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España, ejemplo de autorregulación de las relaciones entre farmacéuticas y sanitarios

El reciente caso de falta de transparencia en el ámbito sanitario destapado por ‘The New York Times’, que ha afectado al médico español Josep Baselga, ha puesto en tela de juicio el interés que podría existir entre los sanitarios que reciben apoyo económico de las farmacéuticas. Una situación que en España lleva tiempo controlada gracias a los distintos códigos éticos y a los sistemas de autocontrol de las partes implicadas.
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La publicación estadounidense The New York Times plasmaba en sus páginas hace unas semanas una noticia relacionada con uno de los oncólogos españoles más afamados. El medio denunciaba que el doctor Josep Baselga, importante especialista en cáncer de mama y, entonces, director médico del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, no había informado sobre sus vínculos con empresas farmacéuticas en, aproximadamente, un centenar de artículos científicos de los que había sido coautor entre 2013 y 2017.

Relaciones que han supuesto millones de dólares en pagos que han puesto en tela de juicio la independencia e imparcialidad de su trabajo en todas esas investigaciones. Más allá de la intencionalidad de sus actos, no seguir las normas de información financiera establecidas por la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer le ha costado a Baselga su puesto en el hospital neoyorquino. También buena parte de su reputación y su credibilidad, además de los recelos que ha generado en la industria y en el sector salud.

Difíciles situaciones como esta se están controlando de forma óptima en la Unión Europea y especialmente en España. No solo gracias a la regulación estatal, a la que todavía faltan flecos por pulir en cuestión de transparencia. También al compromiso de los agentes implicados: la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios trabajan desde hace tiempo en conjunto con herramientas de autocontrol para garantizar esa transparencia.

De hecho, la patronal Farmaindustria tiene un sistema propio de autorregulación en el que ha implicado a buena parte de las sociedades científicas y organismos colegiales relacionados con la salud en España. “Ambas partes trabajamos en el mismo sector; lo que nos guía a todos, al menos sobre el papel, es conseguir el objetivo de aportar valor en salud”, comenta el presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), Fernando Carballo.

Precisamente para lograr ese objetivo, el pasado mayo Facme y Farmaindustria firmaban un acuerdo para asentar las bases para la colaboración en formación continuada y transparencia. La unión persigue, entre otros aspectos, garantizar la independencia del médico durante y pasados los periodos en los que colabore con empresas farmacéuticas. Pero también reforzar los códigos éticos y de buenas prácticas que rigen tanto en Farmaindustria como en las sociedades científicas.

En el caso de la patronal, lleva desde 1991 asumiendo como propio el llamado Código Europeo de Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos, aprobado por la Federación Europea de las Asociaciones e Industria Farmacéutica (Efpia). Un documento que se ha ido actualizando hasta 2016, adaptándose a las necesidades y exigencias del sector.

“Es algo necesario para que no salten las alarmas, una fórmula con la que se evita que los médicos realicen prescripciones ilícitas, inducidas por su colaboración con una empresa concreta”, observa José Luis Baquero, vicepresidente del Foro Español de Pacientes.

España se ha convertido en el primer país con modelo de autorregulación que publica el 100% de los datos de formación y prestación de servicios de forma individualizada.

Gracias a esa dinámica adquirida, España se ha convertido en el primer país con modelo de autorregulación que publica el 100% de los datos de formación y prestación de servicios de forma individualizada. Según los datos de Farmaindustria, el pasado año las compañías del sector asentadas en el país invirtieron unos 251 millones de euros en contratos con organizaciones y profesionales sanitarios para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito biomédico.

Por otra parte, cedieron 115 millones de euros para que un buen número de profesionales sanitarios pudieran acudir a reuniones y congresos científicos, potenciales centros de actualización y de adquisición de conocimiento. Unos encuentros que también financiaron en parte, con 90,5 millones de euros tramitados con las organizaciones sanitarias organizadoras.

Las compañías adheridas al Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria están obligadas a publicar y diferenciar en sus sitios web cuatro apartados: las donaciones realizadas a organizaciones sanitarias; las aportaciones para actividades formativas y reuniones científico-profesionales; las retribuciones por servicios profesionales y los contratos en materia de I+D.

