¿Fundaciones políticas o recaudadoras de fondos?
Siete años de análisis ininterrumpido en Transparencia, el mejor eslogan constituyen un periodo de tiempo lo suficientemente razonable como para poder, con las reservas necesarias, identificar una serie de tendencias generales.
La primera conclusión que puede extraerse después de estos siete años es que ha habido una mejoría global en la rendición de cuentas de los partidos políticos a través de sus webs corporativas. El progreso se ha centrado, principalmente, en el área de la información económica (el porcentaje de información en esta área se ha incrementado del 3% al 56%), que es la cuestión, como es natural, que ha suscitando mayor atención de la opinión pública por los múltiples casos de corrupción relacionados con la financiación ilegal de los partidos.
Esta valoración, sin embargo, no se puede extender a las fundaciones y demás entidades vinculadas a los partidos políticos. A diferencia de los partidos políticos, las fundaciones y entidades vinculadas no han mejorado globalmente en sus grados de transparencia. Salvo contadas excepciones, son escasísimas las fundaciones políticas que han progresado en estos años.
Este hecho confirma uno de los rasgos que venimos denunciando, prácticamente, desde el inicio de la serie de informes publicados: “Las fundaciones políticas y entidades vinculadas son simples estructuras jurídicas sin actividad alguna ni mecanismos de control, constituidas con el solo propósito de obtener subvenciones de las administraciones públicas afines y sin ninguna base social”.
El informe de este año tiene especial relevancia pues pone de manifiesto cómo esas organizaciones satélite, que escapan al control exhaustivo del Tribunal de Cuentas, lejos de disminuir han venido aumentando. Como señala el informe “el número de entidades analizadas ha aumentado significativamente: 42 fundaciones, cuatro asociaciones y tres sociedades mercantiles”.
En la mayoría de los casos no se trata de entidades de nueva creación sino de organizaciones que ya existían y sobre las que el Tribunal de Cuentas no tenía conocimiento por no haber sido previamente informado de su existencia por los partidos políticos. Entre los partidos políticos con más entidades vinculadas destaca el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con nueve organizaciones y la Federación de Izquierda Unida con ocho organizaciones.
Esta circunstancia resulta especialmente grave actualmente por cuanto, una vez superada la crisis económica y debido al control más laxo que existe sobre estas organizaciones, existe un grave riesgo de que las entidades vinculadas se utilicen como una vía para financiar ilegalmente a los partidos.
No se trata de un tema desconocido para nuestros representantes políticos. En la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales el 7 de junio del pasado año ya advirtió de este riesgo:
“Uno de los aspectos que genera una mayor preocupación en función de los resultados de fiscalización obtenidos es el relativo a la utilización de las fundaciones y otras entidades vinculadas para la captación de recursos destinados a las formaciones políticas. A este respecto, los requisitos y límites legales de las donaciones a tales fundaciones y entidades son distintos de los que se exigen en el caso de que se recibieran por las formaciones políticas. Asimismo, el tribunal tiene limitada su actividad fiscalizadora sobre las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos a la regularidad de las aportaciones que reciben y a los gastos financiados con subvenciones públicas, lo que restringe el campo de actuación sobre el que se centran las comprobaciones y se efectúan los cruces de información pertinentes. (…) En consecuencia, sería recomendable aplicar a las fundaciones y demás entidades los mismos requisitos y limitaciones exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones”.
Ninguna medida se ha adoptado hasta la fecha para cumplir esa recomendación. El hecho de que 40 de las entidades analizadas, de un total de 49, merezcan la calificación de opacas y solo cuatro hayan obtenido el calificativo de transparentes debería ser un motivo de preocupación.
Siete años es tiempo más que suficiente para que los responsables de los partidos políticos y sus entidades satélites se comprometan seriamente con el impulso de la transparencia y el buen gobierno. Es urgente pasar de la retórica a los resultados y para eso no podemos esperar otros siete años.
