10 claves para que España cumpla con los ODS en materia de transparencia

En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un ambicioso plan de acción internacional para el periodo 2015-2030 que pretende abordar los grandes retos globales. Una agenda internacional que también incluye el objetivo de sociedades más justas e inclusivas con instituciones transparentes que rindan cuentas a los ciudadanos.
CE7 septiembre 2018
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Transparencia Internacional España ha presentado un informe sobre la Corrupción en España en relación con los ODS de la ONU. El informe recoge un diagnóstico integral relativo a la situación en España y al cumplimiento por el Gobierno de los Objetivos de la ONU (ODS) en materia de corrupción.

En concreto, se analiza la situación respecto al Objetivo 16 de Promoción de una sociedad justa, pacífica e inclusiva, que contiene metas relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción. En particular, se revisa la situación sobre los Flujos financieros ilícitos (16.4), Soborno y corrupción en todas sus formas (16.5), Instituciones transparentes y responsables que rindan cuentas (16.6), y Libertades públicas y derecho de acceso a la información (16.10).

Cabe recordar que la corrupción en España es actualmente el segundo problema nacional según la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de julio de 2018, solo por detrás del desempleo.

Además, España es el país de Europa en que más ha empeorado la percepción de corrupción desde el año 2000 según el Índice de percepción de la corrupción 2017 de Transparencia Internacional (TI). España ocupa la posición 42 de 180 países según el mismo índice, la peor posición en toda la serie histórica. Asimismo, el 80% de españoles piensan que el Gobierno actúa mal o muy mal en la lucha contra la corrupción según el Barómetro Global de Corrupción de TI.

En el informe se analizan las numerosas leyes y medidas tendentes a mejorar el marco de integridad pública y prevenir o castigar la corrupción que se han aprobado en España en los últimos años, subrayando que dicho marco legal por sí mismo no resulta suficiente.

Muchas de las deficiencias que se descubren en el informe se intentan cubrir mediante la Proposición de Ley integral de lucha contra la corrupción y protección del denunciante, que TI considera un buen punto de partida para iniciar el debate sobre las reformas legales que se deberían llevar a cabo en España.

Este informe recoge finalmente un conjunto de 30 recomendaciones para combatir y mejorar la situación en España en cuanto a corrupción, entre las que destacan:

1. Ampliar el debate en torno al proyecto de Ley Ómnibus contra la corrupción, denominado Ley Integral contra la corrupción y protección del denunciante, actualmente en trámite parlamentario, incorporando las propuestas de mejora y recomendaciones realizadas desde la sociedad civil y expertos en la materia.

2. Garantizar que la autoridad independiente de integridad pública prevista en la Ley cuente con los medios necesarios para el control y supervisión de todo el ciclo de vida de los altos cargos (idoneidad de perfil profesional, recepción de declaraciones de bienes, intereses y compatibilidades y revisión anual de las mismas, control de puertas giratorias, detección de infracciones y aplicación de sanciones).

3. Promover que todos los poderes del Estado cuenten con mecanismos efectivos de integridad y redición de cuentas, aprobando, conforme al último informe Greco sobre España, los Códigos de ética y buen gobierno actualmente en curso de aprobación en el Congreso, Senado y Poder Judicial.

4. Mejorar la efectividad del control del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de partidos, incrementando los datos que recibe e incorporando la obligación de que los partidos hagan publicas sus auditorias anuales externas.

5. Aprobar una Ley de regulación del Lobby homogénea en todos los niveles del Estado que establezca un registro obligatorio que afecte al poder ejecutivo y legislativo y a los altos funcionarios, que incluyan datos y objetivos de las reuniones y la prescripción de publicar las agendas de reuniones.

6. Mejorar las competencias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, otorgando la máxima autoridad a sus resoluciones tornándolas vinculantes.

7. Revisión de las penas de los delitos asociados a la corrupción, en especial cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Aumento de los plazos temporales para la prescripción de dichos delitos.

8. Supervisión pública de un adecuado nivel de transparencia en las empresas públicas de todos los niveles del Estado mediante convenios entre el Consejo de Transparencia nacional y los consejos autonómicos.

9. El Gobierno debe dar información transparente y detallada de los casos de criminalidad organizada, explicando de forma minuciosa los incidentes ocurridos y las medidas necesarias para hacer frente a estos casos.

10. Con el fin de mejorar su posición global en relación con su grado de transparencia fiscal, España debería explicar mejor y divulgar oportunamente su ejecución presupuestaria creando un Comité Legislativo que examine y publique la revisión semestral, la revisión interanual, el informe de fin de año y un presupuesto para el ciudadano, todo ello en formato de datos abiertos.

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