"Cuesta equilibrar la protección de datos y la Ley de transparencia en la empresa"

'Compromiso Empresarial' entrevista a Manuel Medina Guerrero, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el único órgano de control en España que vela por el derecho a la información y la protección de datos.
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Manuel Medina Guerrero, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

El acceso a la información pública y la protección de datos personales son la cara y la cruz de una misma moneda y encontrar el equilibrio en la aplicación de ambos derechos es una labor compleja y sensible.

El pasado mes de mayo entró en vigor el nuevo reglamento de protección de datos, reavivando el debate sobre cómo deben actuar las instituciones y los órganos garantes del cumplimiento de la transparencia ante la ponderación de la protección de datos personales, puesto que la línea entre la protección y la opacidad es delgada y poco visible.

Para conocer mejor esta situación, Compromiso Empresarial habla con Manuel Medina Guerrero, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el único órgano de control en España que vela por ambos derechos.

¿Por qué se decidió que el Consejo andaluz fuera de Transparencia y Protección de datos?

El legislador andaluz quiso asumir el modelo que siguen otros países considerados como “los más desarrollados” sobre este aspecto, siendo el modelo más extendido en los últimos años y el que rige en Gran Bretaña, Canadá, Alemania -tanto a nivel federal como en los landers, o en México, porque concilian el control de la transparencia y la protección de los datos personales.

Aplicar la transparencia en equilibrio con la protección de datos no siempre es fácil, ¿cómo es el procedimiento en estos casos?

El problema de la protección de datos personales suele venir por alegación de terceros afectados y no tanto por la administración. Nuestra línea de actuación en estos casos es evitar hacer público los datos especialmente protegidos, sin menoscabar el derecho de acceso a la información.

Por ejemplo, las entidades que reciben más de 100.000 euros al año en subvenciones y ayudas tienen obligaciones de publicidad activa y deben publicar las retribuciones de altos cargos y máximos responsables. Sin embargo, la Ley de transparencia está pensada para las administraciones públicas y cuando se proyecta a una empresa o entidad privada, cuesta encontrar ese equilibrio.

Nosotros estamos poniendo en marcha un plan de inspección del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa para ver cómo se están comportando estas entidades y ver qué criterio interpretativo necesitamos adoptar para determinar exactamente hasta dónde pueden publicarse los datos sin vulnerar la protección.

Nuestra línea de actuación es evitar hacer público los datos especialmente protegidos, sin menoscabar el derecho de acceso a la información.

¿Qué casos han tenido que resolver últimamente?

Tuvimos la reclamación de un ciudadano que quería acceder a un expediente sancionador de la Junta contra la empresa Endesa. Esta empresa alega la protección de datos personales de sus clientes sobre el código que identifica los aparatos de cada domicilio y en el Consejo llegamos a la conclusión de que el interés público de la ciudadanía en conocer ese expediente sancionador es muy superior, al eventual interés de proteger el código CUP de los clientes de Endesa.

Entonces dijimos a la Junta que tenía que dar la información al ciudadano, sin embargo, está pendiente de resolución porque Endesa ha interpuesto contencioso-administrativo. Los órganos de control estamos muy atentos para ver cómo los órganos judiciales ponderan la información pública frente a la protección de datos.

Otro caso importante fue la consulta sobre la relación de las subvenciones que dan las administraciones públicas, debido a que deben publicar quiénes son los destinatarios de las subvenciones. El problema reside en publicar aquellas subvenciones relacionados con datos especialmente protegidos, como programas de ayudas para la rehabilitación de drogodependientes, porque afectan a datos de salud que están especialmente protegidos y el equilibrio es muy delicado entre difundir la información pública y la protección de datos personales.

¿Qué resulta lo más complicado de impulsar la transparencia en Andalucía? ¿Conseguir este equilibrio?

Sí, porque encontramos que la tendencia del funcionario responsable de la información es evitar la vulneración de la protección de datos, ya que suelen conllevar problemas graves. Sin embargo, considero que esta tendencia está cambiando poco a poco, gracias a nuestras resoluciones porque les estamos dando unas pautas claras de cómo debe encauzarse la ponderación de ambos derechos, aunque relativamente porque es un problema jurídico muy complejo y es difícil establecer líneas directrices con alcance general.

Estamos dando unas pautas claras de cómo debe encauzarse la ponderación de ambos derechos, el de la información y el de la protección de datos.

