Navarra aprueba su propia ley de transparencia
El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad, con la abstención de UPN y el voto en contra de PPN, la Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Ley Foral tiene por objeto “regular e impulsar la transparencia en la actividad pública y en la acción de gobierno para, a partir de la difusión de la información que generen los sujetos obligados, garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, regular los grupos de interés y establecer un conjunto de normas que asegure el buen gobierno, todo en aras a favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía”.
El texto estructura y amplía las obligaciones de publicidad activa, alcanzado a importante información de carácter institucional, organizativa y de planificación, sobre altos cargos y personal directivo, de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y financiera, sobre contratación pública, concesión de servicios, convenios, actividad subvencionable y patrimonial, así como en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y vivienda.
Con el fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, se eliminan barreras y obstáculos, generalizando un procedimiento ágil y sencillo dirigido a ejercer dicha potestad. Se prevé la creación de un Registro de Solicitudes de acceso a la información pública que se encargará de compendiar el contenido y el recorrido administrativo de cada petición.
En el Portal del Gobierno de Navarra en Internet se desarrollará un portal específico del Gobierno Abierto, donde se hará pública la información relativa a la Administración y a las entidades y organismos dependientes de aquella.
Además, se incrementarán las garantías del derecho de acceso a la información pública mediante la implementación de un régimen de infracciones y sanciones.
También se creará un Registro Público de Grupos de Interés o Registro de lobbies para facilitar la identificación y el control de todas las actividades ante la Administración, obligación a la que quedan sujetos también los entes locales con población superior a 5.000 habitantes. Así, se dará publicidad de sus actuaciones, especialmente de las reuniones y audiencias celebradas con autoridades, cargos públicos, miembros electos o diputados, así como de las comunicaciones o informes y otras contribuciones con relación a las materias tratadas.
Finalmente, el Consejo de Transparencia de Navarra velará por el cumplimiento tanto de las obligaciones de publicidad activa del Gobierno, como por el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública que obra en poder del Ejecutivo.
Las entidades locales dispondrán de un máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta norma, que excedan de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
