se basa en la Recomendación del Consejo de Europa sobre Protección de denunciantes de 2014, que dice que «los Estados miembros tengan un marco normativo, institucional y judicial para proteger a las personas que, en el contexto de su relación laboral, informen o divulguen información sobre amenazas o daños al interés público» y establece principios para guiar a los Estados cuando introducen o revisan dichos marcos.

El Consejo alentó a la Comisión a explorar la posibilidad de una futura acción de la UE en sus Conclusiones sobre transparencia fiscal de 11 de octubre de 2016. Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos han pedido sistemáticamente una legislación a escala de la UE para proteger a los denunciantes que actúen en interés público.

La Comisión se comprometió a tomar medidas para proteger a los denunciantes, como fuentes periodísticas, en el segundo Coloquio anual sobre los derechos fundamentales en noviembre de 2016, que trataba sobre el tema Medios, Pluralismo y Democracia.

El refuerzo de la protección de denunciantes también da lugar al compromiso de la Comisión de centrarse más en la aplicación de la legislación de la UE, tal como se establece en su Comunicación de 2016 sobre el Derecho de la UE: mejores resultados mediante una mejor aplicación

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