Por otra parte, tenemos problemas de la propia estructura territorial, porque somos una región muy amplia y dispersa, con un número elevado de municipios y algunos muy pequeños, donde muchos ciudadanos desconocen la Ley de transparencia.

¿Qué acciones está desarrollando el Consejo para impulsar la transparencia en Andalucía?

Cuando llegué al Consejo a finales de enero de 2016 y vi el estado de las páginas web de los municipios, lo primero que hice fue reunirme con cada una de las diputaciones provinciales para saber cómo estaban disponiendo sus medios cooperativos para ayudar a los pequeños municipios. Esta primera tarea institucional permitió poner las líneas de cooperación con las diputaciones y los cargos municipales de los pequeños municipios para que conocieran las exigencias de la Ley de transparencia pública de Andalucía, y se ha avanzado mucho, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

¿La implantación de la transparencia en Andalucía tiene aspectos diferentes con respecto a otras regiones que impliquen una actuación especial?

Sí, porque la Ley andaluza tiene una serie de peculiaridades: permite la denuncia de particulares, es decir, además de un control de oficio de las obligaciones de publicidad activa, cualquier ciudadano, persona o entidad, puede denunciar ante el Consejo de Transparencia la falta de publicación de información. Y también tenemos un régimen sancionador sobre el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y capacidad de inspección.

Cuando el ciudadano denuncia ante el Consejo, ¿qué mecanismo se pone en marcha?

Primero comprobamos que en el portal no está publicada la información y requerimos en un plazo de tiempo que se haga pública. Si hay incumplimiento de las resoluciones del Consejo, que insta a la entidad a colgar la información objeto de la denuncia, está prevista la sanción por infracción muy grave, no solo en materia de publicidad activa, sino también en el acceso a la información pública.

El Congreso Internacional de Transparencia es una excelente oportunidad para promocionar los avances que se han hecho a nivel autonómico, porque no se ha valorado suficientemente en el exterior.

En septiembre se celebrará por primera vez en Cádiz el Congreso Internacional de Transparencia, organizado con la colaboración del Consejo, ¿qué resultados esperan de este evento?

Considero que es una excelente oportunidad para promocionar los avances que se han hecho a nivel autonómico, porque no se ha valorado suficientemente en el exterior. Por este motivo, hemos invitado a las principales autoridades de control en materia de transparencia y protección de datos, del Instituto Británico, el presidente del Consejo de México y la autoridad competente en Alemania, porque queremos que se hagan eco de los avances que se han llevado a cabo en España, no solo por los órganos de control, sino también por la sociedad civil. Además, pensamos que va a ser un evento tremendamente importante para impulsar la cultura de la transparencia y desde las instituciones andaluzas vamos a colaborar activamente para que sea un éxito.

¿Cuáles son los retos pendientes de la transparencia a nivel regional?

Un problema que hemos detectado en el último informe de actuación del año 2017 es que hay una brecha de género en el manejo de las herramientas de transparencia en Andalucía. Del total de solicitudes de información que se presentan al portal de transparencia de la Junta, solo el 32% lo hacen mujeres; y con respecto a las reclamaciones presentadas al Consejo, poco más del 18% son presentadas por mujeres. Así que desde el parlamento andaluz nos instaron a tomar medidas para supera esta brecha de género.

Otro de los retos está en los sujetos de publicidad activa, porque están aquellas entidades que no saben que son sujetos obligados, como colegios oficiales o las federaciones deportivas. Y por otro lado, tenemos a los municipios pequeños que siguen teniendo una carencia de medios de difícil solución, porque nos encontramos casos donde el alcalde no tiene secretario de ayuntamiento, solo cuenta con el secretario que manda la diputación provincial una vez al mes, o cada quince días, para unas horas y no están en condiciones de actualizar toda la información que deben tener colgada en el portal.

¿Le gustaría destacar algo más sobre este tema a los lectores de Compromiso Empresarial?

Desde el Consejo animo a toda la ciudadanía a que sepa que tienen un recurso muy poderoso en sus manos con las leyes de transparencia, tanto estatal como autonómicas, porque son un instrumento idóneo para controlar a los cargos públicos y para participar en el proceso de toma de decisiones. Porque solo estando informado y conociendo el alcance de los asuntos públicos, puede haber realmente una democracia participativa y funcionando de modo eficaz.

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