Sectores opacos: ¿por qué la gestión del agua en España no es transparente?

Es el recurso escaso más preciado en el planeta: el agua potable. Aunque la mayor parte de la Tierra es agua, solo un pequeño porcentaje es apta para el consumo humano. Según la información publicada por Fundación Aquae, solo el 0’025% del agua existente en el planeta es potable, un dato que invita a la reflexión sobre la importancia de su adecuada conservación y administración para garantizar la vida en condiciones dignas.
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Sin embargo, las principales entidades encargadas de la gestión del agua no facilitan información relevante sobre esta gestión. En España existen más de 8.000 municipios y depende de la voluntad de cada uno detallar la información sobre la tarifa del agua, cuáles son sus servicios o dónde se destinan el pago de los impuestos sobre este recurso tan necesario como escaso.

Con el objetivo de esclarecer este sector, nació en 2008 la plataforma Iagua, el medio de información especializado sobre el uso del agua, que se ha convertido líder de audiencia con más de tres millones de usuarios en 2018. Compromiso Empresarial habla con David Escobar, socio y representante de Iagua, para conocer mejor cómo es el sector del agua en España y por qué hay más sombras que luces sobre su administración.

¿Quién se encarga del agua en España?

La gestión del agua en España es una “cuestión compleja”, debido a la diversidad de agentes que intervienen en ella. En primer lugar, todos los niveles de la administración pública están implicados, junto a otras entidades, como las empresas privadas o mixtas. En este sentido, Escobar explica que la Administración del Estado, mediante la acción del ministerio para la transición ecológica y las confederaciones hidrográficas, planifica la gestión de este recurso a través del plan hidrográfico nacional y los planes de cuenca; a su vez, también se encarga de controlar el uso de los recursos hidrográficos a través de concesiones y de autorizaciones, supervisadas y controladas por los diferentes técnicos de las administraciones.

Por otra parte, algunas cuencas hidrográficas son gestionadas por las comunidades autónomas. Es el caso de la cuenca de Cataluña, la de las islas Baleares y el archipiélago canario, o la cuenca de ciertos ríos en Andalucía. Además, los ayuntamientos son responsables de la gestión sobre el abastecimiento y el saneamiento de la ciudad, aunque algunos consistorios ceden esas responsabilidades -o alguna de ellas como el abastecimiento o el saneamiento- a una entidad supramunicipal o autonómica, como hace la ciudad de Madrid con la empresa pública Canal de Isabel II.

En la gestión del agua están implicados todos los niveles de la administración pública, junto a otras entidades, como las empresas privadas o mixtas.

Cada municipio a su manera

A esta compleja gestión, se le suma el hecho de que no existe una regulación específica para el sector y el resultado es que cada ayuntamiento hace su gestión de una manera diferente. En este sentido, Escobar afirma que el último gobierno había hablado de una ley que estableciera unas directrices coherentes y comunes, sin embargo, esa norma nunca vio la luz y la comunidad autodenominada como waterpeople, preocupada por el sector y su buena gestión, sigue reclamando una regulación que obligue a los ayuntamientos y a las entidades encargadas de la gestión del agua a fijar una tarifa de acuerdo a unos criterios claros y objetivos.

Escobar también señala la conveniencia de contar con una entidad reguladora a nivel nacional que estableciera unas normas básicas o unas recomendaciones para los municipios, de modo que los ayuntamientos pudieran calcular las tarifas de una forma más coherente.

“Actualmente en España hay más de 8.000 municipios y eso significa que puede haber 8.000 formas distintas de llevar la gestión del agua, porque no hay dos entidades que tengan calculada la tarifa del agua del mismo modo, lo cual es una locura”, afirma el experto a Compromiso Empresarial.

Sobre este hecho llama la atención el informe de la OCU sobre el precio del agua en España, publicado en 2016, donde ponía en relieve la diferencia entre las tarifas de los municipios, llegando a desvelar variaciones que alcanzaban el 325%.

En este sentido, Escobar afirma que “la transparencia en la factura del agua normalmente depende de la voluntad de las entidades encargadas de su gestión”, debido a la ausencia de regulación que obligue a publicar la información sobre cómo se establecen los precios. Este vacío permite a los ayuntamientos emitir facturas poco claras, mezclando la gestión del agua con la de los residuos, o sin especificar el destino de las tasas e impuestos. Según el experto consultado “en muchos casos no se sabe si van directamente a la gestión, o si sirven para pagar las fiestas del pueblo”.

La OCU advierte que la diferencia entre las tarifas de los municipios pude alcanzar variaciones del 325%.

El dato más negativo sobre la opacidad en la facturación del agua es la falta de preocupación por transparentar esta información, debido principalmente a que “la tarifa media del agua en España es baja”. En comparación con otras facturas como son las de telecomunicaciones o la electricidad, una familia española de cuatro miembros paga de media al mes uno 30 euros de agua, este importe total es asumido por el ciudadano sin preocuparse por averiguar de dónde proceden o hacia dónde van los impuestos que paga.

Transparencia y acceso a la información

Sin embargo, la comunidad waterpeople española insiste en lo que consideran una “demanda histórica del sector” para que exista un ente regulador y la publicación de una legislación que otorgue unas directrices sobre el modo de facturar, ayudando a incrementar la transparencia y a hacer públicos los datos sobre el agua en España.

Sobre este aspecto, el socio y representante de Iagua remarca la importancia de la transparencia, siendo uno de los retos “más demandados” en los últimos años. “En torno al concepto del smartwater hay que subrayar que estamos viviendo un momento de revolución tecnológica que nos permite disfrutar de muchísimas herramientas para mejorar el acceso a la información”, afirma Escobar y destaca que con mayor transparencia los debates sobre el agua en España ganarían en calidad informativa, ya que a veces “se habla más basándose en creencias que en datos”.

En 2017, Iagua lanzó la plataforma Iagua-data con el objetivo de recopilar y hacer público los datos sobre la gestión del agua en España, facilitando información de diversa índole, desde las infraestructuras hasta de los servicios del agua. Según explica Escobar, este proyecto facilita conocimiento sobre el sector para los ciudadanos, puesto que “no hay información suficiente que compare diferentes modelos de gestión para poder mejorarla, poniendo al ciudadano en el centro del debate”.

Para aquellos interesados en conocer más sobre el sector del agua y las propuestas sobre smartwater, la comunidad waterpeople invita a todos a participar en el Smart Water Summit que se celebrará el próximo 25 septiembre en la fundación Botín en Madrid.

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