Áreas de colaboración

Según las fuentes consultadas, las partidas para facilitar el acceso a la formación continuada son la vía más frecuente de unión entre industria y profesionales sanitarios. “Significa un win win entre ambas partes”, comenta José Manuel Martínez Sesmero, director de Innovación e Investigación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). “Es una fórmula que tiene detractores y defensores, pero la realidad es que es necesaria para poder seguir prestando al paciente un servicio de calidad”, añade.

“Cubre muchas lagunas que tienen los profesionales en cuanto a formación, el presupuesto existente para acudir a congresos es ínfimo a nivel público, y es allí donde se reciclan y actualizan”, ratifica Baquero. Y es que los precios de inscripción a uno de estos congresos suele superar los 700 euros, a veces llegar a los 1.000, si son internacionales. Un gasto elevado al que hay que sumar desplazamiento, alojamiento y otras dietas, en según qué casos. Según datos de Farmaindustria, el 78% de las reuniones en las que la industria colaboró en 2017 fueron nacionales, mientras que el restante 22% fueron reuniones internacionales.

Por otra parte, desde las empresas farmacéuticas se organizan y patrocinan a menudo cursos y talleres para que los sanitarios conozcan de primera mano el funcionamiento de un nuevo producto y explicar detalladamente los resultados de los ensayos realizados con él.

“No se trata de marketing, sino de información científica pura y dura para conocer cuál es su función”, afirma Carballo. Desde su punto de vista, esta es una vía rápida que los profesionales deben complementar con la lectura de revistas científicas, fuentes primarias y secundarias de conocimiento.

Este asegura que, para evitar el temido conflicto de interés, muchas de las subvenciones recibidas desde el sector privado para la asistencia a cursos y congresos se canalizan entre compañías y sociedades científicas. El objetivo es conseguir que la industria siga invirtiendo en esa formación sin que el profesional subvencionado sepa qué empresa le está ayudando. Y, por supuesto, que la farmacéutica en cuestión no conozca la identidad del sanitario. “El profesional no recibe dinero de forma directa, sino que se transfiere a nuestras organizaciones para facilitar su acceso a congresos, reuniones y talleres”, aclara Carballo.

La meta es conseguir que la industria siga invirtiendo en formación sin que el profesional subvencionado sepa qué empresa le está ayudando, para evitar el temido conflicto de interés.

Aunque, a veces, también se tramitan a título individual, cuando se busca a un profesional concreto como asesor puntual, o a la hora de encargar informes y estudios a grupos de trabajo concretos. “Son ayudas que también repercuten en el patrocinio de guías clínicas, en el apoyo a la investigación o algún tipo de patrocinio cultural de iniciativas enfermeras”, añaden fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España (CGE).

“Muchos estudios de investigación están promovidos por empresas privadas, a veces son sesgados y otras no. Pueden encargarse a foros independientes, que manejan datos de vida real, investigaciones que nacen de la inquietud de profesionales concretos y en los que se mantiene la independencia y se evita el conflicto de interés”, apunta Martínez Sesmero.

No obstante, desde el CGE aclaran que en estas acciones de apoyo también están involucradas las compañías de tecnología y productos sanitarios, “que colaboran con la formación y actualización de conocimientos mediante el patrocinio, por ejemplo, de congresos y reuniones científicas de esta índole”. Aunque, desde su punto de vista, “no es posible la comparación en volumen de acciones” de ayuda que el sector privado aporta a médicos, por un lado, y a enfermeros, por otro. Farmaindustria ratifica que la inmensa mayoría de las acciones que realiza son con médicos.

Por supuesto, existe otra vía de relación patente entre ambas partes: los procesos de investigación, desarrollo e innovación de fármacos a través de ensayos clínicos. Un aspecto diferente, mucho menos altruista ya que es necesario para que las agencias regulatorias del medicamento den su visto bueno a un fármaco innovador. “Es una relación que la industria tiene con grupos de élite o científicamente relevantes, y que está estrictamente legislado”, puntualiza el presidente de Facme.

Concienciación

Desde el punto de vista de Carballo, para evitar casos como el del Dr. Baselga es necesario que los profesionales implicados tengan en cuenta dos aspectos cuando colaboran con empresas del sector privado. “Primero, hacer una declaración de conflicto de interés en todo aquel medio científico en el que se ejerza actividad. Hay que dejar claro que se han recibido ayudas, de quién se han recibido y cuánto. De esta manera daremos la oportunidad a los sanitarios que lo estudien a ejercer su capacidad crítica sobre los resultados publicados”.

En segundo lugar, es necesario plasmar sobre el papel una rendición de cuentas, “algo que está más vinculado a las sociedades y organizaciones que a los profesionales a título individual. Es importante dejar constancia de las cantidades recibidas y de mostrar en qué se han utilizado”, asegura el portavoz de la Federación.

El principal problema que observa Carballo es que el reglamento oficial que debería moderar la relación entre sanitarios y farmacéuticas, incluido en la Ley de Declaración de Transparencia, todavía no está desarrollado. “Mejoraría la credibilidad, teniendo en cuenta el mundo en el que nos movemos, en el que existe mucha incertidumbre en cuanto a la información que recibimos, tanto desde el punto de vista fiscal como mediático”, lamenta.

“Cada vez más estamos intentado potenciar un ejercicio compartido, una transparencia bilateral total, pero a veces eso no es posible desde la industria farmacéutica por determinados motivos”. Fernando Carballo

Y concreta: “Cada vez más estamos intentado potenciar un ejercicio compartido, una transparencia bilateral total, pero a veces eso no es posible desde la industria farmacéutica por determinados motivos”. Por ejemplo, para evitar descubrir los secretos de una patente, o dar detalles de las negociaciones de los precios de referencia que se acuerdan con las instituciones. “Aspectos que generan miedo entre las empresas por el impacto que podría tener para sus estructuras el conocimiento total de esta información”.

“Tiene que existir plena transparencia de lo que supone la coalición para cada una de las partes”, comenta el portavoz de la SEFH. Y, desde su punto de vista, esto puede conseguirse también con otras vías de apoyo. “Por ejemplo, fomentando la investigación a nivel micro, en el ámbito hospitalario, promoviendo un trabajo que va a ser independiente”.

En este sentido, y según datos de Farmaindustria, el 47,2% de la inversión total realizada en estas colaboraciones se destina a contratos de investigación extramuros, fundamentalmente con el ámbito público. Es decir: centros de investigación, hospitales, universidades…

Beneficios para el paciente

Todas las fuentes consultadas están de acuerdo en afirmar en que los apoyos recibidos por las empresas privadas son una importante ayuda para la formación del profesional, algo que redunda de forma directa en su atención al paciente. “Inducir a la prescripción es un problema que se está solventando con la regulación y las herramientas de autocontrol. Pero sería mucho peor si la relación no existiese, nos perderíamos muchas innovaciones que son necesarias. En la balanza, pesa más este lado, lo que no quiere decir que no hagan falta medidas de control; son muy necesarias”, afirma el vicepresidente del Foro de Pacientes.

Desde esta organización reclaman una mayor implicación de las empresas privadas vinculadas a la sanidad con las asociaciones de pacientes, en las que también trabajan un buen número de profesionales sanitarios. “Muchas veces se cuenta con nosotros para validar documentos que ya se han escrito enteramente, con el objetivo de difundirlo entre los pacientes y darles cierto aval. Sin embargo, estas organizaciones cuentan con sanitarios con suficiente cualificación como para participar desde la génesis del proyecto”, opina Baquero.

Y añade: “Es verdad que cada vez se cuenta más con nosotros, pero solo de forma cosmética. Estamos cansados de que sean otros los que nos digan qué objetivos debemos tener y cuáles son sus soluciones. Nadie nos pregunta. Por eso queremos estar presentes desde los inicios, por ejemplo en la realización de guías, estudios y otros documentos, para señalar los objetivos reales y propios del paciente”.

Por otra parte, desde el Foro también solicitan un mayor apoyo económico. “Se podrían destinar más recursos a reforzar las actividades que realizamos, muy útiles para los afectados y que son complementarias a los tratamientos que imponen los profesionales”.

Son ejemplos los soportes psicológicos o de fisioterapia que no siempre están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, y que las asociaciones procuran, en la medida de lo posible, a bajo precio. “Si la industria farmacéutica es un aliado en aspectos de salud a nivel global, y es sincera cuando dice que el paciente está en el centro de su foco, debería aportar mayores ayudas en este campo”, comenta Baquero.

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